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YO NO SOY RAIZAL, SOY ANGLO-COLOMBIANO, ISLEÑO NATIVO

Soy ‘isleño nativo’, ‘anglo-isleño’ o ‘anglo-colombiano’, miembro de una comunidad anglosajona asentada en un país latino que es legado de un pasado colonial británico de más de 400 años. Distinguida aún por tener el inglés como lengua materna. Tenemos derecho a auto-definirnos con una categorización autoexplicativa que nos identifique y ‘raizal’ no ha sido la más apropiada.

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VERSIÓN LARGA:
Soy ‘isleño nativo’ o ‘anglo-isleño’ o ‘anglo-colombiano’. ¿Qué hay en un nombre inventado como raizal? Se supone que nos identifica y nos distingue, pero el término genera confusión, divisiones y no nos identifica. Nos clasifica, como parte de un encajonamiento burocrático, pero no es algo que se apega a nuestra tradición histórica. Comenzando porque es una palabra en español en tiempos en que queremos reforzar una identidad anglosajona.

Ha servido más para separar a los isleños y para generar confusión y una clasificación arbitraria que para nada sirve aparte de, en algunos casos, crear discriminación y erigir barreras a lo largo de líneas étnicas que hacen que algunos se sientan con menos derechos. Es como si fuéramos ‘los raizales’ y ‘los otros’.

También diluye el sentido de pertenencia que tanto se necesita en estos momentos. La ‘cuestión raizal’ se volvió tan fuerte en los últimos 8 años que pareciera que lo relativo a los ‘no raizal’ no tuviera validez. El resultado de esto es que se perdió un elemento importante en muchos isleños de lealtad hacia las islas. Que el sentido de pertenencia que lleva a proteger y amar a las islas se haya diluido, que pudo haber contribuido al serio deterioro de la cohesión social que está afectando tanto a San Andrés y que vemos a diario con muertes, vandalismo, peleas, intolerancia, entre otros.

El Gobierno Nacional habla de comunidades negras, palenqueras y raizales, así que ya es algo institucional. Pero no es real. Es inventado. Muchos nos sentimos incómodos que nos llamen raizales y aún más que nos incluyen en una lista burocrática donde casi todos los recursos en todo caso se van para las otras comunidades negras; como si en las islas tampoco fuéramos comunidades negras. Más que ‘raizales’ en todo caso, somos una comunidad negra. Es como si usaran nuestros nombres para acaparar fondos para otras regiones, como acaba de ocurrir en las supuestas ‘negociaciones’ del plan de desarrollo para comunidades étnicas.

Crecimos siendo isleños, isleños nativos, isleños libaneses, isleños países, isleños costeños, etc etc.. El término ‘paña’ (históricamente no era despectivo y viene de ‘España’ que seguro no pronunciaban bien nuestros antepasados, algo aún común porque muchos isleños aún no hablan, entienden o leen español, pero sí perfectamente el inglés estándar) para referirse a los que hablaban el español y no nuestro idioma creole, patuá o Caribbean English, como se le quiera llamar.

El término raizal vienen de una necesidad burocrática oficial y de grupos de reivindicación étnica local como el SOS y AMEN-SD de clasificarnos y darnos una etiqueta y de facilitarles a ellos el trabajo. 

Pero, ¿porqué una reivindicación étnica anglo-caribeña recurre al uso de un nombre que se deriva del español para tratar de identificar a un grupo cuya base radica en el Caribe anglosajón? Los koguis son koguis. Nosotros somos ‘native islanders’ o ‘anglo Caribbean’ (Anglo por nuestra lengua materna) y no raizales. Nos clasifican como tal pero no es algo con lo cual nos sentimos identificados.

Raizal es una expresión acuñada en los últimos 20 o 30 años que nos otorga una categorización que irónicamente neutraliza y esconde nuestra herencia anglo-caribeña y que ayuda a acentuar la asimilación cultural hacia un país latino, pero no se busca asimilación sino sobrevivencia dentro de un país distinto como tantos otros grupos étnicos. Hacemos parte de un país latino pero somos distintos y así debemos seguir siendo.

Raizal por lo tanto refleja una categorización con fines de exclusión de valores históricos y culturales tradicionales asociados al Caribe anglosajón al que siempre hemos pertenecido, forjada a través de años alrededor del Caribe jamaiquino y de habla anglosajona con tintes africanos.

Pero también denota una división y cierta separación. La categorización raizal (y es imposible saber a ciencia cierta ni la ley define quiénes lo somos) obliga a pensar en cómo categorizar a los otros isleños. Habemos de todos y no debe haber una situación donde se clasifica a la gente a través de la tarjeta de la OCCRE. 

Existe la aceptación de que ser ‘raizal’ denota una relación de consanguinidad con los primeros pobladores (los que comenzaron a repoblar las islas hace unos 200 años). Pero ¿hasta qué nivel de consanguinidad? ¿Acaso no podría ser más raizal alguien de origen libanés nacido en la isla que habla creole a la perfección que alguien nacido en Chicago que no habla creole o español? ¿Para qué el debate de quién es o no ‘raizal’ si lo importante es más el compromiso con y el amor por las islas?

Tener la palabra ‘raizal’ plasmada en mi tarjeta me incomoda enormemente porque refleja una categorización de ciudadano de segunda a aquel o aquella que no lo tiene, a quien se le llama ‘residente’. Alguien nacido en las islas es isleño. No es residente. Va y viene cuando le plazca y nadie le puede quitar el derecho de vivir allí de por vida. Ser ‘residente’ denota la posibilidad de caer en la categoría de ‘no residente’ y quita el sentido de pertenencia natural y permanente que un nacimiento en las islas otorga. Además no tiene efecto práctico o legal porque todos somos iguales ante la ley.

Los gringos, para evitar discriminar o favorecer a grupos étnicos, son expertos en clasificación de su gente en categorías y definiciones con la intención de inclusión, reconocimiento étnico y respeto a derechos humanos que facilita el diseño de políticas públicas y la no discriminación: ‘American Indian’, ‘Alaska Native’, ‘Asian’, ‘African American’, ‘Native Hawaiian’ ‘Other Pacific Islander’, ‘Hispanic or Latino’, entre muchos otros. 

Tiene varias funciones y uno de ellos es que provee un manejo común y uniforme en el trato oficial y la comparabilidad y diferenciación ayuda a la hora de diseñar políticas públicas porque ciertos sectores son más vulnerables que otros. Tomadores de decisión en las islas deben tomar nota. Claro que también puede llevar a casos de discriminación pero hay estrictas normas contra ello.

Al final de cuentas debemos preguntarnos para qué ha servido la clasificación de ser o no raizal y no a isleños de otras categorías étnicas o raciales. 

Los isleños nativos, anglo-caribeños, y ahora anglo-colombianos, tenemos un camino largo de recuperar en términos de espacios culturales y lingüísticos. El término raizal no ayuda en este objetivo, crea confusión y, a juzgar por el fracaso de lograr captar recursos a través del presupuesto nacional, tampoco sirve para generar mayor desarrollo. 

Nos han metido en una canasta que ha servido más a otros grupos etnicos. Ser llamados ‘native islanders’ hubiera denotado mejor nuestra diferenciación y con ello tendríamos más peso, un peso que otorga el hecho de ser distintos. ‘Raizal’ no subraya ni destaca esa distinción y más bien la esconde y la neutraliza.

El objetivo nuestro de recuperación de nuestros espacios es respaldado por los otros isleños y por el gobierno pero en aspirar a ello no podemos perder de vista a las otras comunidades por cuestión de derecho humanos y respeto mutuo. 


