FORT WARWICK NO SERÁ RESTAURADO PERO CONVERTIDO EN UN ‘TOURIST TRAP’

LA INCREÍBLE PERO TRISTE HISTORIA DE FORT WARWICK Y UN ESTADO DESALMADO

por Harold Bush Howard

Imagínese la reacción de los cartageneros y de todos los colombianos si se decidiera instalar plataformas por encima de las murallas de Cartagena para facilitar el desplazamiento sobre ellas de turistas. 

Algo similar van a hacer con el Fuerte Warwick que hay en Santa Catalina, la reliquia histórica más importante del patrimonio raizal e isleño, después de la Primera Iglesia Bautista de La Loma. 

Al celebrar nuestra identidad con el Día del Creole, debemos también reflexionar sobre otros aspectos que identifican a nuestra etnia y a las islas. Nuestro legado histórico y patrimonio es uno de ellos pero no les damos suficiente atención y los destruimos. 

Fort Warwick será convertido, sin el consentimiento de la comunidad, en una atracción turística y para esto se cambiará por completo su apariencia y la del área y afectará a dicha comunidad. 

No será restaurado, lo cual quita peso a la necesidad del costosísimo proyecto de 11 mil millones cuyo solo estudio salió en 2 mil millones. La no restauración hace inválida el permiso de Patrimonio Nacional de ‘restauración de las ruinas’.

El consentimiento de la comunidad es de obligación legal por la intervención en un territorio étnico (Tutela T-129 de 2011) y por la importancia patrimonial y cultural del Fuerte asociadas a la etnia raizal. Se debe hacer, además, por orden de una jurisprudencia específica a las islas y su pueblo étnico raizal obtenidas a través de las tutelas del Spa y del Teatro Midnight Dreams de Providencia. Estas tutelas no permiten un proyecto sin consulta o para beneficio no de la comunidad étnica raizal. Es un proyecto para facilitar el desplazamiento de turistas. No es claro cómo se beneficia la comunidad de Santa Catalina. 

Se debe hacer una Consulta Previa por las efectos físicos y socioculturales del proyecto sobre esta etnia y la pequeña y frágil isla de Santa Catalina que comenzaría a recibir un mucho mayor flujo de turistas. 

La negativa a hacer una consulta libre e informada es una violación a nuestros derechos fundamentales como pueblo étnico de decidir sobre las medidas y proyectos que nos afectan. Y un irrespeto a principios de derechos humanos como la igualdad y la no discriminación, la participación y la no exclusión, la perspectiva diferencial, la rendición de cuentas y la integralidad de los derechos, bases de todo proyecto en territorio étnico, que debe además buscar el empoderamiento de la comunidad, respetar su diversidad cultura, y no motivar su deterioro.

La finalidad de la Consulta Previa es para que que la comunidad sepa lo que se hace, pueda expresar su opinión y negocie correctivos y compensaciones por los posibles impactos negativos.

También hacen falta los conceptos de los Consejos Nacional y Departamental de Patrimonio Cultural, este último creado por Decreto 0923 emitido por el Gobernador el 9 de octubre de 2009, encargados de asesorar en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural material e inmaterial de las islas. 

El proyecto deja al descubierto serias debilidades institucionales en el manejo de Fort Warwick y en las instancias necesarias para asegurar su protección por encima de todo, que se percibe más que todo en las omisiones que hacen para sacar adelante el proyecto a cómo dé lugar. 

¿Porqué es importante preservar Fort Warwick?

Dichos consentimientos y la Consulta son necesarios por el significado patrimonial e histórico del Fuerte para todos raizales e isleños y para Colombia. Ha estado presente en cada momento de nuestra historia desde cuando en 1629 unos puritanos ingleses nos pusieron en el mapa mundial e hicieron que los imperios coloniales nos codiciaran y porque jugó un papel importantísimo, junto a Luís Aury, para asegurar las islas para Colombia. 

Este proyecto se justificó como una forma de restaurar y preservar el Fuerte pero los mismos que lo promueven no han movido un dedo para investigar a los responsables del daño que se hizo al mismo cuando en 2017 le abrieron un gigantesco y profundo hueco para sacar el féretro de Aury, robándole sus dos espadas y su uniforme intacto con botones dorados. No se sabe dónde tiraron sus restos. El hueco no ha sido tapado.

Sabemos con certeza de que allí estaba Aury. Su presencia y ubicación exacta lo confirma el plano del Fuerte que elaboró Luís Perú de Lacroix, quien fue comisionado por Simón Bolívar para asegurar la incorporación de las islas al nuevo país en 1822. Dicho plano reposa en el Archivo Nacional en Bogotá. El primer informe de arqueología que se hizo para respaldar el proyecto también indicaba la cámara intacta donde fue encontrado el ataúd de plomo, ubicado finalmente por un detector de metales usado en el robo, según cuentan testigos. 

A escasos meses de finalizar la celebración del bicentenario uno esperaría más respeto institucional con Fort Warwick y con Luís Aury, que pierden una batalla por la indiferencia burocrática, la irresponsabilidad institucional y la falta de reacción de todos los isleños.

Fue allí donde se izó por primera vez la bandera colombiana en las islas pero Fort Warwick comenzó vida activa alrededor de 1629 cuando llegaron los colonos ingleses y la construyeron en una posición estratégica dominante en la bahía de Providencia para proteger su pequeña colonia de New Westminster, el único asentamiento británico y no español en territorio colombiano. Ha sufrido varias modificaciones pero fue restaurado a tiempo para el 23 de junio de 1822 para asegurar desde allí la incorporación de las islas a Colombia. Le llamaron Fuerte de la Libertad. Hoy yace en ruinas.

Tal vez por la conexión que le otorga la etnia raizal con la base histórica británica del Fuerte, que sustenta su identidad anglo-caribeña, hace que las autoridades colombianas se interesen poco en preservarla.

Y eso a pesar de que es clasificado como un Bien de Interés Cultural de Nación colombiana. En el archipiélago hay sólo dos más: la First Baptist Church de La Loma en San Andrés y la Escuela María Inmaculada en Free Town en Providencia.No se restaura, pero se puede dañar

Fort Warwick necesita un nivel de restauración para asegurar su futuro pero los casi 9 mil millones adicionales que la Alcaldía de Providencia le va a inyectar al proyecto no son para eso sino para construir dos niveles de plataforma y escaleras de acceso a ambos lados para facilitar el desplazamiento de los turistas, a pesar de que hoy día el acceso es fácil y seguro y los turistas han dicho de que lo prefieren tal cual está. 

Esto tapará gran parte los aterrazamientos que tienen vestigios históricos de bloques, brea y huellas de los arrastres de los cañones que son valiosos materiales arqueológicos, que nos ayudan a comprender la historia del lugar. Se cambiará así totalmente su apariencia natural y la de la zona, que por su apacible presencia y hermosa vista han complacido por años a turistas y ha sido el orgullo y elemento de identidad de una comunidad. 

Desde el mar ya no se verá una auténtica fortaleza colonial con sus cañones, sino cemento, soporte de hierro y unas plataformas plásticas, algo vulgar para un sitio de tanto valor patrimonial e histórico.

Se sacará a Fort Warwick de la protección tradicional que le ha dado el pueblo étnico raizal por más de 400 años para ‘ponerlo en escena’ y en manos de un turismo depredador, para fines no asociados al inmenso valor patrimonial y cultural que tiene. No es claro cuáles serían sus beneficios. 

El objetivo principal del acceso de turistas no es una finalidad justificable como bien lo sería una razón de tipo científica, histórica, patrimonial o cultural. Ni siquiera van a investigar a fondo la arqueología del sitio. Se convierte, en cambio, en un mundano show y atractivo de explotación turística, lo cual lo diluye como sitio especial de contemplación y de respeto por la identidad étnica que nos asocia a su legado histórico. 

Ante estas severas y groseras propuestas, es necesario el requisito de ley de la formulación de un Plan Especial de Protección y Manejo, acordado con la comunidad, que no se ha hecho. 

Esto para que se tenga claro qué se va a hacer con el Fuerte y quien la va a manejar, una vez terminado el proyecto, o con lo descubierto, a pesar de que usarán detector de metales para ver lo que hay. El recuerdo del robo de los restos de Aury y sus valiosas espadas nos hace pensar lo peor. Las tutelas del Spa y del teatro de Providencia obligan a hacer consulta previa para dejar todo ello bien claro y definido.

Las mismas instituciones nacionales señalan fallas en el proyecto que obligan a revaluarlo, pero la Alcaldía ya ha firmado el contrato de obra con un controvertido contratista que no es experto en restauración de monumentos históricos, y sin haber cumplido con los requisitos legales, técnicos y logísticos. No se tiene claro, por ejemplo, cómo harán las construcciones proyectadas sobre terrenos privados si no ha habido un proceso de compra de los mismos.

Dicen las mismas instituciones que faltan estudios e información. Los estudios hechos están mal dimensionados y no han generado información suficiente para realizar obras de reconstrucción. 

El mismo Programa de Arqueología Preventiva concluye que se debe ‘comprender los procesos de ocupación y desocupación del Fuerte’. No se ha hecho. 

Tampoco se ha elaborado un plano histórico-arqueológico del Fuerte. Esto es importante para no destruir la originalidad del mismo así como los diferentes estratos y vestigios arqueológicos que más de cubren 400 años de historia. Conocer bien esto arrojaría no sólo mucha información sobre el Fuerte mismo sino sobre la historia del archipiélago. Habría evidencias, por ejemplo, de posibles asentamientos Miskitos antes de la llegada de los ingleses.

El mismo arqueólogo llevado a Providencia por los contratistas acaba de confirmar el pasado 14 de febrero que por esa falta de información no se puede hacer una restauración. Manuel Lozano Varela añade que por falta de conocimiento de la composición de la argamasa o mortero y demás materiales usados en su construcción, no se podrá restaurar porque se rompería con la originalidad y naturaleza histórica y patrimonial de Fort Warwick. No se puede usar cemento. Estudios de suelo, topografía y sísmica se han hecho pero no de las rocas y otros materiales de construcción. Se sabe que usaron tejas y posiblemente ladrillos, pero habría que definir de dónde los trajeron y cómo se hacían. Otro problema es qué restaurar, teniendo en cuenta que Fort Warwick ha tenido varias ocupaciones, vidas y apariencias en sus más de 400 años de historia.

Y la misma resolución de Patrimonio Nacional que otorgó autorización de ‘intervención’ del Fuerte señala tajantemente que ‘el proyecto de intervención planteado no pretende reconstruir el fuerte dada la escasa información que se pudo obtener’. 

Todo ello claramente apunta a la necesidad de un cambio de objetivos del proyecto porque se corre el riesgo de que como está puede terminar afectando al Fuerte porque lo expone a la erosión al quitarle la vegetación que la ha protegido por años, para que los turistas puedan verlo en ruinas.  ¿Porqué entonces gastar otros 9 mil millones si no se restaura algo o se protege?