Además lo nuestro tiene una cuestión estratégica que beneficia a todos los isleños y porque son nuestros aliados naturales, a veces más que el mismo Gobierno Nacional. 
Por ser de las islas preferirían hablar inglés como nosotros porque esto les provee a ellos y a sus hijos una enorme ventaja, y es algo que beneficia a la economía turística porque al reforzarse la identidad Caribe anglosajona de las islas se favorece al turismo, el motor de la economía local.

UN SOS URGENTE POR FORT WARWICK

EN PELIGRO FUERTE INGLÉS DEL SIGLO XVII DONDE EN 1822 SE IZÓ POR PRIMERA VEZ LA BANDERA DE COLOMBIA EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS
por Harold Bush Howard

Fue llamado Fort Warwick por los ingleses en honor al Conde de Warwick quien lideró una de las primeras empresas colonizadores británicas en el Caribe y en las Américas, allí mismo en nuestra isla de Santa Catalina al lado de Providencia, unidas por un puente que se ha caído. 

Fort Warwick es de extrema importancia en la historia colonial británica, francesa, holandesa y española por la posición estratégica de la isla y por el papel importantísimo que jugó esta estructura militar de enorme importancia arquitectónica y patrimonial en la dinámica comercial y corsaria de dichas colonias europeas que se repartían el Caribe para atacar y saquear a las goletas españolas que transitaban hacia La Habana repletas de oro y plata, por la extracción de los recursos naturales como madera o para el aprovechamiento de las oportunidades comerciales. En el caso británico sirvió de punta de lanza para colonizar toda la Costa de la Mosquitia.

Ahora en ruinas, se transformó mediante un acelerado trabajo de restauración y ampliación en el Fuerte de la Libertad por los extranjeros que tomaron la isla en 1818 y que se unieron a la campaña libertadora asegurando a todo el Archipiélago para Colombia en 1822, como Agustín Codazzi y Luís Perú de Lacroix. 

A pesar de su importante historia y aporte a la liberación de Colombia, el país la deja abandonada por años y eso la protegió pero ahora aprueba un proyecto que la puede destruir aún más o hacerla desaparecer por debajo de estructuras de plástica que la Alcaldía local desea instalar para atraer más turistas, más de las que las islas pueden sostener pero además los que van desean ver naturaleza y playas y no una estructura de plástico digna de Disneyworld.

Se pondrá el Fuerte para beneficio de los turistas y el dudoso plan no garantiza su conservación ni el respeto al hermoso paisaje natural circundante de bosque tropical intocable por siglos. Además involucra un gasto monumental que no convence a muchos y que bien podría ser gastado en asuntos más urgentes.

El Gobierno Nacional ha sido muy generosa con San Andrés, Providencia y Santa Catalina despues de la cesión por la Corte Internacional de Justicia de aguas que se consideran suyas por el fallo del 2012 (aunque el país nunca aseguró dominio legal, sí ejercía soberanía y su comunidad angloparlantes o raizal consideraba esos espacios marítimos como propios pero a Colombia se le olvidó mencionar esto a los jueces). 

Pero esa generosidad no debería ser usaba para dañar el patrimonio histórico y arquitectónico de las islas, construir elefantes blancos (como un spa y un muelle para cruceros que no se usan) o terminar de nuevo sin aportar mayor desarrollo para los isleños pero servir de catalizador de otra crisis como la actual donde los problemas más agudos no se han solucionado, se desviaron muchos fondos y hay tres exgobernadores en prisión por corrupción.

A pesar de ello, y porque aún hay serios problemas por atender, la generosidad no para incluso con los apretones de cinturones a nivel nacional. Duque prometió una inversión récord de 3.2 billones de pesos, un billón más que el gobierno anterior, pero sin llamados a un mayor control en la contratación, a pesar de insistir en otros lados en la firma pactos de ética y transparencia para acompañar cada inversión para garantizar cumplimientos.

Un costoso elefante blanco que destruye todo a su paso

Lo menos llamativo, urgente pero preocupante de los proyectos que vendrán de esos 3.2 billones, por lo costoso que es y porque es de lo menos necesario, es este parque cultural que cambiará el paisaje natural circundante y el histórico Fort Warwick por unas estructuras de plástico que piensan instalar alrededor del mismo que cambiará radicalmente la vista del área afectará las ruinas que datan del siglo XVII.

La Dirección de Patrimonio Nacional del Ministerio de Cultura ha concedido permiso para una ‘intervención’ del Fuerte histórico. Para llegar a ella se usa un puente que se ha caído y por meses ponía en peligro la vida de locales y turistas pero solo fue asegurado hace poco para la visita del Presidente Duque. Hace dos años se gastaron 240 millones para repararlo, un trabajo obviamente no bien hecho.

La ‘intervención’ del Fuerte tiene molestos a los habitantes de la pequeña isla de Santa Catalina y de Providencia y a personas de afuera que velan por el respeto al patrimonio histórico de las islas. 

El Gobierno Nacional invertirá otros 9.282 millones en el proyecto que involucra poner una plataforma de plástico alrededor y encima del mismo, algo inexplicable porque es poseedora de la figura de protección patrimonial más alta de Colombia.

El fuerte se ha mantenido protegido por siglos por su anonimato y unos arbustos y sola la visitaban turistas conocedores de su valor histórico. Ahora corre el peligro de ser parte de un show digno de Disneyland. Estaba intacta hasta hace poco cuando los estudios que se comisionaron para su posible restauración o intervención, que costaron la increíble cantidad de 2600 millones de pesos, y elaborados por una abogado y no un experto en arqueología o historia, arrojaron información precisa sobre dónde estaban escondidos tesoros históricos, incluido la tumba del corsario francés Luís Aury.

Su cuerpo y sus dos valiosas espadas fueron robados y hasta la fecha la Fiscalía o e ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia, quien por ley vela por su conservación junto a Patrimonio Nacional) no han avanzado en la investigación. El Gobierno Francés quería llevarse los restos del corsario para asegurarlos en un museo pero no se les permitió. Fueron robados y nada se ha hecho. El contrato del estudio está siendo investigado por ‘daño patrimonial’ a la nación por la Contraloría General de la Nación.

Resulta increíble que se haya detenido la investigación por el daño causado y la profanacion de la tumba de un personaje clave en la independencia de las islas y de Colombia, por cuanto Aury asedió a los españoles desde su base en dicho fuerte y ayudó a Bolívar en la campaña emancipadora. Es el héroe naval en el Caribe occidental, mientras José Prudencio Padilla lo fue en el Caribe oriental.

Este Bien de Interés Cultural de la Nación es uno de tres que hay en el archipiélago. Fuentes confidenciales y testigos del saqueo, respaldado por un vídeo tomado desde un drone, señalan a personas conectadas a personajes poderosas de la isla como los autores del crimen.

El Estudio de arqueología, que reposa en la Alcaldía de Providencia, al cual pocos tienen acceso, seguramente fue usado por los ladrones para identificar el sitio exacto de la tumba. La posición exacta también es señalada en un plano del fuerte hecho por Luís Perú de Lacroix, lugarteniente y edecán de Simón Bolívar después de la incorporación de las islas a Colombia en 1822, que reposa en el Archivo Nacional en Bogotá.

Luís Perú de Lacroix es autor del famoso Diario de Bucaramanga que relata su trabajo con Bolívar entre el 1 de abril hasta el 26 de junio de 1828. Se considera un documento de inmenso valor histórico por cuanto describe con lujo de detalles aspectos de la vida personal y el pensamiento político del libertador.