Es necesario una pausa para que todas las instituciones se pongan de acuerdo para respetar la integridad y el valor patrimonial, histórico y cultural de Fort Warwick. De no hacerlo estarían cometiendo un grave error y una negligencia institucional en su deber de proteger este bien de patrimonio raizal, isleño y nacional.

_____________________________Fallas y debilidades institucionales

El permiso de intervención otorgado por Patrimonio Nacional se queda ahora sin piso porque los trabajos de arqueología sobre el cual se basa el proyecto han cambiado y el robo de los restos de Aury obliga a ser más estrictos con la arqueología y preservación del lugar. 

Por otro lado, el objetivo del proyecto ha cambiado porque no la van a restaurar sino ‘ponerlo en escena’, es decir que están construyendo todo una estructura alrededor del Fuerte para verlo y esto la afectará aún más.

La Alcaldía actual heredó el proyecto donde se gastaría en total 11 mil millones, pero las islas tienen muchas prioridades sociales más urgentes. Aún ignora una Consulta Previa para este proyecto y el dragado del canal de acceso al muelle  de Providencia, que dañará la arqueología submarina (en parque allí por la efectividad de Fort Warwick en la defensa de Providencia y Santa Catalina) y afectará seriamente la pesca artesanal aún predominante en Providencia, haciendo caso omiso al hecho de que se hace Consulta Previa para obras en San Andrés de menos impacto étnico, ambiental y social, como el canal de acceso al muelle.

El cambio de Alcalde en Providencia complica las cosas por cuanto el anterior dejó firmado el contrato de obra a pesar de que claramente aún faltan muchos requisitos legales, técnicos y logísticos por llenar. La administración local anterior ha re-direccionado los objetivos y alcances del proyecto, que justifica para fines turísticos o patrimoniales dependiendo de quién desea convencer de los méritos de algo que, sin restauración y con daños físico y efectos socioculturales, no es claro a quien beneficia.

La actitud de las instituciones nacionales también es cuestionable. El ICANH no ha podido definir el tema del robo de la tumba de Aury y sigue dando autorizaciones desde Bogotá ignorando las implicaciones o las realidades, mientras que Patrimonio Nacional da prioridad a un proyecto comercial y turístico sobre uno de restauración y de protección patrimonial. En vez de ordenar mayores estudios para asegurar la restauración adecuada, autoriza unas plataformas para facilitar el desplazamiento de turistas para contemplar un Fort Warwick no restaurado. Esto no tiene coherencia ni muestra rigor institucional.

Por su parte, la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior ha sido irresponsable es contradecirse a sí misma sobre la exención de la necesidad de la Consulta y no ha sido lo suficientemente exigente con la Alcaldía de Providencia en relación a sus obligaciones legales frente al patrimonio étnico y los requisitos legales, haciendo uso de una vaguedad deliberada para salir del paso, sin importar las consecuencias. De momento sólo exhorta a la Alcaldía a hacer el tramite de certificación y proceso consultivo.

DEBILIDAD INSTITUCIONAL, NARCOTRÁFICO E INSEGURIDAD

DEBILIDAD INSTITUCIONAL, NARCOTRÁFICO E INSEGURIDAD

por Harold Bush Howard
La debilidad institucional en todas sus manifestaciones, como inacción y ceguera deliberada, inhabilidad o corrupción, es en gran parte responsable de la inseguridad en las islas que con fuerza llegó de la mano del narcotráfico y sus aliados las armas que se han vuelto de rigor tener, incluso para menores de edad. Frente a todo ello, a las instituciones no sólo les hace falta fortaleza interna sino prestigio o percepción de seriedad para poder solucionar esos y otros problemas.

Los grandes decomisos de drogas en los últimos meses, por cambios de tácticas y un mayor y mejor enfoque en inteligencia a nivel nacional por presión de los Estados Unidos, dejan al descubierto la aún poderosa maquinaria criminal dedicada al negocio del narcotráfico y el aumento de la actividad de venta local y transporte hacia Centroamérica, todo lo cual tiene secuelas muy peligrosas en las islas, donde se paga con muertos y mucho miedo.

Peor aún es que el último decomiso deja ver una debilidad institucional que en últimas facilita la actividad criminal y en consecuencia hace aumentar la inseguridad. No sorprende entonces que los isleños no confiamos mucho en nuestras instituciones. Un reciente estudio de la Universidad Nacional San Andrés confirma dicha debilidad y deja ver el enorme reto que se enfrentan para recuperar nuestra confianza.
El 81% considera que San Andrés es insegura, mientras el 58% no confía en las autoridades. La percepción más negativa recae sobre los jueces (44.2%), la Gobernación (35%) y la Fiscalía (33.2%). El 60.9% piensa que la policía no los protege. Esto es muy preocupante. 
La inacción de las autoridades es para muchos raíz de los problemas porque ignoran muchas irregularidades (como enriquecimiento ilícito) que todo mundo ve pero ellos no, la ausencia de sanciones penales ejemplares y los tratamientos suaves a algunos criminales que pasan, si acaso, muy poco tiempo en prisión. Todo apunta a una facilidad institucional que a falta de sanciones invita a cometer más delitos. 
Mucha responsabilidad recae en las instituciones que administran justicia. A pesar de lo evidente de las acciones criminales de la lancha recién capturada, sólo hay un arresto y nada se dice o se hace en relación al dueño de la droga del enorme cargamento. A las poderosas organizaciones detrás de la droga nunca se les toca ni se hacen las preguntas que todo mundo se hace. La Fiscalía no parece mirar más allá de sus narices.
La policía es también un talón de Aquiles en el proceso de control al narcotráfico. Hay 500 agentes en San Andrés pero entra mucha más droga ahora para consumo local. Ocurren cosas por debajo de sus narices y la barrera del idioma es una falla que facilita la impunidad.
La sociedad es tanto víctima como cómplice por su indecorosa aceptación social del narcotráfico. Un narco es visto como un héroe y su desplazamiento hacia mundo de lo institucional y político es visto como normal, tal vez por el aporte en dinero a campañas, y puede ocurrir mas rápido que un parpadeo. La comunidad debe ser más estricta y hacer más si va a exigir más. Muchos callan por miedo, desconfianza en la policía y en la Fiscalía o por aceptación de las cosas.

La impunidad generalizada y la falta de idoneidad, estrategia coherente y coordinación en las políticas públicas locales y nacionales, deliberadas o no, hacen difícil formular esquemas efectivos de control y bajar el crimen. 

Pero es necesario superar ello con urgencia porque la falta de resultados y la misma incapacidad de las instituciones frente al notable aumente de delitos, violencia e inseguridad, constituyen una seria violación a nuestros derechos humanos. 

Una solución pasa necesariamente por una institucionalidad fuerte e incorruptible que no se ve llegar y se pone peor: si la policía captura, la justicia suelta; un brazo institucional elimina lo que hace el otro. Y aún se espera una acción coordinada del gobierno local y el intento de desarmar que prometieron pero nunca hicieron.

Dólares con el cadaver 

Sin algo consistente nada pasará porque el narcotráfico no tiene límites en su capacidad de reinventarse, de reanudarse después de decomisos, de influenciar lo institucional y de causar sufrimiento. Es un mundo cruel donde ni los muertos logran escapar sus tentáculos contagiosos. El triunfo de la fortuna fácil y rápida lo justifica todo y muchos en las islas están en lista de espera para unirse a dicho mundo.
En las travesías de la droga hacia Centroamérica han habido muchos muertos, desparecidos, heridos y arrestados. Pero sus derechos no se defienden y son sólo registros estadísticos, aunque no sabemos a ciencia cierta cuántos son porque sus familias sufren en silencio, por el pesado estigma social del fracaso y del infortunio; no por la dedicación a algo criminal. Pareciera que sólo a los capturados con información que puede hundir a los grandes capos se les trata bien y casi no permanecen en prisión.
Las instituciones parecen hacer lo que hacen los capos: interesarse poco en la vida de los que hacen el trabajo duro y los que más sufren, pero aparecen protegiendo a los responsables intelectuales y a los dueños de los cargamentos.
Algunos muertos son tirados al mar y sus familiares no puede darles sepultura. Perck fue afortunado porque regresó a Providencia, y rodeado de muchos dólares. No tenía posibilidades de sobrevivir tras las heridas sufridas por la explosión de la máquina que cuidaba en el barco. Llevarlo a un médico hubiera llamado la atención de las autoridades nicaragüenses sobre el cargamento. En su féretro lo acompañó miles de dólares en bolsas plásticas con lo pagado por el viaje.
Las autoridades deben  ser más responsables en controlar la tragedia humana e institucional que acompaña al narcotráfico. La integridad institucional es uno de los pilares para ello, junto a una mayor y mejor capacidad de acción, cooperación institucional y alianza comunitaria.
Para lograr integridad institucional es importante fortalecer la rectitud y la responsabilidad de las autoridades policiales y judiciales. Una rotación de funcionarios y mayor injerencia ciudadanía ayudaría. No es normal que narcos de las islas tengan acceso directo a jueces y a funcionarios de la Fiscalía.
Pero por encima de todo es necesario ganar una batalla contra percepciones sociales sobre el narcotráfico y poder hacer que se señale como indebido y dañino y que al oponerse a ello es una virtud de fortaleza moral. También es perentorio que hayan más oportunidades para los isleños, sobre todo los jóvenes para que no caigan en la trampa de la ilusión de riquezas rápidas y fáciles.
Las becas son una solución pero muchos quedaron excluidos, sin explicación alguna. La debilidad institucional de nuevo falló a las ilusiones de muchos isleños.