Planes secretos y cambiantes. 
Un valor patrimonial que se descuida

La Alcaldía de Providencia no ha querido publicar los planes detallados sobre lo que se desea hacer aunque ha abierto licitación para la obra. Pero los planos se pueden consultar en Patrimonio Nacional en Bogotá. Testigos oculares indican que se tumbarán varias casas de patrimonio de arquitectura vernácula para montar un museo (no se sabe qué objetos contendrá porque todo fue saqueado), una cafetería y casetas de cobro para la entrada al complejo que piensan hacer. 

Todo hace parte de un complejo que incluye senderos ecológicos (en todo caso ya existentes y construidos y mantenidos por la corporación ambiental del archipiélago, CORALINA) hasta la cabeza de Morgan donde se instalarán dos plataformas de observación para goce de los turistas. El entorno natural del sitio y del trayecto, que tanto aprecian los turistas, se cambiará radicalmente por unas estructuras de concreto o plástico (no piensan usar madera, el material de las arquitectura tradicional caribeña de las islas). El Gobierno Nacional no para de construir en Providencia y Santa Catalina, algo que va contra el turismo ecológico y sostenible que el mismo gobierno desea implementar en las dos islas.

El proyecto fue presentado sin detalles precisos en una reunión entre el alcalde y la comunidad de Santa Catalina el pasado 9 de enero, pocos de los cuales asistieron porque consideran que la prioridad de la isla es la restauración del puente.

El proyecto inicial de la alcaldía era la ‘reconstrucción integral y operación de un proyecto turístico-cultural del Fuerte de la Libertad, el actual incluye un muelle de aparcamiento y senderos peatonales hasta la Cabeza de Morgan’. 

Se han hecho modificaciones y la licitación pública ya abierta señala la intención de la  ‘construcción del parque cultural de Fort Warwick’. En conversación con el actual Alcalde de Providencia se descartó la idea de construir un muelle flotante con un museo que en todo caso no tenía ningún valor arquitectónico y hubiera habido necesidad de cortar un área de manglar, algo no permitido por cuanto es protegido por normas nacionales e internacionales. 

Y Patrimonio Nacional ha objetado que se instale una estructura de observación encima del Fuerte, por el daño que hubiera causado, y una urna de cristal para cubrirla, pero la propuesta alterna de una estructura alrededor implicaría tener que poner pilones alrededor del mismo para soportar la estructura y eso cambiaría totalmente el paisaje y el entorno.

¿Cual Fuerte?

El parque cultural que se piensa hacer es un insulto al valor patrimonial e histórico del sitio y de las personas allí enteradas en el área por lo que es considerado camposanto por muchos. Su riqueza reside en los diversos estratos históricos que esconde. En su patrimonio y arquitectura militar y en su incidencia en la historia del Caribe y de Colombia (Luís Aury aseguró a las islas para Colombia desde allí mismo).

Su riqueza histórica y patrimonial debería ser razón suficiente para no permitir que se convierta en un centro de atracción mundano que la puede dañar, máxime si no se han presentado planes de manejo del mismo y se teme que si no ha podido la Alcaldía de Providencia mantener el puente que es de vital importancia, es poco probable que mantendría bien cualquier estructura o esquema para el Fuerte.

A juzgar por el estudio inicial de los 2600 millones, la Alcaldía al principio quería haber una reconstrucción del Fuerte, pero Patrimonio Nacional aprobó sólo la restauración respetando el estado actual, pero poniendo encima y alrededor estructuras de observación que la esconderá parcial o totalmente.

Es difícil y absurdo haber una reconstrucción porque el Fuerte ha tenido varías modificaciones a través de los años desde su construcción inicial a mitad del siglo XVII por los ingleses, pasando por su uso tras su captura en 1666 por piratas y su uso por el pirata Morgan quien la usó como base para saquear y quemar a Panamá en 1671, hasta la toma francesa de la misma y su reconstrucción por el italiano Agustín Codazzi. 

Fue llamado ‘Fort Warwick’ por los ingleses pero ‘Fuerte de la Libertad’ cuando las islas entraron a formar parte de Colombia en 1822 y fue precisamente allí donde se izó por primera vez la bandera colombiana. 

El valor patrimonial e histórico del Fuerte parece ser desconocido por Patrimonio Nacional mismo que le otorgó permiso sin antes haber hecho una inspección del mismo o hablado con los habitantes de la isla (mediante Resolución 1219 del 23 de mayo de 2016) a la Alcaldía de Providence para ‘intervenirlo para la restauración de las ruinas’, lo cual  señalaba una ‘reconstrucción integral’ del mismo que se limitó a señalar su limpieza, algo que puede causar más daño si al mismo tiempo no se hace algo para consolidar las pocas estructuras que quedan y que por más de 200 años han protegido los arboles que planean tumbar.

El Fuerte en efecto está en ruinas y no es claro como será restaurado porque allí yacen más de 400 años de historia y la estructura militar ha teñido varías transformación a través de la historia (su última apariencia en la foto).

Además de lo anterior, un serio problema es que una reconstrucción del Fuerte presente el dilema de qué esquema militar reconstruir, algo que no queda claro en el permiso de Patrimonio Nacional ni en los planes del estudio elaborado no por expertos. 

El fuerte no solo ha tenido varias vidas sino que ha sufrido varios cambios y está irreconocible en comparación a cómo lo restauró Agustín Codazzi. No es práctica común ‘crear’ un nuevo fuerte y es mejor dejarlo tal cual por los vestigios históricos de siglos, los cuerpos enterados allí y su valor simbólico como parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la isla de Santa Catalina y de Providencia que ocupan una posición importantísima en la historia colonial británica por cuanto allí en ellas se estableció una de las primeras colonias británicas en tierras americanas.

Las objeciones

Personas locales han expresado preocupación de que el proyecto no sólo afectaría el Fuerte sino también el hermoso paisaje circundante de bosque tropical húmedo que protege la estructura del Fuerte y puede cambiar totalmente la fisonomía del área con un cambio radical del entorno muy natural para establecer estructura artificiales. Desde la distancia se verán esas estructuras y no el hermoso paisaje verde que ahora se puede apreciar.

Una plataforma de observación de plástico alrededor del mismo y luces para ser observado en la noche, acompañado de establecimientos de diversión, cambiarían totalmente el paisaje y el apacible entorno del lugar.

Hay preocupación también por la falta de información sobre lo que se piensa hacer y la falta de consulta previa con la comunidad que el Ministerio del Interior insiste no es necesario a pesar de que el proyecto afectaría un sitio considerado de inmenso valor patrimonial por los isleños y sagrado por ser de reposo final de muchos de los guerreros (menos Luís Aury cuyos restos fueron robados) cuyos descendientes ahora forman las familias de Santa Catalina y Providencia. 

Si bien el Ministerio del Interior dice que no se necesita consulta previa la comunidad debería ser la que decide y aún no ha podido saber los detalles del proyecto para poder opinar sobre ella. En las 2 reuniones que se han hecho no se han entregado planos detallados. Entretanto, la Alcaldía avanza con el proceso licitatorio pero ya un maestro de obra visita regularmente el área indicando qué casas históricas se tumbarán y donde se pondrán las nuevas estructuras.

Se considera en Santa Catalina que como proyecto no fue concertado y se hizo a oscuras de la comunidad, es menos un asunto cultural o de protección al patrimonio y más una plataforma de atracción masiva de turistas que puede afectar no sólo el bien mismo sino a la isla de Santa Catalina. 

Lo consideran también como poseedor de un claro tinte politico-burocrático y el reflejo de in afán del Gobierno Nacional en demostrar que algo se hace por las islas sin importar los daños y las consecuencias. Algunas personas consultadas ven el proyecto como una incitación o invitación a la corrupción, por su elevado valor, obras innecesarias y mención de obras ya existentes, asociado un cartel de la contratación que controla todos los gastos de obras del Municipio que se viene denunciando desde hace un tiempo.

Además, se teme que cuando venga otro gobernante puede que lo cambie y este sitio entraria en una serie de caos convirtiéndose en un elefante blanco como ya lo son varias obras que construyó el gobierno de Santos desde el fallo de La Haya.

En conversación con varios habitantes de Santa Catalina se ha podido observar que no están convencidos de los méritos de un cambio substancias de la fisonomía del Fuerte y del área y su prioridad está en otros lados, principalmente en la restauración del puente que se ha caído. Como aseguró un líder comunitario de Santa Catalina: ‘el puente anteriormente lo mantenían limpio y bonito’ pero ‘si no la han mantenido a pesar de su vital importancia, mucho menos mantendrán el fuerte’.

Señala además de que Santa Catalina no necesita más turistas, la justificación presentada al Presidente por la Alcaldía para que el Presidente Duque aprobara la figura millonaria para el Fuerte (en contraste con que aún no ha anunciado nada para el puente), porque ello dañaría la apacible isla y porque existe el temor por el impacto de actividades nocturnas en el Fuerte, por las luces poderosas que piensan instalar en un sitio considerado sacrosanto por los varios personajes históricos allí enterados y por lo apacible del lugar, así como frente a la crisis institucional y social que han llevado al aumento de la inseguridad, razón por la cual el Alcalde mismo ha restringido el acceso a todas las playas de las islas después de las 6 de la parte y ha ordenado el cierre de los bares después del atardecer.

Pero más allá de los daños al Fuerte y al paisaje lo más preocupante es que no se ven los beneficios que una obra como tal traería a Santa Catalina, a Providencia y a sus habitantes. Y no se ve la necesidad de los mismos toda vez que ya existe un sendero ecológico y se puede perfectamente apreciar el esplendor del Fuerte y desde allí la impresionante belleza de las islas sin la necesidad de agregarle un engranaje de construcciones artificiales alrededor de la misma que afectarían el valor patrimonial y la riqueza de los diferentes estratos históricos representados aquí y por los cuales pasó Santa Catalina.

La fuente de mayor inquietud de los expertos es la evidente desproporción entre los inmensos valores patrimoniales del Fuerte y la propuesta de intervención en la misma que el proyecto propone. De otro lado, la seria intervención del paisaje no se tuvo en cuenta (y Coralina tendrá que pronunciarse al respecto).

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Sent from the iPad of Harold Bush-Howard

CLARIFICATION IN RESPECT OF A LEGAL CASE ALLEGEDLY FILED AGAINST HAROLD BUSH BY MR FRANKLIN AMADOR, CONTRALOR DEPARTAMENTAL, PURSUANT TO ARTICLES 225, 226 AND 227 OF THE COLOMBIAN PENAL CODE.

THIS IS A CLARIFICATION IN RESPECT OF A LEGAL CASE ALLEGEDLY FILED AGAINST ME BY MR FRANKLIN AMADOR, CONTRALOR DEPARTAMENTAL PURSUANT TO ARTICLES 225, 226 & 227 OF THE COLOMBIAN PENAL CODE.

This clarification is issued in response to an alleged request for an apology made by Mr Amador in respect of a claim that I have libelled him and in consequence he has asked the Fiscalía to start legal proceeding with the aim to extract from me a rectification and/or an apology for a comment I have allegedly made on social media.

Mr Amador has claimed such comment was malicious and erroneous, and that the information was implicitly incorrect. I disagree.

A comment was made as a simple contribution to a very public debate (where many others have also expressed their opinions but have not been served with legal proceedings) in respect of the lack of investigations into many activities perceived by many as irregular or illegal but apparently and deliberately ignored by the Contraloría, Procuraduría and Fiscalía.

All three entities are mandated by law to act upon any such complaints by the general public to verify, rectify and/or punish any possible irregular misuse of public monies. However, public opinion senses that such functions are not being properly fulfilled and that the three entities are seriously failing in their duties to investigate, which ultimately affects the good functioning of the public sector and damages the prospects of a better standard of living for all islanders.

This response is written in my mother tongue which is my language of choice to deal with any official matter derived from Mr Amador’s request as it is one of the three official languages of the Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, in accordance with, and pursuant to, Articles 42, 44 and 45 of Law 47 of 1993 and Article 10 of the Colombian Constitution of 1991.

It is worth emphasising that by virtue of Law 47 of 1993 Mr Amador cannot whatsoever hold any public office in the Departamento if he does not speak English. If he does not speak English he would be in contravention of such law and the Constitution.

Therefore, as a member of the anglophone ethnic community of the Archipelago (commonly referred to as an anglo-islander but also known as a native-islander and/or a raizal) English is my principal, and therefore, chosen language, and I am exercising my legal and constitutional right protected by Colombian and international laws to communicate with Mr Amador in this language. All responses in respect of the purported claim must be sent to me in English, as is my right. Any correspondence in any other language (apart from the local creole) would deny me my human rights derived from my being a member of the above-mentioned ethnic group, and would therefore be in contravention of laws that protect my ethnic rights, in particular those in respect of my right to use the language which most identifies me as a member of such ethnic group.

I have not had any formal notification of any claim from the Fiscalía, but I am aware of it, and in the spirit of clarification I would like to declare the following:

1. The Contralor Departamental, Mr Amador, claims I have said he was on the payroll of the Alcaldía and/or the present Mayor of Providencia.

2. Under Colombian law, all Departmentos and Alcaldías are mandated by law to provide a percentage of their annual budget to finance their respective Contralorías, Departamentales or Municipales. Providencia does not have its own Contraloría, which means that the overseeing of the Alcaldía’s spending of taxpayers’ monies is by default exercised by Mr Amador’s office, which is financed by monies from the Departmento and the Municipio.

3. 20% of all income collected by the Departamento Archipiélago (including those in respect of the Municipio of Providencia) is by law sent to Providencia for the Alcaldía to spend. In having to use a percentage of its income from taxes collected to finance the Contraloría run my Mr Amador, Providencia receives a smaller percentage of the total income of the Departamento and, in consequence, Providencia is a direct contributor to the financing of the Contraloría Departamental.

4. Mr Amador’s office is in consequence partly financed by the taxes that Providencia receives and/or does not receive, and as such both Mr Amador and his office’s employees are on the payroll of the local governments of the Departamento and the Municipio, ie the Governor and the Mayor in their institutional (and not personal) capacity, insofar as that money comes from the public funds they administer on behalf of the community.

5. It is further important to emphasise that all employees of the Contraloría Departamental on San Andrés and Providencia are on the payroll of, ie are financed by, the Departamento and Alcaldía, insofar as their salaries are paid for by monies collected by the Departamento and Alcaldía from local taxpayers, and not paid for by monies transferred from the capital Bogotá.

6. This is clearly mandated in Law 42 of 1993, Law 617 of 2000 and Law 715 of 2001, and is confirmed in a judgment by the Sala de Consulta y Servicio Civil of the Consejo de Estado number CE 1709 of 2006 which clearly stipulates that ‘la Ley 617 de 2000 consagró como un deber legal el pago de la cuota de fiscalización a cargo de las entidades descentralizadas del orden municipal’. And judgment C-105/04 of the Corte Constitucional which states that ‘la ordenanza o el acuerdo que organice la respectiva Contraloría debe dotarla de la estructura, del recurso físico y humano necesario al desarrollo de las funciones, asignándole el presupuesto correspondiente, señalando al respecto los montos atinentes a los gastos de funcionamiento’. Such judgment cites Article 272 of the Colombian Constitution which clearly and categorically mandates that the Contraloría Departamental of San Andrés and Providencia, like all others of Departamental nature, shall be financed by local taxes collected by the Departamento and Municipio: 1) ‘La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas y se ejercerá en forma posterior y selectiva. 2) La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales’.