OBRAS SON MÁS CORRUPCIÓN QUE PROGRESO

por Harold Bush Howard

Y acumulación de elefantes blancos. Detrás de muchas obras existe una generosidad presupuestaria a veces sospechosa y con fines oscuros, como también un trato paternalista de los gobiernos locales y nacional hacia las islas y los isleños. Han dado resultados ambiguos, contraproducentes y han beneficiado a todos menos a la sufrida comunidad isleña. 
Esto obliga a preguntarse por qué muchas se hacen, por qué salen tan costoso, por qué poco solucionan y por qué no hay más investigaciones y sanciones por la irregularidades que hay detrás de ellas, desde su contratación hasta su ejecución.
Como también por qué al hacer muchas se ignoran normas, no se hacen los controles adecuados al gasto, terminan en más elefantas blancos o favorecen más a contratistas y funcionarios corruptos que a la comunidad. 
En muchos casos la ciudadanía se ve obligada a buscar amparo legal para hacer proteger sus derechos que muchas veces son vulnerados por esas obras, en especial los de la consulta y consentimiento previo que la ley misma obliga respetar.
Por ello se generan daños en las relaciones de los isleños con sus gobernantes y de las islas con el país, serios conflictos ambientales y sociales, así como fricciones intercomunitarias y otras entre ciudadanos e instituciones que no tienen otra alternativa que exigir mediante tutelas o acciones populares el respecto a sus derechos que las autoridades tienden a ignorar al ejecutar muchas obras, como sacar Fort Warwick del control patrimonial comunitario para pasarlo al usufructo del turismo colectivo que de paso lo cambia completamente.
Existe casi siempre una retórica grandilocuente que acompaña a las obras que tienden a esconder unas características graves: la mentira, contradicciones y la ausencia de metas realistas o políticas coherentes y consistentes que las acompañan. Santos prometió agua potable 24 horas, pero no fue capaz de tomarla. El agua aún llega esporádicamente. A Bottom House en Providencia no llega hace un mes.
Las obras no denotan buen manejo del gasto público y casi siempre sucumben a los intereses políticos que van en dirección opuesta a los intereses comunitarios, lo cual hace que muchas terminan mal, si acaso terminan. Hay demasiadas abandonadas pero con presupuestos agotados, como el Tropical Park, la calle de Los Corrales o la piscina semiolímpica. Y aunque algunos los terminal, al poco tiempo caen el el desuso o abandono. No se mantiene lo que hay pero se insiste en hacer otras iguales.
Una idea engañosa de progreso
Las islas son víctimas de una estrategia o idea de progreso que engaña y depreda, donde las obras por sí mismas son señal de progreso y de logros administrativos y personales sin importan sus resultados o efectos positivos en la sociedad. Importan poco si solucionan algo, pero sí que mojan prensa y se pagan a los contratistas. 
Por eso ignoran los recursos naturales, el medio ambiente, el debido proceso, el legado histórico y arqueológico de las islas y los derechos comunitarios y étnicos. Los argumentos para hacer ciertas cosas tienden a ser débiles.
Las fricciones entre gobierno y comunidad son más preocupantes cuando se usa el sufrimiento comunitario como justificación para hacer cosas que tienden a beneficiar más a los contratistas: ¿Por qué anuncian las plantas desalinizadora como solución a la crónica escasez de agua si aún no han entregado agua constante a las casas de San Andrés? ¿Por qué agua, alcantarillado y seguridad reciben menos atención y a veces menos dinero que un hipódromo, un centro de desastres, una piscina, un parque turístico sobre una reliquia histórica, o un patinódromo? 
¿Protesta selectiva?
Pero no solo las instituciones le fallan a las islas. Nosotros también al no expresar con más fuerza una opinión o rechazo y de no exigir más. Incluso a veces instituciones y focos de opinión en el continente aparecen más alarmados en relación a abusos institucionales que nosotros de las islas.
Tomemos dos ejemplos recientes: la propuesta de convertir a Fort Warwick en un parque turístico y el dragado del canal de acceso al puerto de Providencia. 
Ambas destruirán reliquias arqueológicas que datan de 1629. Por ser zona de naufragios, uno de los tres más importantes del país al lado de Cartagena y Santa Marta, por su papel histórico en las rutas marinas y la rivalidad imperial entre España y la Gran Bretaña, hay muchas cosas por recuperar y preservar: el famoso explorador y navegante Mauricio Obregón aseguraba que hay por lo menos 950 sitios arqueológicos de considerable interés. 
De allí que a la isla han llegado últimamente muchos cazadores de fortunas y es por lo tanto urgente hacer algo para proteger el patrimonio sumergido isleño.
Las instituciones administrativos y sociales locales han mostrado poco interés en el tema del patrimonio, lo cual contrasta con su retórica de buscar recuperar aspectos culturales y patrimoniales. Las políticas patrimoniales las manejan desde Bogotá y la Gobernación y Alcaldía poco interés han mostrado en el tema.
Las pocas voces de protesta locales aún no han tenido eco en las opiniones del liderazgo raizal tradicional o en las instituciones locales que velan por el respeto al patrimonio y a la protección cultural e histórica. ¿Dónde está el Consejo Departamental de Patrimonio y Cultura que para nada defiende Fort Warwick?
Sugiere esto una formulación selectiva de oposición a acciones gubernamentales, en parte por fatiga de tanto pelear y en parte por desinterés en lo que pasa en Providencia porque parece importar más lo que pasa en San Andrés.
¿Por qué tanta insistencia en la consulta previa para el canal de acceso al puerto de San Andrés y no para el de Providencia donde podría causar más daño ecológico y a nuestro patrimonio histórico?
¿Por qué insistir en identidad y cultura raizal cuando el elemento tangible más importante que ayuda a cimentar, preservar y transmitir cultura e identidad a las nuevas generaciones saldrá de esa órbita raizal de protección patrimonial para pasar a la del turismo masivo y depredador que de paso vulgariza y comercializa un bien considerando sacrosanto para la identidad étnica?
¿Por qué insistir en recuperar el lote de la Policía si se cede en bandeja de plata a Fort Warwick al turismo depredador y posiblemente a un operador?

Los gobiernos a veces hacen lo que les da la gana y han manipulando los procedimientos de ley, como las entradas a la SECOP. No sorprende entonces que existe una percepción de gobiernos perversos e irresponsables que fijan metas no de tipo social o cultural sino guiados por los límites del gasto y las aspiraciones contractuales de particulares. A veces se da la sensación de que muchas obras siguen un patrón de negocios más que un intento de solucionar necesidades. 

Es tiempo de que los entes de control emitan su veredicto con respecto a las contratación en las islas que han beneficiado a todos menos a los que deberían beneficiar. Es tiempo de la prometida revisión del Plan Archipiélago y una explicación de su fracaso.

UNAS ELECCIONES QUE REPITEN UNA HISTORIA AMARGA

 por Harold Bush Howard

Estas deberían ser una de las elecciones mas importantes en la historia de las islas, pero emulan los errores cometidos en contiendas pasadas que terminaron con dos Gobernadores en prisión y la negación de un mejor futuro para las islas a pesar de tener el mayor presupuesto de inversión en su historia por la generosidad nacional post fallo de La Haya de 2012.

El mensaje que nos deba la contienda electoral es una de absoluta continuidad. Hecho evidente por la financiación oscura de las campañas, el juego sucio, la falta de planes viables, los inadecuados controles ciudadanos durante la campaña y hacia lo proyectado del candidato ganador, la manipulación de la información, caras viejas y desprestigiadas que acapararon contratos durante la era Guerrero-Housni y que vuelven y juegan como si nada, entre muchos otros.

De hecho, personales en problemas otrora poderosos apuestan a respaldar candidatos a la Asamblea para que una vez adentro les protegen las espaldas y con poder negociador y de influencia ante entes de control les prepara un mejor camino frente a investigaciones y problemas legales.

Pero hay mucho por perder y mucho por recuperar y lo que menos importan son las islas y un proceso democrático y gubernamental limpio y de cambios. Hay mucho en juego y por eso los poderes políticos y los personajes dominantes se pelean abiertamente por controlar o recuperar la cartera pública.

Por eso están muy polarizados y por eso generan a propósito muchas divisiones y mucha polarización entre los isleños, como estrategia electoral. Por eso un fuerte debate se está dando en medios sociales entre simpatizantes de los diferentes candidatos, mientras los candidatos tratan de mantener la calma, o dan la apariencia de mantenerla. El trabajo sucio lo hacen otros, pero ellos nada hacen para apaciguar los ánimos o condenar ese trabajo sucio.

Al mismo tiempo se observa una increíble disciplina y precisión de esos mismos candidatos en presentar sus programas de gobierno para ganarse el voto de los isleños, aunque hay que reconocer que se observa más una preocupación por llegar al poder diciendo lo que desean los isleños saber más que decirles la verdad lo que se va a hacer o lo que se pueda hacer. Esos programas merecen mayor escrutinio. Pero la contienda es una de personajes y no de planes y acciones. Es una contienda de fanatismo personales hacia los candidatos y no hacia las perspectivas de desarrollo de las islas. Se voto por X persona por su experiencia o su apellido, pero no por lo que ofrece a las islas.

Irradian optimismo y confianza pero ello esconden muchas cosas. Aún faltan, por ejemplo, muchos detalles sobre ómo van a financiar las cosas que prometen o si se podrán llevar a cabo. Las promesas aún distan mucho de la realidad.

Los isleños merecemos tener detalles precisos y perspectivas realistas y mientras más los haya más confianza ciudadana habrá en los candidatos. Los ojos isleños están bien abiertos y hay más interés en escrutinio a todo lo que se hace y se dice.

Pero no dar ciertos detalles (como ruta de acción y financiación) podría ser una forma de manipulación del electorado, que van a la par con sofisticadas técnicas de hacer quedar mal a los contrincantes y generar miedo e inseguridad para favorecer sus aspiraciones.

Se resalta la inexistencia de detalles de programas de contrincantes para favorecer a los supuestos candidatos expertos, pero igual se resalta las debilidades de la experiencia de otros por cuanto ello abre el camino para conocer en detalles cómo manipular el proceso de contratación para beneficio personal. Al final de cuentas se generan dudas sobre si la experiencia o la inexistencia valen más y el elector pone mucho énfasis en la cuestión de la hoja de vida, más que en las virtudes éticas y morales del candidato que podrían garantizar una buena o mala administración.

Los programas no son señal de que quien salga elegido hará un bien gobierno. Una cosa es ver si cumple con su programa y propuestas el que sale victorioso, por lo que no necesariamente dicen mucho sobre las perspectivas del nuevo Gobernador. El programa de Ronald Housni hablaba de 100 proyectos y de poner salud, movilidad y seguridad como prioridad pero en los tres frente se invirtieron miles de millones pero terminaron en crisis.

El error de muchos es precisamente concentrarse en el gasto más que en los impactos del gasto. Es un error en el que caen muchos gobiernos, pero en el caso nuestro el enorme gasto disponible terminó en un período de corrupción jamás visto en las islas.

Por eso el backdrop de las elecciones es dramático con las islas en la mitad de la peor crisis de que se tenga memoria y sus dos últimos Gobernadores elegidos en prision. Ante ello uno pensaría una forma distinta de hacer las cosas con menos ímpetu en la cuestión partidista responsable de la crisis por su acción o inacción. Pero el aparato partidista de nuevo controla todo y determinará quien quede de Gobernador.

Por eso un aspecto que llama la atención es la enorme inversión de dineros particulares en las campañas, provenientes de diferentes fuentes, algunos ilegales como dinero del narcotráfico e incluso de corrupción gubernamental. Se roba del Estado para volver a controlar el gasto de dineros estatales.

Ante la reciente crisis se esperaban algunos cambios pero el proceso electoral apunta a un continuidad. Una tragedia anunciada porque se ven tendencias similares a las que desencadenaron la crisis política y administración de la cual aún no sale las islas y las elecciones la están profundizando más que acabando con ella.

NUEVA GOBERNADORA LIBERAL: ¿VIEJOS TRUCOS PARTIDISTAS?

NUEVA GOBERNADORA LIBERAL: ¿VIEJOS TRUCOS PARTIDISTAS?
por Harold Bush Howard

Se acercan tal vez las elecciones mas importantes en la historia de las islas y el mensaje del electorado es claro y contundente: hay desespero por cambios. Pero el nombramiento de la nueva Gobernadora y la maquinaria electoral tradicional a full trote y recurriendo a los trucos de siempre son indicios de la poca probabilidad de que eso pase.

Esa maquinaria partidista parece ignorar todo lo que ha pasado y ni siquiera se ha disculpado por la crisis de las islas de la cual es en gran parte responsable. Más bien se muestra fortalecida al haber ganado una tutela que le permitió recuperar poder. 

Deja la sensación de que primero el partido, y luego las islas. La avaricia de poder partidista pudo más que el desprecio por la crisis. El tiempo del cambio le favorece a dicho partido.

El nombramiento de una gobernadora de las islas, raizal, mujer y conocedora del tema de derechos humanos que adquiere cada vez una relevancia enorme por su nexo en el tratamiento de muchos temas locales pertinentes, debería ser motivo de celebración. Aunque en su puesto anterior como Defensora del Pueblo mantuvo un perfil bajo en relación a asuntos locales que afectan los derechos humanos de todos los isleños, en especial la sobrepoblación, el medio ambiente y los servicios públicos.

Pero el nombramiento ha aportado otra razón y mayores argumentos para las divisiones entre los isleños y ha dejado un sabor amargo en muchos debido a su enlace y significado político y partidista, algo hecho más relevante y evidente en razón del momento en que se hace, a escaso mes y medio de las elecciones.

No es mucho lo que se puede hacer de aquí al 31 de diciembre cuando debe entregar el poder al nuevo Gobernador y bajo Ley de Garantías hasta finales de octubre, pero aún hay mucho dinero por gastar y de momento se desequilibra de cara a las elecciones la balanza política y burocrática que habría asegurado parcialmente el nombramiento temporal de Herrera y esto hace sospechar un favoritismo político hacia las candidaturas para Gobernación, Asamblea, Alcaldía y Concejo Municipal que respaldan el Partido Liberal.

Más incertidumbre 

El nombramiento por lo tanto es propenso a crear más inestabilidad e incertidumbre y a profundizar la crisis política y social, al tiempo que no entrega garantías suficientes de unas elecciones libres de intervención política por cuanto claramente favorece a un partido.

Ha tenido reacciones diversas y encontradas y ha ahondado las divisiones a lo largo de líneas étnicas debido al menor apoyo entre la comunidad no raizal.

Esto debería preocupar a las islas en general y a los raizales en particular. Deja la sensación de que los raizales aceptamos a cualquier persona en un cargo con tal de que sea raizal y ponemos a un segundo plano otros aspectos como nexos políticos que en condiciones normales hubieran sido considerados inaceptables y hasta tóxicos, como la cercanía a los Housni.

Hubo presiones para sacar a Herrera porque no era raizal, pero se acepta una persona raizal con un nexo político que preocupa a muchos. ¿Se aceptaría que una persona raizal se quede en un cargo sin importar aspectos colaterales como pasado, corrupción e ineficacia? La manera selectiva en que se escogen los argumentos le quita peso a las luchas de las diferentes facciones en que está dividida la opinión pública isleña.

Ha sido bien recibido por la comunidad raizal, aparentemente porque ella es raizal. Como si la afiliación política y el nexo de años con los Housni no importara. De allí que emite señales de más continuidad que de cambios.

Por otro lado, obliga a cuestionar no solo las maniobras de los políticos locales, sino la eficiencia, interés en atender los problemas de las islas y falta de visión futurista del Gobierno Nacional por el manejo poco serio y sin referencias democráticas de los asuntos de las islas: un solo Gobernador, en vez de cuatro desde la forzada salida de Ronald Housni, habría sido lo más óptimo porque habría concentrado mentes, esfuerzos y recursos para soluciones requeridas. ¿Porqué no se hizo?

Además, frente a presiones comunitarias de cambiar a Herrera, se rechazaron argumentos de defensa de derechos humanos de los isleños pero se aceptaron los de derechos políticos partidistas. Una ironía que no se nos escapa si recordamos que la nueva inquilina del Coral Palace es la anterior defensora de los derechos humanos de todos los isleños.

Los líderes políticos locales nunca se mostraron muy a favor de la defensa de los argumentos democráticos y el legítimo clamor isleño de un proceso político de tinte no partidista para superar la crisis, a pesar de los generosos favores burocráticos y contractuales que Herrera les extendió. Una terna de figuras independientes les hubiera servido mejor a ellos y a las islas.

Las ansias de poder partidista se evidencian también en el perfil de la nueva Gobernadora. Representa mas seguridad política partidista que perspectivas de buena gestión administrativa y gubernamental. 

Alguien con activa participación en la esfera partidista no necesariamente es la persona más idónea para unir a las islas, garantizar una Gobernación neutral en las elecciones o asegurar una gestión y gobernabilidad óptima en 3 meses y medio. 

¿Un paso hacia el pasado?

Todo ha tenido el efecto inmediato de evitar que las islas puedan pasar una página amarga en su historia y revive memorias de los fracasos de los dos últimos gobiernos.

Una Gobernadora con una cercanía histórica a un desprestigiado cacique político con serios problemas con la justicia no permite avanzar. Es imposible desprenderse de la noche a la mañana de esa relación. Todo es contrario a las promesas de limpieza de la administración pública hechas por el Presidente Duque que claramente de manera tímida, si acaso, abanderan políticos y partidos locales.

El nombramiento muestra las contradicciones y debilidades del proceso político y la hipocresía del sistema legal electoral, que favorece no el proceso democrático y la transparencia, sino la continuidad de las acciones depredadoras de los partidos, sin importar el daño que puedan causar.

Fantasmas del pasado 

Está intrínsecamente ligado a otros elementos del pasado que presagian más continuidad e injerencia partidista que trascendencia democrática. Hasta ahora vemos un debate electoral poco profundo, muy de tinte personal y hasta con algo de fanatismo político.

De hecho los partidos y agrupaciones políticas son y se representan por personas más que por ideas. Son las personas los que las definen, no las ideas que quieren transmitir en políticas cuando llegan al poder. De allí que poco se hace pero se gasta mucho y se roba mucho.

Las promesas de cambio simplemente no convencen. Y no solo por sus debilidades internas. Tienen un telón de fondo tradicional con respaldo partidista tradicional (valga la redundancia) que reflejan los controles políticos tradicionales de siempre, que se verán fortalecidos y tendrán rienda suelta con una figura política al mando del Coral Palace. 

La capacidad de captación de votos de la maquinaria electoral partidista opaca la necesidad de un sólido debate alrededor de acciones necesarias para asegurar un triunfo. Con razón no se ven programas convincentes para sacar a las islas de su crisis. Hay además una concentración en gastar más que en entregar resultados, así como en los trucos y en el ilusionismo informativo.

Se observa una atención exagerada a la experiencia o inexperiencia de los candidatos, algo que bordea en un culto y un debate histérico en torno a la personalidad y sus hojas de vida. 

Esto corre el riesgo de desviar la atención de la necesidad de un adecuado escrutinio para asegurar que no hayan más elefantes blancos, contratos millonarios de utilidad solo para los contratistas e inversionistas en campañas y más despilfarro de dinero. Aún faltan muchos detalles sobre cómo van a financiar lo que prometen y cómo llevarán a cabo programas.

Los candidatos hilan delgado y lustran lo que dicen o hacen, pero el electorado debe estudiar palabra por palabra, acción por acción, propuesta por propuesta.

Recordemos que Ronald Housni prometió más de 100 obras, salud, seguridad, oportunidades y sueños de una vida mejor. Pero entregó una verdadera pesadilla y su gestión le negó una mejor vida a los isleños. Y muchas de sus obras están incompletas con todo el dinero gastado o ya convertidas en elefantes blancos.

El elector podría parar la vuelta al pasado. Tiene la última palabra. En juego está no solo una mejor vida para todos los isleños sino el futuro de un proceso político más transparente y eficiente en las islas.

OLD PROVIDENCE: THE HUMAN TRAGEDY OF DRUG TRAFFICKING

OLD PROVIDENCE: THE HUMAN TRAGEDY OF DRUG TRAFFICKING
by Harold Bush Howard

Drug trafficking is ruthless, and causes a lot of damage to individuals and society. It can put young people, especially the vulnerable, desperate or ambitious, on a dangerous path and an uncertain, dangerous and unstable future. 

However, it has hidden agendas and benefits for those involved in it or responsible for it, like the late Pablo Escobar, who do not seem to care about that, and think they are doing a great favour to society. 

They lose their sense of reality, and become even more greedy and obsessed with power and money. The more money they get, the more they want and would do anything, even to kill, to make sure they can continue with their business, just another business, which is responsible directly or indirectly for the death of many islanders. 

The cruelty affects a lot of people but also can destroy entire communities. It has a human face and it does not look good. It is destroying Providencia, and to some extent San Andrés. The drugs business has brought hundreds of powerful guns (even bazookas) which is now fuelling a crime wave. The killings have gone, for now, but burglaries and muggings have increased dramatically.

The raw reality of the consequences of drug trafficking for individuals and society, that use Providencia as a stepping stone to get the stuff from mainland Colombia to the US, is portrayed in a very moving and well produced documentary called ‘Old Providence: Trip with no Return’ (Providencia: un viaje sin regreso). 

It was presented to the public of Providencia in June and received much praise for the direct and unambiguous way it presents the tentacles of a cancer which is destroying the island and several families. The victims themselves tell their story.

It is produced and directed by three acclaimed Colombian women and independent producers, Luz Marina Livingston, Lupe Herrera and the well-know El Tiempo columnist Salud Hernández-Mora.  

It is the result of many years work by these three women who have been investigating and documenting the human tragedy of the drug business which uses men from Providencia, young and old, to edge the white stuff closer to the US border for rich people to consume, who of course are not bothered how it gets to them or what happens to those people who make sure this happens. 

The documentary portrays that human suffering through the eyes of the wives of the men who did not make it. These women are stigmatised if their men fail, so they suffer in silence. If they are successful they lead normal lives living off the pursuits of a highly dangerous and illegal adventure.

Some of their men were either caught and are now imprisoned in the US (in Tampa) and in mainland Colombia, or were killed or simply vanished from the face of the earth.

In front of the camera we see wives and partners of honest people who inherited from their ancestors an innate ability to navigate long distances in the Caribbean Sea, which make them the ideal people to guide these go-fast launches full of drugs from the Colombian mainland to the islands and from there to Central America, sometimes all the way to the border with México. 

Beyond the news

Most people only see in the news when a big haul of cocaine is caught. But never stop for a moment to think what lies behind it all. What makes people as young as 18 put their lives at risk and the chance of getting a criminal record and years languishing in a dirty jail. 

Or why wives and partners portrayed in the documentary put up with men who are so reckless as to abandon everyone, even their young sons and daughters, and everything and risk getting caught. 

Money and quick riches are the big draw, but also desperation, as there is nothing for them to do on Providencia as opportunities are scarce. If they are successful they do not have to work for a while. It is a risk they think is worth taking, knowing the consequences.

Of course sometimes, some say most of the time, there is the adrenalin, the thrill and, if a ‘trip’ is successful and the drugs reach safe passage to the US, without anyone getting caught or the expensive merchandise being lost, they can have a good life. 