7. It is a pity that Mr Amador did not seek to discuss this alleged libel with me personally, as I would have been able to explain to him in detail the legislation and the Court decisions mentioned above, which in any event in his capacity as Contralor Departamental he should know all about.

8. If Mr Amador continues to assert that I have defamed him maybe he would like to draw to my attention the legislation that contradicts the legislation and the Court decisions mentioned above, which I assert are justification for the statements that I have made about him and his employment and the payment of his salary as Contralor.

9. In any event, notwithstanding the above response, and without any admission of liability, I apologise if my comment might have offended Mr Amador, but all I was doing was to explain to Mr Amador the legislation (supported by two decisions of the Court) relating to the links between the Contraloría Departamental and the Departamento and Alcaldía.

10. These links create a binding inter-relationship between the Departmental and Municipal Governments which, along with the lack of resources and insufficient personnel, and coupled with the Contraloría being very selective in what it investigates and only after the spending is finalised, could explain the lack of investigation into activities of, and spending by, the Departamento and Alcaldía, much of which have been widely denounced by the community of the islands, commencing with the fact that the Alcaldía does not publish or keep updated all contracts and/or all accompanying supporting documents of contracts on the official SECOP platform which it is mandated to do by law (Article 2.2.1.1.1.3.1 of Presidential Decree 1082 of 2015), and in not doing so the present and former Mayors of Providencia are in contravention of Colombian law.

11. I would note that it is customary in the Constitutions of all democracies such as Colombia’s that, where a state employee perceives that he may have a conflict of interest in carrying out any investigation, he should recuse himself from being involved in that investigation, so that he cannot be accused of any lack of impartiality. Mr Amador might like to consider this fundamental tenet of the constitutional and administrative law of Colombia in the context of the investigations that should be carried out by him and his department, but which are currently not being performed.

Signed by Harold BUSH HOWARD CC 18005041 issued on the Island of Old Providencia.

CARTA ABIERTA A LOS DOS NUEVOS REPRESENTANTES

CARTA A LOS DOS NUEVOS REPRESENTANTES
por Harold Bush Howard
Las islas pasan por un momento de severa crisis y no han visto el liderazgo que esperaban de los dos. Ustedes aún tratando de entender lo que pasa y de forjar un camino, pero por favor otorguen algo de guía y luz a unas islas confusas, muy divididas, molestas, desconfiadas de los políticos, de sus líderes sociales y de sus gobernantes.
Se esperaba más de los dos. Los resultados del voto que les dio el triunfo son claros pero muchas cosas aún no lo son. La comunidad aún está dividida por una contienda polarizada y subida de tono y aún no tiene muy clara qué podrán ustedes hacer para mejorar sus vidas. Y Ustedes no han indicado lo que pueden o van a hacer. Solo se observan movidas para asegurar puestos burocráticos. Pero las islas necesitan liderazgo y un cambio profundo.
Por eso valdría la pena traducir sus promesas y buenas intenciones en propuestas concretas de hechos, soluciones y normas. 

Y además intentar cerrar las divisiones, fragmentaciones y serias polarizaciones comunitarias causadas en parte por una campaña que ustedes lideraron. 

Ya no representan a un partido, a un sector, a un grupo, sino a todos los isleños, de manera que deben actuar pronto para mejorar la cohesión y solidaridad social y comunitaria.

Se espera mucho de los dos y su triunfo representa un llamado desesperado por cambios en la forma de hacer política pero sobre todo en las ansias de ver resultados que favorecen a todos en las islas. 
Por eso este nuevo comienzo debe tener reglas de juego distintas y no se espera que se comporten como caciques electorales que se agarran del palo del poder y le den la espalda a la comunidad. 

Algo esencial, además de entregar resultados, es que deben rendir cuentas, aceptar y responder a las críticas y al escrutinio que será fuerte por las expectativas que han generado en las islas.

Favor no defrauden a una muy sufrida comunidad que aún pasa por su peor crisis y que eligió a ustedes porque se sintieron defraudados por muchos otros y querían un cambio. 

Reconocemos que su trabajo no va a ser fácil porque muchos problemas de siempre pueden volverse más graves y ustedes solos no pueden, además de que sólo ayudan a legislar. 

Aún así, mucho pueden hacer, ya sea gestionando recursos o asegurándose de que se gasten bien en las islas.

Además de ayudar a solucionar la severa crisis de la salud, escasez de agua y la ya crónica inseguridad, entre muchos otros, por favor busquen tratar de cambiar algunas normas obsoletas y sacar nuevas. 
La comunidad espera que la confianza que depositó en ustedes, más su sueldo de 42 millones al mes, sea recompensada con trabajo y sobre todo resultados de cambio, como ustedes mismos han prometido hacer. 

Fueron elegidos porque ofrecieron un modelo distinto a uno que no funcionaba porque estaba estancado y obsoleto. Rompieron una barrera erigida por los dos que salen para perpetuarse en el poder, pero mal sería que ustedes erigieran otra barrera o esquemas para perpetrarse en la Cámara mediante el estrangulamiento de la pluralidad política, acaparando poder y así excluir a otros si ustedes mismos no cumplen. 

Las islas necesitan más ahora esa pluralidad política y no más concentración de poder político como la que se acaba de destruir. Es un requisito indispensable para asegurar progreso mediante control sobre lo que se hace, sobre todo en relación al enorme gasto público en las islas.
Se necesita más dinamismo de los dos tanto en Bogotá como en las islas, pero para beneficio de las islas y no para consolidar y solidificar sus bases políticas para una posible aspiración a reelección en cuatro años. 

Si hacen eso no podrán fiscalizar al gobierno local y asegurarse de que se cumplan las normas locales. Por eso no deberían tratar de intervenir o influir en las elecciones locales. 

Puede que tengan proyectos políticos a largo plazo pero fueron elegidos solo por 4 años y ello sería contrario al mandato que se les acaba de entregar. 
Por eso sería irónico y contradictorio que volvieran a montar un esquema similar al que ustedes desmontaron, y revivir malos hábitos que ustedes y el electorado acaban de rechazar.

No es adecuado por lo tanto que se conviertan en barones o caciques políticos. Tampoco dejen que personas ajenas a las islas lo sean y contribuyan a decidir los resultados electorales locales.

Ambos poseen mucho toque popular y carisma. Por favor no cambien y sigan con los pies sobre la tierra. Usen ese capital político como una oportunidad para consolidar un buen legado de hechos de progreso. Adopten un modelo de mayor inclusión y diálogo con la gente de las islas.
No se conviertan en un estorbo al desarrollo de las islas, la percepción que muchos tienen de otros y que las elecciones confirmaron.
Deben trabajar en conjunto en la Cámara porque solo así podrán tener un impacto.  

Tratan de fortalecer a la OCCRE. De darle vida a la Ley 47 y que se cumpla. De buscar mayor progreso en las islas mediante un modelo administrativo que funcione para las islas porque el actual no está generando el progreso deseado y la comunidad raizal se siente cada vez más distante de Colombia porque siente que sus espacios desaparecen todo el tiempo. 


Apoyen un muy necesitado Estatuto para la comunidad raizal. No va a afectar derechos de otras comunidades, sino proteger las nuestras. Tuvo su revés pero las demandas raizales se vuelven cada vez más fuertes. Las intenciones del Estatuto son buenas y debe ser algo de alcances con herramienta para que como etnia aún existamos en 30 años.
Deberían interesarse más en lo que se hace en La Haya porque las islas merecen tener más injerencia y sobre todo decidir qué camino seguir. Históricamente nuestra relación con las aguas ha sido cultural y económica y con lo que pasó poco importa a quién pertenecen si podemos seguir pescando, proteger el archipiélago de exploraciones petroleras, vivir en paz y relacionarnos de nuevo con nuestros familiares en Corn Islands. 