The risks are enormous and wide-rainging. Apart from the legal issues if caught, there are dangers of an accident and pirates on the high sea with powerful guns. For this reason the men from Providencia carry guns with them, most of which end up on the streets of San Andrés and are causing a lot of trouble: they have been used to commit over 50 murders in the last couple of years and for the recent wave of insecurity, which is causing an outcry, especially as the authorities seem incapable of controlling it.

Some people involved become very rich, but all in all the consequences are very negative for individuals and society as a whole, especially in a small and close-knit community like Providencia.

Think of the agonising wait of these wives and partners for the return of their men doing something which is damaging to others and themselves and their families, but also can bring them years of a comfortable life.

Think of their suffering when it all ends with sad news. They can consider themselves lucky if their partners or husbands are caught. Yet it is still the beginning of an odyssey, a legal and psychological one. Many return to Providencia after years in prison but made another person, with serious psychological scars which force them into more illegal activities or a return to another trip. 

Some become alcoholics or drug addicts. Some suffer from severe depression. We have seen several cases of people overdosing themselves. Some have committed suicide. There are several drug addicts on the islands who are causing a lot of trouble and committing crime to pay for their addiction. One has burnt down more than one house.

The complicity of silence, everywhere 

There is silence not only on the way these women victims wait for their loved ones to return from jail or from a trip, or to mourn them. The community keeps quiet about it because many see drug trafficking as just another business, another job. After all, they do not expect their sons and daughters to consume this dangerous stuff, and they can become rich just by carrying it.  As simple as that. 

The community becomes complicit also because there is shame and fear. The bosses are people no one wants to touch. They are powerful and can destroy lives or kill anyone who gets in they way. 

People know every time a boat leaves Providencia with drugs, who is in it, when it returns. They know how much money comes back. The traffickers use a complicated system to distract the coastguards, something easy to do because they know the islands and seas better that these military personnel from mainland Colombia. No one says anything and even if they do nothing happens. 

The drug barons are so powerful and resourceful that sometimes not even the police or coastguards have the resources to challenge them. Or perhaps they do not want to. Almost every attempt to do so has ended in failure. And even when someone is caught he is released in no time because the bosses pay off the prosecutors and judges.

The silence is also official and this is more worrying because the people capable of stopping this cancer seem incapable, or unwilling, to do something. They should do more. People see what is going on, and sometimes complain, but the authorities refuse to act. No one takes notice of sudden riches, a clear sign that someone might have benefitted from a trip. 

The BBC alleges that 800 islanders from Providencia are imprisoned in Tampa or have disappeared during a trip. It is certainly not that much, but it is more than the 28 claimed by the Colombian government. We will never know the real numbers because many families suffer in silence the loss or imprisonment of their loved ones. Many wives deal with their ordeal in silence because of the shame they feel. 

But this very interesting and well produced documentary gives them a voice and shows the crude reality they face. It goes beyond the statistics and looks into the human tragedy of the drug trafficking. Men do the nasty work and woman and children suffer the most, or benefit the most if their men come back alive or with money from their bittersweet activity. 

DISCOVERING HISTORY, RECOVERING AN IDENTITY

DISCOVERING HISTORY, RECOVERING AN IDENTITY
By Harold Bush-Howard
(PhD International History, LSE; native of Old Providence Island; columnist for local newspaper El Isleño).

This book should have been published a long time ago. It makes a tremendous contribution to the history of this small but historically significant Archipelago, and in particular of Old Providence, an island of British Caribbean tradition, which is currently struggling to survive being part of a Latin American country where cultural assimilation is destroying its rich Caribbean culture and heritage. The islands within the Archipelago were colonised by British settlers but were always legally part of the Spanish Empire, as confirmed by the United Kingdom by the Treaty of Versailles in 1783. Colombia inherited them when the Spanish Empire disintegrated at the beginning of the 19th century.

The Archipelago is also confronted by several problems such as destructive mass tourism, drug trafficking, overpopulation, extreme poverty, limited public services, ‘Favela’-type settlements by mainland immigrants, lack of opportunities for the native islanders (also calledRaizales) and the ever eroding control of the destiny of the islands by these ‘historical’ native inhabitants who speak English-Caribbean creole, also called Standard Caribbean English. 

The issue which concerns us, and which this book brilliantly shows, is in relation to the severance at the beginning of the 20th century of the very strong historical and socio-cultural links the native islanders had with the British Caribbean when a shift to stronger links to the Colombian mainland began. This shift has led to a serious process of cultural dislocation for the local native population, currently struggling to survive and to maintain a Caribbean identity in the context of a process of Colombian national sovereignty policy which favours a more Latin American profile. 

This process of integration has also resulted in the reduction of the influence of the native islanders on both economic and political fronts, which in turn have had, and continue to have, an impact in deepening cultural erosion and in weakening the local Caribbean identity, a process of social and cultural disintegration, tantamount to identity crisis and to what sociologists and local leaders consider to be cultural genocide.

Sadly, over many decades, there has been, and continues to be, a complete lack of interest by the Colombian government and its agencies in doing anything meaningful to secure the survival of the Caribbean identity of the Archipelago, which is the largest of the 32 Departamentos into which Colombia is divided, even though they are mandated by international laws and by Colombia’s Constitutional Court to act to preserve this identity. This Court has stated that the British Caribbean identity of the islands is part of the intangible heritage of Colombia and must be protected at all costs. 

The lack of official action by the Colombian government is up to a point being dealt with by the private sector on the Archipelago and by social groups which are becoming increasingly more and more vociferous and confrontational with the Colombian authorities in order to procure appropriate actions for the islands to achieve more autonomy in respect of cultural and other affairs.

These social groups work hard to improve the situation and, most importantly, to rebuild the damaged, disorientated and dislocated identity of the English-speaking local population, by rescuing and in many instances re-writing and re-interpreting the rich and distinguished history of the islands. This book therefore could not have come at a more opportune time.

At this time when in every single corner of the world the respect and protection of ethnic minorities is paramount, it appears that the Colombian government is doing exactly the opposite and for this reason the struggle for survival of the cultural identity of the Archipelago is even more difficult and poignant. 

This book is a wonderful read and it is the most comprehensive and detailed published to date on the history of the islands from the mid-17th century with the arrival of the first Europeans to colonise the islands to the beginning of the 20th century when Colombia began to initiate policies to make the islands more Colombian and Latin American, as up to that point they had virtually been self-sufficient and to some extent self-governing. This book will therefore make a major contribution to the knowledge of the islands, as it draws information from sources not covered beforehand, many in the United Kingdom.

An interesting aspect of this contribution is that, if it had been published before 2012, it might have been of great assistance in persuading the judges at the International Court of Justice (ICJ) in The Hague not to issue the ruling which handed over most of the waters surrounding the Archipelago and the traditional rich fishing grounds of the native islanders going back two centuries to Nicaragua, as it would have provided the judges with some real historical, cultural and economic information which could have helped them to apportion historical rights relating to fishing activities over those very lost waters. 

Descriptions made by two American visitors to the islands in the 19th century relating to fishermen going from Old Providence to the nearby cays are tremendously important facts which could have at least indicated the importance of fishing as an activity of ethnic survival in a historical and cultural context, and could have likely secured continuity of the waters of the Archipelago for the native islanders and not what it is now, whereby the cays belong to the islanders but are enclaved and separated from the rest of the Archipelago, meaning that fishermen now must sail through Nicaraguan waters to get to these fishing areas.

These are powerful historical facts which create a legal precedent, but sadly we did not have the benefit of these facts here presented by Sam, and the Colombian legal team did not bother to fully research for them which would have proved a very significant link between the native fishing community and the islands, cays and atolls within the Archipelago, and the significance of these for their food security over two centuries.

Proving sovereignty over waters is a complex matter, and for this reason the ICJ tends to use equidistant mean lines, although the historical rights of the local fishermen on traditional fishing grounds tend to be respected, irrespective of which country the waters are apportioned to, as one can infer from another ruling in 2012 by the ICJ issued prior to the ruling referred to above.

If the Colombian legal team had been sufficiently motivated to put the interests of the islands and its proud native population within the legal framework of this case, matters may well have turned out very differently. The Vice-President of the ICJ has himself suggested on the record this possible outcome, had arguments been presented by Colombia, specifically mentionIng the historical and cultural rights of the native islanders.

As this book shows in a historical context, and because of the islands’ extraordinary location, their entire history and that of their people’s survival as an ethnic group revolves around its surrounding waters, which also form an important part of their identity and socio-economic activities. 

When the native islanders fully understood the very negative consequencies of 2012 ruling, they became angry with Colombia, not with the ICJ or Nicaragua. It was seen as though their own country had made no effort to defend their interests, had let them down and had betrayed them by ignoring their existence, as officially since the beginning of the 20th century it has been state policy to integrate the native islanders into Colombia via a policy of assimilation by homogenisation, commonly called a process of ‘Colombianization’. 

As a result of this fallout, and subsequently as a sop to its failure to defend the native islanders’ fishing rights, Colombia has announced a major investment programme for the islands, which to this day has not made a significant contribution in any front. Mentions have been made to cultural protection and rescue but nothing meaningful has been done.

The fallout pushed native islanders away from Colombia (but not closer to Nicaragua) which at the same time struggles to respond as the locals want more autonomy, something Colombia has been reluctant to grant despite the fact that Article 310 of the country’s Constitution mandates it, and instead is trying to reach a compromise whereby the national sovereignly is not eroded. In this context, Colombia appears prepared, albeit with a high degree of ambivalence, to give locals a larger degree of autonomy (and has promised legislation in the form of a special status via the Estatuto Raizal, which is embroiled in legal arguments and political and bureaucratic complexities) but it is still reluctant in its promise to help native islanders to rescue their identity and culture. This stalemate appears to favour Colombia.  

The relevance of The Hague ruling is not only that the case highlights the historical links ignored by Colombia with the islands’ hitherto de facto colonial master and source of its identity, i.e. Great Britain and the British Caribbean, but also the native islanders see it as a sign that Colombia is just not interested in them but solely wants the islands and what is left of the surrounding sea as part of its sovereign territory. 

This view is reinforced by recent events when the tomb of Louis Aury on Fort Warwick on Santa Catalina was desecrated and plundered and the local and national authorities failed to respond adequately, which meant that there was a cover up and his remains, uniform and his two swords plus valuable possessions were stolen. Locals claim the remains were dumped into the sea. Native islanders see Aury as of more importance to the islands than Simon Bolívar as Aury liberated the islands form Spanish rule, a matter which does not fit into the Colombian official version of assimilation and formation of national identity which insists that locals are pure Colombians (even though many do not feel Colombian) and Bolívar was the hero and liberator. 

It is seen also by many as a sign of Colombia’s desire to eradicate the islands’ British Caribbean heritage and its link to all that such thing represents for the identity of its native population. The attempt to destroy the locally spoken creole language is another sign of this national sovereign policy which violates the native islanders’ cultural and ethnic human rights.

This book is the result of a tremendous work done singlehanded by a proud Irishman who fell in love with Old Providence and, seeing a gap in its history and the understanding of it, for many years researched in libraries and archives in the United Kingdom and elsewhere to try to fill those gaps and to understand these unique islands a bit better. Sam therefore presents us the history Old Providence and the archipelago from its real historical side, its British Caribbean side, which controlled its identity well into the 20th century. 

Now the islands have lost most of their Caribbean character and are in search of a soul as they become more Colombian, while the population tilts towards the Spanish-speaking mainlanders, and they have now become caught up in geopolitical issues involving Nicaragua which affect the native community which is now cut off from their relatives next door in that country, which Colombia treats as ‘the enemy next door’, precisely because the local population has more historical and cultural affinity with the native creole speaking Nicaraguans in the Corn Islands and Bluefields, which are literally next door and therefore much closer than to mainland Colombia.

As Sam himself clearly shows, the book mirrors the impact Old Providence has always had on visitors, who feel the need to know more about it, to enjoy it as much as possible through the understanding of its fascinating, glorious and very interesting past as an important player in the early history of British colonialism, which is so sadly affected nowadays by drugs, violence and the loss of the cultural identity of its native English speaking British-Caribbean-Colombians.

The islands have been through a lot over the centuries. They are unique for being remnants of a British colonial enterprise. They have always been special and of strategic importance for several pirates between the 17th and 19th centuries who used them (mainly Santa Catalina) as a base to sack Spanish colonial cites in Central America and to plunder Spanish ships on their way back to Spain laden with gold and silver. 

The Puritans went there to farm all the way from England, and later on English and Scottish settlers in Jamaica did the same, and from there to conquer and colonise the Miskito Coast and parts of Panamá in the name of the British Crown. Those British Jamaicans, who became Colombians since 1822 although most of them did not speak a word of Spanish, continued farming on both islands well into the 20th century.

Nowadays Old Providence and Santa Catalina retain much of their original charm and cling on to a good level of sustainable tourism, whilst the sister island of San Andrés is a thriving, yet a very cheap and cheerful tourist destination. But yet again for their strategic positions they are used as a transit point for drug trafficking which has sucked in a lot of the skilled young seaman of the islands (a tradition of centuries inherited from their British-Jamaican grandparents) who end in a spiral of death or, if they are lucky, languish in a prison in the US, Colombia or Honduras.

The book covers a period when the history of the islands is dominated by the native islanders, with strong commercial and social links to the British Caribbean, a period which the social groups fighting for survival are looking back to for inspiration.  Only at the beginning 20th century, where the book ends, does Colombia begin to exercise real formal sovereignty over them and their character changes completely, which coincided with Colombia having ended a period of internal political struggles and started to consolidate herself as a nation-state, reinforced with the loss of Panamá in 1903. Homogeneity was a weapon used and the islands’ English speaking people began to suffer, a matter which ironically coincides with lack of attention to the economic and social welfare of the native islanders, a matter not properly addressed up to this day.

This book thus has elements of nostalgia and emotional regionalism filled with a need for identity and will make a contribution to that quest for a better understanding and through that recovery of an identity which is damaged and sucked into a different and larger one, a process condemned by native leaders as a modern form of colonialism.

Many islanders consider themselves Caribbean ahead of Colombian, and therefore this is at the heart of what being a native islander is today. Yet the islands are now so firmly Colombian that the native islanders are a minority on their own islands, a mere 35% of the population, because since the 1950s Colombia has used migration of Spanish-speaking Colombians as a means of weakening the dominance of the economy by the local native population by exerting stronger national sovereignty based on them becoming more Latino-Colombian in their character. 

Colombia is not able to cope with having native islanders as the ‘enemy within’ and so has therefore outnumbered them with Spanish-speaking mainlanders in the process of homogenisation and assimilation.

The irony of the Colombian misleading, illegal and inhumane sovereignty policy, which clearly intends to weaken local identity, is that now Colombia has a legal obligation acquired through signing Convention 169 of the International Labour Organisation (domestic Law 21 of 1991) to protect the native islanders as a minority ethnic group. It is also mandated to protect the native islanders by her national Constitution, an obligation which has been challenged but upheld on several occasions by the Constitutional Court. 

So, from trying to undermine and destroy the local identity through assimilation, Colombia now has national and international obligations to protect the native islanders. But Colombia is known as a country of many laws, many of which are never enforced, which means that not much is expected by the native islanders, thus forcing them to push for changes through strikes, protests and on two occasions closing the main airport for all but urgent landings for supplies and medical emergencies. 

But whatever Colombia concedes, if anything, will not entirely solve the issue of identity and the recovery and maintenance of the history, language, culture and traditions of the native islanders because of the strong national assimilation process; yet at the same time it will not prevent the destruction of a special ethnic group moulded by a rich history. Sam’s book clearly demonstrates this and I hope will contribute to the recovery  and maintenance of that rich British Caribbean tradition, to a quest for a stronger Caribbean identity via a better understanding of the local history which effectively did not have much to do with Colombia until the beginning of the 20th century when the book ends.

LO RAIZAL EN EL CONTEXTO AFRO EN COLOMBIA

LO RAIZAL EN EL CONTEXTO AFRO EN COLOMBIA
por Harold Bush Howard, PhD *
(AFRO UN, Universidad Nacional de Colombia, 3 de mayo de 2019
1pm, Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas, salón 204)

Resumen: visibilizar y dar a conocer las particularidades históricas y socioculturales del pueblo Raizal en el contexto colombiano; abordar el tratamiento particular por parte del Estado colombiano que se da por la posición estratégica y la importancia geopolítica del archipiélago, que hacen que se hayan  implementado políticas de soberanía y de integración que han afectado la unidad étnica, lo cual la ha puesto en una posición precaria y en vías de desaparición o continua creolización o asimilación dentro de su propio territorio histórico y étnico.

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Precisamente por esa particularidad histórica y sociocultural es que pocos en las islas abogan por un acercamiento a las acciones de reivindicación con las otras comunidades afro, y porque muchos no lo ven como un comunidad afro sino simplemente como una comunidad étnica insular distinta a los otros por el aporte británico a la etnia nativa de las islas, mal llamada raizal.

Ese tratamiento difiere de lo otorgado a otras etnias seguramente por la importancia estratégica de las islas y se quería asegurar el espacio territorial sin importar la población que las habitaba. 

Esto ha llevado al Estado central a tener que asegurar la lealtad de los mismos y a través de ello asegurar soberanía, desafortunadamente con mecanismos que han afectado a la misma y que han resultado ser contraproducentes porque al día de hoy hay un alto porcentaje de isleños nativos que no se sienten colombianos, aunque esto no implica que vayan a aceptar la separación del país, lo cual explica el poco avance de AMEN y del Estatuto Raizal, dos actores protagónicos en los últimos 20 años.

Este proceso ha llevado a la formación de grupos separatistas, AMEN siendo el más reciente. Abogaba por la autodeterminación, aunque la posición de ésta es ambigua y parece no querer ser abiertamente separatista. Ha izado una bandera y ha declarado la independencia en un acto en San Andrés hace unos años. Pero el fallo de La Haya pudo haberle dado un impulso. No se aprovechó.

El nombre mismo de AMEN nos dice mucho. Amen-SD: Archipelago Movement for Ethnic Native Self-determination.
1. Auto-determinación 
2. Native: NO USAN EL TÉRMINO RAIZAL. Uso controvertido regular, que en sí representa la ambigüedad que enfrentan los movimientos sociales raizales en relación al país: es una palabra rebuscada del castellano para identificar a un comunidad de habla anglosajona. Muchos tenemos preferencia por el uso de Isleño nativo. 

Desde 1900 ha habido un esfuerzo en asegurar la lealtad nacional de los raizales, antes no había mucho interés en asegurarla como política de Estado:

Entre 1822 y 1900 las islas vivían un período dorado de la raizalidad, caracterizado por el abandonado colombiano pero una autonomía casi total en el manejo de las islas que se verá destrozada después de que se consolida el estado con la Constitución centralista de 1886 que traduce el espíritu de integración nacional tras años de guerras civiles, una percepción de unidad nacional que se reforzaría con la pérdida de Panamá. 

Las políticas de soberanía por integración cultural en las islas fueron llevadas a cabo inicialmente por la iglesia católica. Había un Estado aún débil, de pocos recursos y exenta una política de desarrollo social efectiva, por lo que las islas siguieron sintiéndose abandonadas. El Estado se limitó a cambiar el estatus de las isla, sin un programa de inversión adecuada.

La premisa central, tras la concentración en espacios nacionales, era eliminar o volver poco significativo el nexo de los habitantes con el territorio con una idea de nación indisoluble donde el territorio étnico era irrelevante. 

Claro que esta tendencia cambió radicalmente desde finales de los ochentas, propiciado por la firma del Convenio 169 de la OIT de 1989 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Una tendencia consolidada con la Constitución de 1991 que otorga la posibilidad de una legislación especial para las islas en virtud de su etnia anglo-Caribe. Por otro lado, a medida que aumenta la población de afuera, como ocurrió en los noventas, se hace más relevante hablar del asunto de tierras y territorio.

A principios del siglo pasado se comienza la penetracion estatal que recibe un impulso con el Puerto Libre de mediados del siglo que cambia todas las dinámicas y son la base de las situaciones de hoy día. 

Desde luego todo cambia de nuevo en 1991, por lo menos en el papel, aunque hay un énfasis en los ochentas en lo raizal como consolidación de una identidad regional y nacional con Simon González, siendo esto por primera vez un intento de construir un modelo político y social local basado en la identidad propia, lo cual ignoraba las demandas de los otros. 

Irónicamente fue durante este período cuando se da la mayor entrada de gente de afuera, en parte como resultado de la necesidad de mano de obras para atender las demandas de construcción y el boom en el comercio y hoteles.

La particularidad de las islas y de los raizales es pues reconocida por la nueva Constitución (y por sentencias de la Corte Constitucional que declara nuestra cultura riqueza de la nación y en necesidad de protección).

Esto paradójicamente coincide con un período donde las perspectivas raizales de supervivencia son bastante críticas por el proceso de asimilación y por cambios demográficos ocurridos por la llegada masiva de mas continentales y el aumento considerable de nacimientos no raizales que superan a los raizales.

La importancia estratégica de las islas y el reto a la soberanía nacional presentada por una población distinta que no del todo aceptaba y acepta la soberanía nacional, ha interferido de manera negativa en el tratamiento oficial a la etnia raizal.
Siembre han habido tensiones entre las islas y Colombia. No tan fuertes como entre grupos indígenas y el pais, pero tal vez más que otros grupos afros. 

Es claro que al estar hablando de tendencias separatistas hoy día es un refleja de los problemas que enfrente la etnia, como también del fracaso relativo de las políticas de integración, las cuales tienden a exacerbar más la situación.