Para nosotros no es un tanto asunto de soberanía porque las aguas siempre serán parte de nuestro mundo sin importar a qué lado de la frontera quedan. Nuestro mundo marino y anglo-caribeño no tiene fronteras.
Por último, es absolutamente necesario blindar la Seaflower. Por eso deberían pedirle al Gobierno Nacional que se reviva la propuesta de que la UNESCO la declare Patrimonio Natural de la Humanidad.
Con la elección de ustedes ganó el pueblo porque rompió barreras para señalar que quería una forma diferente de hacer las cosas. Por favor recuerdan este mandato que se les da para trabajar por las islas y por su gente.

CORN ISLANDS NOS RECUERDA LO QUE HEMOS PERDIDO Y YA NO SOMOS

CORN ISLANDS NOS RECUERDA LO QUE HEMOS PERDIDO Y YA NO SOMOS
por Harold Bush
Todo es muy familiar. Las Corn Islands son como San Andrés antes del Puerto Libre. Por eso es difícil describir la crónica de las consecuencias emocionales de pisarlas, de hablar con su gente o de sabotear su rica tradición culinaria que es igual a la nuestra. 
La nostalgia lo sobrecoge a uno al presenciar allí lo que se ha perdido en nuestras islas. Es como volver al pasado o mirar en el espejo de nuestra historia y encontrar mucho de lo que ya no tenemos. De vivir nuestro pasado en otro lado. Uno allí  se siente muy en casa en casa ajena y hace pensar con angustia en los destinos que han tomado y están por tomar San Andrés y Providencia. 
Duele ver que ellas aún son lo que nosotros ya no somos, pero duele más al pensar que ellas sí han sobrevivido y nosotros aún estamos tratando de reconectarnos con una identidad diluida y buscando sentirnos cómodos en un entorno muy modificado y un modelo de vida en constante amenaza por la sobrepoblación y los significativos cambios socio-económicos, culturales, urbanísticos y ecológicos que generan problema tras problema.
El mayor acercamiento ayudaría a San Andrés a entender lo que ha perdido y esto puede abrir el camino a un mejor manejo de nuestras islas. Las Corn Islands viven su mejor momento. San Andrés salta de crisis en crisis. 
Hoy día Corn Islands se benefician del ecoturismo porque el desarrollo indiscriminado que nos ha afectado a nosotros las ha evitado. Son muy limpias. Se reciclan las basuras y en los colegios enseñan a los niños a limpiar las islas.
Entretanto, San Andrés vive una fantasía económica que baila sobre múltiples problemas difíciles de superar y Providencia va camino a convertirse en otro San Andrés por el afán del oficialismo en construir sobre cualquier terreno que tenga una buena vista o playa, sin importar que se estaría afectando a los muy valorados cangrejos negros o al patrimonio histórico que a toda costa se debe proteger. 
De nuevo es más importante tener contento al turista que preservar lo nuestro. Corn Islands nos enseña que las dos cosas se pueden lograr, sin dañar lo que más importa porque ellos no han permitido grandes hoteles y el turista las aprecia tal cual están. La gran mayoría de sitios de hospedaje son posadas nativas. No hay hoteles grandes y todo sigue el modelo de turismo sostenible. La isla es de los sitios más limpios del mundo. La gente prefiere no vender sus terrenos y el alcalde no puede hacer nada sin el consentimiento del Concejo.
En nuestras islas, en contraste, la constante falta de control político-administrativo del Gobernador y del Alcalde, unido a la corrupción rampante y el secretismo en el manejo de asuntos como licencias de construcción, han permitido que se construyan sobre áreas naturales protegidas y sobre el patrimonio ecológico e histórico. En las Corn Islands todo se informa y todos participan en las decisiones.
El señor Campbell saluda al taxista Archbold cuando me lleva al hotel del señor Downs que queda al lado del enorme barco pesquero del señor Quinn, del restaurante de la señora Forbes y de la panadería de la señora Bryan quien prepara ‘plantain tarts’ para el desayuno y patís de carne con picante en la tarde. No hay cangrejos negros, sino unos azules pero la sopa es parecida. Pero preparan rundown, jahny cakes, bun, soda cake, fritters y banana cake.
Corn Islands pueden ser nuestros vecinos y hermanos pobres pero se aferran con orgullo a sus tradiciones, donde predominan el creole y el inglés estándar y casi no se escucha español. 
Están mejor equipados que nuestras islas, con agua en abundancia, buena energía, mucha comida y poco crimen. Viven 12.000 almas bien contentas. 
Nos separaron los intereses geopolíticos de dos naciones que se formaron alrededor de nosotros y nos repartieron sin importar esa conexión y que luego la disputa territorial hizo más divisoria. 
Pero esas dos naciones pueden corregir una injusticia histórica poniendo intereses geopolíticos a un lado y atender los de estas dos comunidades que podrían a la larga mejorar intereses nacionales a lado y lado de la frontera. Es tiempo de pensar más en la gente. 

EL ROBO DEL SIGLO: A PROPÓSITO DE LOS COMENTARIOS DEL PASTOR BARRERA KELLY

Documentos ocasionales para el debate:

EL ROBO DEL SIGLO: A PROPÓSITO DE LOS COMENTARIOS DEL PASTOR BARRERA KELLY

por Edgar Jay (Providencia)

Me llamó la atención un escrito reciente (creo que es del pastor Ignacio Barrera) que hace referencia a la ignorancia de la gente en materia de ciencias políticas y sociales para referirse al caso del gobernador interino. De cierto modo tiene razón. Pero hay varias cosas que voy a intentar precisar.

La linea de pensamiento de Rousseau es “ius naturalista” (de corriente idealista) perteneciente a la doctrina del “derecho natural” para la cual los derechos “naturalmente” ya existen y la función de los constituyentes y legisladores es “reconocerlos”. En el contrato social de Rosseau se debe destacar tres aspectos: uno: el ser social emerge de su estado primitivo (estado de naturaleza)al fundar un modelo organizacional superior (el estado) a-travez de un acuerdo (el contrato social). Dos: destaca la existencia de dos voluntades (la voluntad de todos y la voluntad general). Tres: destaca la importancia de definir la voluntad general como la suma de las pequeñas diferencias (tomado del calculo diferencial de Leibniz).

En Colombia la constituyente de 1991 realizó un contrato social al mejor estilo Rousseauniano sin que eso fuera exactamente la expresion de la voluntad de todos y sin sumar las autenticas pequeñas diferencias porque el gran ausente fué el pueblo Raizal.

Se redactó una nueva constitución que fundó un nuevo estado. La nueva constitucion matizó las diferencias de sus constituyentes en tres verbos rectores: Reconocer (ius naturalista), Promover (corriente del derecho alternativo) y Garantizar (doctrina del liberalismo politico y economico).

Se estableció como forma de organización “la republica unitaria” y no la confederada (con un sistema parlamentario y unicameral) como quisieron muchos constituyentes y muchos colombianos. Y se estableció ademas la continuidad del sistema presidencialista que hasta hoy sigue siendo lo mas cercano a una monarquía constitucional, dadas las prerrogativas del presidente (jefe supremo de las fuerzas armadas y orientador de las relaciones internacionales) y sus funcionarios de orden nacional.