De allí que hoy día muchos raizales expresan un mayor deseo de re-conexión con el Caribe anglosajón que se perdió con la mayor integración a Colombia, como forma de reafirmación de la identidad histórica anglo-caribeño y de defensa frente a la mayor intrusión de lo colombiano mediante procesos de presión sociológica derivados de la integración a Colombia. La distinción y el tratamiento por separado refuerza la identidad raizal, y esto explica mayoritariamente la razón por la cual los grupos raizales no tienden a aliarse con otros pueblos Afros de Colombia. Se teme que una alianza estratégica con ellos debilitaría el poder de influencia de lo raizal y sería otro elemento en el proceso de asimilación al país.

Las tensiones eran por el abandono, pero cuando por fin llegó algo de atención la estrategia era cambiar a la etnia y volverla colombiana afectando su integridad y al mismo tiempo ignorando su opinión en relación al desarrollo de las islas y a lo que afecta a los isleños.

A través de los años hay varios ejemplos. El caso más reciente es en relación al reclamo nicaragüense del archipiélago y el caso ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, en La Haya. Nos ignoraron y por eso se omitieron aspectos claves que pudieran con seguridad haber guiado los jueces hacia un fallo distinto y más favorable a las islas. Por eso cuando llegó el fallo de 2012 se presentó uno de los periodos más críticos en relación a la cuestión separatistas, pero de nuevo actúa el Estado colombiano para calmarlo. Aquí es donde entre la promesa del Estatuto Raizal y el aumento considerable de la inversión pública en las islas a través del Plan Archipiélago.

¿Porqué se hubiera podido asegurar un fallo distinto de habernos tenido en cuenta? La cuestión de la frontera y el enclave creado por el fallo de Serrana y Quitasueño, hubiera sido evitando si Colombia hubiera indicado que la etnia raizal históricamente ha usado esos cayos para surtir parte de su sustento alimenticio y económico, a juzgar por fallos de la misma CIJ, uno de los cuales involucra a la misma Nicaragua en una disputa terrestre con Costa Rica. Se otorgó el rio a Nicaragua pero derecho en perpetuidad a los pescadores de Costa Rica a pescar en el mismo en virtud de su tradición ancestral de pesca artesanal en dicho río. Las nuevas fronteras hacen que los pescadores de las islas tenga que pasar por aguas nicaragüenses para llegar a a los ricos bancos de pesca de Serrana y Quitasueño y cierra la posibilidad de acceso a la zona de Luna Verde, otorgado Nicaragua, el tradicional espacio de recopilación de langosta y caracol pala para todo el archipiélago.

No incorporaron los argumentos étnicos en relación al territorio en disputa, algo que en otros casos han sido presentados y han sido favorables a los paises que los han argumentado, en contraste con que sí se hizo en el caso Nicaragua-Costa Rica, que ocurría casi al mismo tiempo que el caso nuestro con Nicaragua. Algo sorprendente porque la llamada nueva generación de derechos humanos ha estado escalando posiciones importantes en los fallos y dos de los jueces, incluido el actual presidente de la CIJ, son expertos en el tema. 

¿Porqué no nos tuvieron en cuenta? En parte por el centralismo burocrático bogotano, pero uno podría argumentar cierto reticencia allá en el 2001 a darle protagonismo a una persona de color de las islas. Aún se percibe esto. La anterior canciller propuso al Presidente nombrar a alguien de las islas como Co-agente pero el único Co-agente actual rechazó categóricamente compartir plataforma con alguien de las islas, la gran mayoría de los cuales no somos blancos. A un Afro-isleño raizal le propusieron tomar un puesto en Kenia porque el ‘es negro y allá en Nairobi son negros’. A lo largo de la historia de las islas hay documentos oficiales que señalan una actitud despectiva hacia la población de color y protestante de las islas, algo que iba en consonancia con actividades generales de la capital en relación con los Afro colombianos.

Ahora han incorporado esos argumentos raizales (pero aún no a los raizales en el equipo legal) pero es muy tarde y lo máximo que puede hacer la Corte es instar a los dos paises a ponerse de acuerdo para el manejo conjunto de aspectos de explotación pesquera y manejo ambiental, un tema que busca la misma Presidencia, Cancillería y la sociedad civil a través de AMEN, pero nada que avanza en éste gobierno que le ha quitado el impulso a los aspectos raizales y las cuestiones de integración fronteriza, en parte porque no hay fuertes presiones desde las islas, desde la base, lo cual poco anima al gobierno a hacer algo.

Tenemos pues que las tendencias separatistas y anti colombianas aumentaron considerablemente después del fallo del 2012 y esto causó alarma en Bogotá que los llevó a crear el Plan Archipiélago, y en ese contexto usar la estrategia de escuchar y dar la impresión de estar interesados y en esto también cae el Estatuto. Muchos vimos el manejo del Ministerio del Interior como una estrategia orientada a neutralizarla mientras la retórica oficial era la de darnos algo. 

No sorprende pues que esas tensiones, históricamente por el abandono y luego el intento de destruirnos, hayan llevado a la formación de un grupo separatista en los 60s y 70s y mas recientemente el grupo que aboga por la autonomía, AMEN-SD, que se formó en 1999, pero no fueron suficientemente fuertes como para causar un impacto significativo, aunque sí obligaron al gobierno nacional a actuar. El Estatuto es la respuesta a ello, aunque al mismo tiempo el Estado aumenta la dependencia isleña en relación al país. 

La retórica de AMEN no es abiertamente separatista pero es clara que la intención es esa. Es un movimiento raizal con tendencias separatistas, ya que su propuesta es la autodeterminación, algo que no se plantearía si no fuera el separatismo o la autonomía un proyecto político. A raiz de AMEN se ha montado la Autoridad Raizal que ha servido de interlocutor con el Gobierno Nacional. Es interesante anotar que algo que afecta los argumentos de autonomía es la inexistencia de una sistema de gobierno tradicional en el grupo raizal, por lo menos no en la forma en que lo han tenido los grupos indígenas del país. La Autoridad Raizal es pues algo montado. 

Las políticas de integración desde luego nunca fueron efectivas, pero causaron mucho daño a la unidad y homogeneidad cultural raizal, en especial a través del aumento de la población por inmigración del continente que produce cambios substanciales y debilita aún más el control raizal sobre su territorio ancestral. Uno podría argumentar también que más que una afectación a dicha unidad se dio más bien un proceso de creolización, algo que sigue el proceso histórico de continua creolización de la cual somos parte.

En ese incentivo a la colombianizacion de las islas a través del poblamiento de personas del continente, políticos locales le tendieron una mano al gobierno (en especial el de Turbay Ayala). Esto fue una política de Estado y continuó hasta 1991. Crea dinámicas nuevas porque va llenado las bases electorales de los políticas no raizales que aún hoy incrementan su poder local y desplazan a los nativos en la coyuntura política local, precisamente por la mayor base electoral no raizal que hay en las islas. Hoy día ya vemos divisiones políticas a lo largo de divisiones étnicas, en parte por la percepción de los isleños de origen inmigrante de que lo raizal predominaba y a ellos se les ignoraba, y esto se volvió más problemático con la introducción de medidas de control poblacional en 1991. Vemos hoy día políticos que basan sus estrategias electorales en un discurso anti control inmigración.

Esto está creando dinámicas muy complejas tanto para el ambiente político como para el orden público. Muchos de esas personas se asentaron en barrios marginales que el estado no atendía y han sido foco de hacinamiento y delincuencia. Desde luego sectores raizales han contribuido a estos focos, en especial asociado con el negocio de las drogas. Los políticos locales tienden ahora a atender más las demandas de estos barrios, en gran parte porque son fortines electorales. Los isleños inmigrantes han sido menos propensos a la protesta y esto ha impedido que reciban mayor atención por parte del Estado.

El raizal nunca se sintió del todo colombiano y las políticas de integración empujaron a muchos a alejarse de su país. Al día de hoy hay un alto porcentaje que no se siente identificado con el pais. Porque somos distintos y porque el Estado colombiano nos ha hecho mucho daño. En un encuesta llevada a cabo en San Andrés entre 1987-1988 de actividades nacionalistas, apenas 21 de nativos dicen que recibe un un buen trato de Colombia.

La encuesta arrojó interesantes resultados que preocuparían al gobierno nacional: 

-sólo un 41% dice que la pertenencia a Colombia ha sido buena.
-un 25 prefiere unas islas independientes y un 17 prefiere que se unan a Los Estados Unidos o a Inglaterra.
-un 42 que no desea ser colombiano.
-la mayoría, el 59% se siente simplemente isleño,
-mientras sólo el 39% se siente colombiano.

Todo ello señala un sentimiento aún fuerte de no pertenencia al país. 
A diferencia de otras etnias donde no ha existido un desarrollo histórico que genere un factor distintivo en relación al territorio que les hubiera permitido buscar esa desconexión con el país, nosotros nunca nos hemos sentido del todo integrados pero hemos sido forzados a hacerlo. En lo personal no me siento muy colombiano. Soy colombiano pero no me siento colombiano, que es otra cosa.

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¿Porqué nos han querido desaparecer? Porque interferimos con las estrategias de soberanía e integración nacional, porque amenazamos la soberanía nacional en las islas y aguas circundantes al cuestionar el control colombiano en las islas.

Esto cuestionamiento del control ha llevado a muchos a hacer una revisión historiográfica que ha llevado a una reinterpretación de las bases de los nexos históricos que cimentan la base legal de las islas como parte de Colombia, en parte impulsada por AMEN como consecuencia del fallo de 2012. 

Si bien la CIJ categóricamente señala que las islas y cayos son legalmente colombianas, el destino de las mismas pudo haber sido otro y la pertenencia a las islas a Colombia obedece a la decisión de la ocupación militar de incorporarlas al país y no a una decisión unánime de los colonos ingleses que se asentaron en las islas desde finales del siglo 18 tras la firma del Tratado de Versalles de 1783. Tras la llegada del emisario colombiano de firmar el acta de incorporación, pasaron varias horas antes de la izada del tricolor colombiano en Fort Warwick, seguramente por discrepancias con los locales, que en todo caso no tenia otra alternativa que aceptar bajo la ocupación militar so pena de ser expulsados.

Esa reinterpretación nos ha hecho describir aspectos de la incorporación de las islas a Colombia que va contraria a la versión oficial que nos enseñaron en el colegio y aceptada hasta la fecha. 

Colombia se tomó a las islas. Fue una ocupación militar y el acto de asegurar su incorporación al país fue ordenado desde la capital. Los isleños colonos británicos (ahora colombianos por adopción pero nunca se sentirían colombianos y continuaron expresando lealtad a la Corona británica y atención al Caribe anglosajón de la cual formaban parte) no pidieron ser parte de ella. Hablan de un cabildo pero no tenían opción, estando ocupado por una fuerza militar independentista que deseaba incorporarse al proyecto político de Bolívar, quien envió a gente a las islas a asegurarlas para la nueva nación. El acto no aparece pero la mayoría se firmantes son de las fuerzas de ocupación , por lo que se puede argumentar que no fue un acto de expresión popular o autodeterminación sino un acto administrativo del nuevo poder centralista. En todo caso, en virtud de que las nuevas naciones heredaron los espacios geográficos y administrativos de las diferentes organizaciones administrativas coloniales, las islas entrarían a formar parte de Colombia. Sin embargo, si esa fuerza ocupadora hubiera optado por incorporarlas a otra nación lo más seguro es que no fueran colombianas.