Además de lo anterior Colombia padece de un proceso regresivo y de contrareforma con el que se ha venido descuadernando lo mejor de la constitución del 91 atravez de enmiendas y remiendos que la han venido desorientando en función del beneficio de una dirigencia “emergente”, sectaría, autoritaria, gangsteril y asesina, y liderada por concepciones excluyentes de extrema derecha cuya cabeza visible es Alvaro Uribe Velez.

Porqué extrañarnos entonces que Duque, instrumentado por el tirano titiritero, nombre como gobernador pro-tempore a un alto oficial de carrera como lo es el contralmirante Juan Francisco Herrera Leal?

Porque extrañarnos que precisamente el Uribismo, en un acto colonial nombre al jefe de su actual fuerza de ocupación como gobernador encargado?

Es que también nos hemos olvidado que la legislación electoral, el decreto 2762, la jurisprudencia del fallo C530 de la corte y todas las facultades de la legislacion colombiana otorgadas a la figura del presidente rayan en el mas burdo monarquismo medieval?

Es un error de miss Corine (con la cual me solidarizo y rechazo los abusos de autoridad cometidos contra su persona) y de muchos, pretender que la directora de la OCCRE (Catherine Archbold) puede pasar de soslayo toda la estructura constitucional y legal Colombiano, todo su sistema de justicia y derecho para ademas de cometer delito de prevaricato protagonizar un evento falaz dentro de una coyuntura mal entendida y mal manejada por quienes ahora levantan cargos de traicion y pretenden ser los adalides de las mejores gestas del pueblo Raizal.

Muchos de los mismos que difaman a Catherine se embadurnaron con la mermelada y sus panzas prominentes se engordaron con las consecutivas administraciones que protagonizaron el robo del siglo.

Lo que está en juego hoy es un estado de cosas factico creado por los lumpen de cuello blanco que saquearon el erario publico, por el presidente y su partido, el centro democratico, en su pugilato con la coalicion del partido liberal y el partido de la Ú por su hegemonia en las proximas elecciones de octubre, para las cuales la ley de garantias (que establece restricciones a nombramientos y eventos contractuales) entrará en vigencia durante los seis meses anteriores a las justas electorales. Para estas, les urge tener el control de la administracion publica regional (en cabeza del gobernador), para operar a plenitud su maquinaria electorera que se ha venido nutriendo de las arcas departamentales.

Está tambien en juego la renovación de la concesión de Proactiva, empresa privada, que lejos de solucionar las urgentes necesidades de la comunidad, ha sido presa del anquilosamiento ademas de ser instrumento de un modelo turistico leonino y de toda suerte arcaico. Y no sobra decir del naufragio adrede del estatuto Raizal, del tema territorial, el abastecimiento, las privatizaciones, los servicios publicos estrategicos, las vigencias futuras, la reserva de la biosfera y el tratamiento de temas tan gruesos y sensibles como la restitución, reparacion y compensación a nuestro pueblo por nuestras inumerables perdidas territoriales con el lescivo fallo de la corte internacional de justicia, ademas de la gravísima crisis de sobrepoblación y violencia que arrebata la tranquilidad de nuestra gente y viola permanentemente nuestros derechos humanos mas elementales.

Los conflictos por el puesto de gobernador. La ansiedad de la clase política por lograr la terna. Las acciones del gobernador militar (absolutamente atipicas en un militar de carrera). Las pujas de los Housni (los corruptos mas mediocres y visibles de nuestra historia reciente) por cumplir con los oscuros financiadores de su campaña. Las elecciones de octubre y la ley de garantias. La corrupcion galopante en la gobernación. Todo es parte de una coyuntura que se pretende simplificar reduciendo el debate al nombramiento del contralmirante como gobernador encargado. Esto, en ultimas agrede los principios democraticos pero igual obedece al tratamiento recurrente de los gobiernos con el territorio Raizal. Un gobernador, asi sea Raizal, siempre y cuando sea puesto por esta clase politica no ofrece garantias.

Lejos de caer en ese juego la protesta debio enfocarse en la conformacion de una mesa de dialogo y negociación entre el estado Colombiano y los delegados del pueblo Raizal para tratar fundamentalmente el tema de la descolonizacion.

Por otro lado, los intereses, la causa y la orientación de la lucha del Pueblo Raizal van mas allá de expulsar a un gobernante militar. Dada la situación de una sombra normativa que solo un fallo interpretativo (jurisprudencia) de una alta corte o una ley podrian resolver dicho vacío juridico en el decreto 2762 y en la ley electoral, dada la carencia de medidas diferenciales; porque aun siendo legal es a todas luces ilegítimo.

Tengo la convicción de que la unidad no se construye “per-se” y sé que esto no va a gustar pero debo decirlo; aún corriendo el riezgo de ser etiquetado como divisionista: Pretender que Catherine por el medio de un acto administrativo haga la tarea del enclenque liderazgo de las autoridades Raizales es un desproposito. Ademas, porque la elección de estas autoridades está aun en cuestión. Y sus acciones tambien.

Varios lideres Raizales (de los reconocidos oficialmente) se han quedado en silencio (un silencio que indigna) ante la corrupción publica. Han venido contratando con entidades publicas. Apoyaron la campaña de Ronald Housni, algunos como Jorge Garnica fueron parte de su gabinete. Otros apoyaron su gobierno y se nutrieron de el.

Todo esto; Vergonzoso e indecoroso por cierto, es la demostracion de la incapacidad de los actuales lideres del pueblo para lograr la unidad con propositos concretos y así generar una movilización real de nuestro pueblo en la lucha por sus intereses

Mas allá de acciones y discursos reactivos que dividen y desmovilizan a nuestro pueblo necesitamos con urgencia la convocatoria de un congreso Raizal autentico y democrático para elegir nuestras autoridades hoy, “secuestradas” (como dice Jairo Rodriguez) por una minoría excluyente que se presta para hacerle el favor a una clase política corrupta que ha robado el futuro de nuestros niñ@s.

!VIVA EL PUEBLO RAIZAL!

¿QUÉ HAN LOGRADO OBTENER LOS LÍDERES RAIZALES PARA LOS RAIZALES Y LAS ISLAS?

Documentos ocasionales para el debate:

¿QUÉ HAN LOGRADO OBTENER LOS LÍDERES RAIZALES PARA LOS RAIZALES Y LAS ISLAS?

por Harold Bush Howard


Hemos llegado a una encrucijada. Muy poco se ha logrado y hay un problema muy serio de imagen derivado de muchos factores. El más importante es que han habido años y años de de lucha pero la situación raizal y de las islas se vuelve cada día más crítica y poco se ha entregado. Y la presente coyuntura hace menos factible que se logren cosas porque la corrupción rampante de los últimos años endurece las posiciones del oficialismo contra la autonomía y las acciones u omisiones raizales debilitan esos objetivos.


Existe un artículo exclusivo en la Constitución, varias leyes, miles de horas de reuniones y miles de millones de pesos gastados pero la situación etnia raizal no mejora y la comunidad no se beneficia. La percepción que hay es que pocos sí se han beneficiado. ¿Acaso ello no obliga a cambios de estrategia y de liderazgo? 


Se han logrado cosas a nivel micro y es necesario un movimiento raizal (y social de todo tipo). Pero se hace necesario trabajar y desarrollar lo que hay y a nivel macro (‘the big picture’) es dónde nos debemos preguntar qué se ha logrado.

El liderazgo actual aboga por un cambio substancial enfocándose en el poder, la cuestión de tierras y una nueva estructura administrativa con el país. 

Pero en desarrollo de lo permitido dentro de los existentes, que es mucho, muy poco se ha logrado y no se ha avanzado un centímetro. Tal vez porque se era demasiado ambicioso y esa ambición hacía colisión con la realidad y con lo que querían la mayoría de nativos o con lo que se podría lograr sin afectar a las otras comunidades que residen en las islas.


Las fallas


1. Falta de unidad. De criterios, de planes y de estrategias acentuando por la crónica atomización de grupos raizales y la confusión entre muchos raizales sobre lo que realmente se necesita, lo que se aspira lograr y lo que se puede lograr. Un líder raizal lo llama la ‘epidemia de liderazgo’. 


El liderazgo raizal no ha podido codificar o manejar esto bien y la comunidad raizal por lo tanto ha perdido confianza en ellos. El Estatuto personificó esta confusión y además un divorcio entre lo que se desea desde la perspectiva del liderazgo y lo que el nativo deseaba. La práctica desaparición de AMEN-SD también confirma esta falta de unidad, además de la atomización y división del liderazgo y grupos de reivindicación raizal, que a la larga debilidad su poder de influencia y negociación vis-à-vis el Gobierno Nacional.


2. Cercanía con el Gobierno. Una situación que tiene a muchos líderes bajo la lupa. La estrecha relación a través de convenios, contratos y puestos públicos mientras se negocian algo para el pueblo raizal que ellos dieron a entender eran asuntos fundamentales como la mayor autonomía y el reordenamiento del esquema legal y administrativo que une a las islas con Colombia. No era claro cómo se podían manejar las dos cosas y ni era ético ni profesional ser juez y parte.


Desde luego el Gobierno Nacional a través de mecanismos de cooptación ha facilitado esto. Lo ha logrado con prebendas al liderazgo raizal, lo cual ha llevado a un serio deterioro al mayor ejercicio democrático entre los raizales que terminó en la codificación de un Estatuto. Los contratos de su organización fueron en su mayoría para personas asociadas a los líderes, muchos de los cuales han tenido y aún tienen convenios con el Gobierno Nacional (algunos a nombre de sus hijos o familiares cercanos). 


3. El Estatuto fue una panacea, un sueño. A través del Estatuto se buscaba una estrategia o fórmula perfecta que no existe. O era ello o nada. Pero esa estrategia se convirtió en su propio enemigo, en el enemigo de la comunidad raizal y del Estatuto mismo porque Colombia no concederá lo que desean ya que resquebrajaría la soberanía colombiana en las islas y afectaría derechos de otras comunidades. Ante eso, las estrategias fallaron. Y, por lo tanto, deben cambiar.


Para muchos el rápido fracaso del Estatuto confirma que era una panacea. Todo se basó en sueños ideológicos y no el fórmulas viales y realistas que se podían haber traducido de las normas internacionales y nacionales para favorecer a la comunidad. Se estaba en las nubes legales pero no en la práctica. La Convención 169 inspiró pero no aterrizó. 


Pero también primero se debe tal vez usar los mecanismos existentes para hacer mejorar la situación raizal y enfocarse en aspectos socio-culturales y no primordialmente políticos como la protesta actual ante la Gobernación hace acentuar.


4. ¿Poder y fortuna personal o avance comunitario? No es clara la línea divisoria entre lo personal y lo comunitario. Hecho más evidente ahora con la situación del Gobernador. El liderazgo política y raizal empujan para poner a uno de los suyos como Gobernador pero no dicen qué harían para superar la crisis y no han condenado los hechos que han llevado a la crisis, algo que claramente tiene molestos a la opinión pública y que debilita al liderazgo político y raizal o social. Parece importar el puesto más que un plan de acción, que obviamente no se tiene. 


Y esconde intenciones o hace concentrar en la falta de acciones en lo que importa. Los mismos líderes ahora protestan por un cambio cuando habían ‘sido ciegos, sordos y mudos ante las necesidades urgentes de nuestro pueblo y ante los bochornosos eventos de corrupción’, como señala un curtido analista. Por otro lado, han salido evidencias de nexos poco adecuados entre la clase política cuestionada y segmentos del liderazgo, algo que puede ser más crítico y claro a medida que se esclarezcan los hechos y más personas investigados delatan a otros, algo que se espera este año. Ya Fiscalía ahora va a la Gobernación con información precisa suministrada por aquellos que negocian con ella, en buscan de evidencias para procesar a otros.


5. Falta de estrategias consistentes y viables. Por eso muchos se preguntan también, además de la necesidad de cambio de estrategias por el fracaso del Estatuto y la no entrega de nada en años de reinvindicación, si no habría llegado el momento de un cambio de liderazgo, de uno no solo desgastado por su falta de resultados sino también por sus nexos con el oficialismo que debilita su rango de acción e independencia y es en cierta manera manipulada por el Gobierno Nacional. 


La independencia sólo se retiene en la expresión de opiniones pero no en la posibilidad de lograr algo significativo. Y hablar claro contra el gobierno ha dejado de ser señal de independencia y lucha y muchos lo ven ya como un intento de lograr más prebendas.


Es común que muchos líderes pretenden hacer algo por una comunidad pero en la realidad los que se benefician son ellos y sus familias. Muchos comienzan con buenas intenciones pero en el camino se dan cuenta de que obtienen muchos para ellos ‘jugando con el sistema’. Se teme que eso ha pasado en las islas. Ya muchos grupos raizales ya no son grupos de presión que persiguen fines comunitarios sino grupos de compromiso con causas particulares, con la complicidad del Gobierno Nacional que le conviene neutralizarlos a ellos y al mismo tiempo dar la impresión de que algo se hace por la comunidad.


¿Ahora qué?

El liderazgo social ha perdido poder de influencia y la manifestación en la Gobernación, que sigue la tendencia de enfocarse mas en asuntos de poder que en otros temas muy urgentes como salud, patrimonio y corrupción, la puede debilitar aún más y provocar un mayor distanciamiento con la comunidad raizal dónde aún no tiene un fuerte arraigo, a pesar de la impresión que se proyecta.

Se tiene claro que lo que pasó, el robo de miles de millones, fue mucho más que unas simples ‘complicaciones en la administración pública’, como de manera simplista y con ofuscación deliberada sectores políticos han querido describir el estado de cosas.

Todo lo anterior tiene consecuencias muy graves para la reivindicación étnica raizal que, nadie puede negar, ha sufrido un serio revés y todo esto puede contribuir aún más a devaluarla y a erosionar la legitimidad de futuras protestas y luchas legítimas.

Junto con la corrupción sistemática de años contra la cual muy pocos protestaron, todo ello hace mucho menos factible que el Gobierno Nacional otorgue la mayor autonomía que tanto se desea. La corrupción endurece las posiciones del oficialismo contra la autonomía y las acciones u omisiones raizales debilitan esos objetivos.

La falta de acción del liderazgo ante los casos de corrupción hace menos factible que se les tome en serio ahora y en el futuro cercano. Para la opinión pública isleña un nuevo Gobernador es lo de menos. Quiere acciones para limpiar y hacer más efectiva la Gobernación, así como que se tomen decisiones importantes y urgentes a su favor. El liderazgo raizal da la impresión de que quiere como primordial un cambio formal de Gobernador pero no dice qué traería eso y da la impresión de esconder las ganas de atacar la corrupción que le ha robado un mejor futuro a los raizales y a todos los isleños.


Independientemente de las bases legales o constitucionales en cada argumento y ángulos en unas islas cada vez más divididas a medidas que se acercan las elecciones, es importantísimo poder dejar claro los méritos de cada acción. 


En las actuales circunstancias el simbolismo de los hechos cobra menos relevancia que la esencia de las acciones y es por eso que muchos prestan poca atención a los argumentos de líderes en relación al cambio del Gobernador y prefieren enfocarse en temas como la cruzada anti-corrupción, cambios profundos en la Gobernación y en la Alcaldía (que pocos atienden pero es igual un nido de corrupción e irregularidades) y el pago de prisión para los culpables.