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El proceso histórico de las islas entonces nos provee de una singularidad y excepcionalidad que contrastaba con el modelo nacional, que amenazana la soberanía nacional según la visión algo paranoico de la doctrina militar, pero que el Estado mismo agravó al tratar de forzar y asegurar una colombianidad o la integración, que afectaron derechos humanos y en consecuencia hubo reacciones de descontento y separatismo que ponía en peligro la soberanía de Colombia sobre los mares e islas, algo que junto con el reclamo de Nicaragua, causaron alarma en el alto gobierno. Se formó un círculo vicioso que no paraba y en el proceso el raizal se vio muy afectado.

Esa particularidad desde luego viene de ser el legado de un asentamiento y colonización británica, y de haber sido parte de un proceso colonial distinto al resto de Colombia. En efecto somos el único grupo étnico en Colombia legado de una potencia europea no española. 

Pero en el fondo las problemáticas son parecidas

El pueblo Raizal sufre por los mismos problemas estructurales de falta de soluciones (no necesariamente de inversiones) de sus problemas más apremiantes y la falta de acceso a oportunidades. 

Sufrimos por discriminación racial. 

Sufrimos de altísimos indices de necesidades sociales y económicas insatisfechas, como otros grupos etnicos del país, especialmente los Afros.

Las diferencias son a nivel histórico, cultura y de trato político. En nuestro caso es tal vez el único de una asimilación forzosa por las políticas de integración estatal. 

No sorprende pues que somos los únicos que hemos tenido un proyecto político de dejar de ser colombianos. De allí la relevancia del Estatuto que fue secuestrado por el ala más radical de los grupos de reivindicación raizal y terminó siendo un intento de forzar la autodeterminación y la autonomía administrativa de las islas, mediante un redefinición del esquema político y administrativo que liga a las islas con Colombia.

El Estatuto se circunscribe en el intento de alejarse del país pero, al igual que con los grupos separatistas, ha sufrido por una serie de debilidades internas y por políticas estatales de neutralización. 

El Estatuto fue concebido por el grupo AMEN como un medio para asegurar autonomía étnica y a través de ello autonomía administrativa de las islas.   Era en efecto una especie de mini Constitución para el archipiélago.
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El contexto histórico y político-estratégico y desde luego cultural, nos señala las diferencias con el resto de grupos afro del país. 

– momentos claves del proceso histórico de San Andrés Providencia y Santa Catalina y su relación con Colombia

Especialmente ocupación militar de Aury y sus hombres, 1818-1822, que asegura las islas para Colombia, y la ubicación estratégica del Archipiélago durante el proceso de Independencia Nacional.

Un aspecto clave es la diferenciación en los procesos históricos se evidencia con la esclavización de africanos en las islas que, aunque es un elemento común a todos y nos une a la comunidad Raizal con el resto de Colombia, lo subyace un proceso histórico muy diferente.

La manumisión ocurrió oficialmente con la llegada de Luís Aury en 1818. Un francés que conoció de primera mano la revolución haitiana y decepcionado por la recuperación del poder personal de Napoleón en Francia, inspirado en las ideas de la ilustración y los movimientos revolucionarios franceses, norteamericanos y haitianos. No sorprende que uno de sus primeros actos al llegar a Providencia fue liberar a los esclavos.

Pero la esclavizazión se vuelve a imponer por los colonos ingleses que comenzaron a llegar con mayor ímpetu una vez se consolida el estatus de las islas con la incorporación a Colombia en 1822. Sin embargo se eliminaría el 1 de agosto de 1834 en consonancia con la manumisión en el Imperio británico. En el resto de Colombia no se daría del todo hasta el 1 de enero de 1852.

Una nota sobre la ocupación de Aury: muestra la fuerza de los procesos anglo-británicos en las islas, afianza la identidad raizal por cuanto crea las bases para la llegada de una comunidad de habla inglesa más todo de Jamaica. Al haber asegurado el estatus de las islas se da un momento de estabilidad que permitió la consolidación de esa comunidad, una comunidad que viviría casi abandonada y floreciente como tal hasta el comienzo de las políticas de colombianizacion de principios del siglo 20.

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Somos la única etnia de influencia europea no española, con un legado cultural, religioso y visión del mundo y lingüístico particular en el contexto colombiano.

La única etnica que ha tenido una doctrina propia de soberanía nacional en torno a las aguas que proyectan y generan el archipiélago para el país, que ha llevado a la Corte Constitucional a reafirmar la identidad y particularidad étnica y cultural.

La única que le ha asegurado a Colombia varios kilómetros cuadrados de mar, a pesar de lo ‘perdido’ en el fallo del 2012, que al decir verdad nunca fueron legalmente nuestras, aunque teníamos derecho a ellas en virtud de nuestro uso de las mismas para actividades de pesca y porque es parte de nuestro mundo Caribe y raizal, con todas las connotaciones de identidad, culturales y de visión del mundo.

La única etnia cuyo territorio se lo disputan dos naciones y la nación a la que pertenecer la ha intentado hacer desparecer de la faz de la tierra (cuando en contraste los miembros de la misma etnia al otro lado disfrutan de autonomía y han logrado sobrevivir).

La etnia a quien el Estado ha forzado a integrarse, afectando de paso un legado histórico y sociocultural muy diverso y rico. 

No sorprende pues que seamos la única etnia colombiano que ha peleado para que su territorio sea autónomo o separado de Colombia. 

Todo como resultado de la ocupación de un espacio estratégico para Colombia. Somos una etnia pequeña, 30-40 mil miembros, en comparación con los otros, que tiene una doctrina jurídica especial (centrada en la afirmación de la identidad y la necesidad de protección como consecuencia de ello). 

Si bien por esas condiciones geográficas, especificidades y contexto político estratégico hemos tenido un tratamiento diferente, lo paradójico tal vez es que somos uno de los grupos étnicos con posibilidades de desaparecer si el panorama demográfico no cambia.

La única con una propuesta de Estatuto especial. A propósito, nada nuevo el uso del término ‘especial’. Éramos una ‘intendencia especial’ pero ese período (1972 a 1991) fue uno de los más desastrosos para lo raizal.

La única con una historia de formación de grupo separatistas.

Quiero concentrarme en dos aspectos que junto a la diferenciación histórica y cultural nos distingue de las otras etnias y grupos afros del país, el separatismo y el Estatuto Raizal.
SEPARATISMO

En los 60s y 70s se formó un grupo separatista como resultado del impacto negativo de desplazamiento espacial y socio económico que propicia el Puerto Libre y por la paulatina desaparición del modo de vida tradicional junto con los aspectos socioculturales. 

Más recientemente AMEN ha sido el grupo de mayor impacto por cuanto influenció políticas públicas y sentó las bases de la narrativa raizal en los últimos 20 años, pero el proceso alrededor de La Haya y su incapacidad de concentrar el descontento raizal, más cierto divorcio con las aspiraciones de la mayoría y su falta de entrega de resultados, la debilitaron.

ha declarado la independencia de manera unilateral, pero algo que no tuvo mucho respaldo popular y se le vio más como un proceso de presión para impulsar aspectos de reivindicación. 

El problema de AMEN es que se interesó poco en esos aspectos de reinvindicacion y mucho en conquistar poder político. Esta falla se tradujo al Estatuto que en parte fracasó por esto y otros motivos que más adelante abordaré. Sacrificaron posibles logros porque querían el todo o nada. Detrás del Estatuto estaba la idea mayor de obtener la redefinición del esquema político-administrativo que liga a las islas con Colombia, creando una especial de región autónoma con autogobierno donde el Gobernador quedaría supeditado a los dictados de ese gobierno étnico.

El grupo independentista de los 60s y 70s desapareció por una combinación de represión y mano dura estatal. Su líder, Marcos Archbold, terminó pidiendo asilo político en los Estados Unidos. El caso de las islas llegó a las Naciones Unidos impulsado por el, pero Colombia logró que no avanzara el debate. 

AMEN nunca tuvo el apoyo popular necesario a su propuesta de autogobierno (como un paso hacia la independencia) por los efectos de las políticas de integración que llevó a los isleños raizales a perder su homogeneidad y sufrir una crisis identitaria (lo cual hace poco probable la sostenibilidad de un proyecto separatista). También porque nunca logró articular un proyecto que tuviera lo adecuado para entregar unas mejores perspectivas socio-económicas y socioculturales.

Su narrativa del colonialismo y de las políticas anti-raizales del Estado colombiano contrastaban con logros que se obtenía por inversiones estatales y más recientes con tutelas que la sociedad civil, no asociada al grupo. recurría para hacer respetar e interpretar sus derechos otorgada por la Constitución de 1991 y el Convenio 169 de la OIT de 1989, y demás normas (logrando avances en la llamada ‘doctrina insular’). 

Como un grupo que abogaba por la autonomía ha recibido un tratamiento especial y se constituyó en actor político de importancia e interlocutor entre las aspiraciones raizales y el Estado. Pero con AMEN siempre hubo una disonancia entre lo que decía y lo aspiraba el pueblo y es por eso que si bien los isleños siempre hemos tenido una política ambigua hacia el país, también la hemos tenido hacia AMEN: se le otorga la autoridad para elevar nuestras preocupaciones pero no de decidir nuestros destinos. 

AMEN se convirtió en un grupo cuyo objetivo era el independentismo pero la gran mayoría no deseaban eso, o por lo menos no lo que proponían ellos. No habían alternativas suficientemente atractivas para la mayoría decidir alejarse del país.

Pero la postura misma de AMEN es ambigua. Declara la independencia e iza una bandera que dice ser de las islas, pero sus propuestas apuntan a un esquema de autogobierno con autonomía para que el pueblo Raizal decida su propio futuro, pero al mismo tiempo sus referentes y aspiraciones ideológicos y políticos nunca fueron refrendados por el pueblo Raizal.

Fue incapaz de traducir sus aspiraciones en hechos concretos a favor de la comunidad nativa. 

Y ello se debe a que su gran talón de Aquiles fue que era demasiado ideológica y no práctica. Se limitaba a repetir preceptos y aspiraciones pero no fue capaz de traducir todo eso en aspectos prácticos. El Estatuto heredó esta concentración ideológica y también fracasó.

Por ejemplo tenía una propuesta de autonomía sin haber hecho una análisis de la viabilidad o impacto económico o jurídico (más allá de la autodeterminación, lo cual no solo no tenia el total respaldo de los raizales sino que desconocía el derechos de otros habitantes del archipiélago, algo que de ignorar afectaría la credibilidad y viabilidad de todo).

Tampoco tenia una propuesta de qué iba a hacer después de una mayor autonomía o independencia. 

Por su parte, dominó la llamada Autoridad Raizal pero ésta tuvo sus problemas internos de concentración en pocas personas, falta de control ciudadano y poca aceptación ciudadana, lo cual ha hizo anti democrático. La actual Autoridad lleva varios años sin ser renovada.

AMEN logró concentrar pero nunca maximizar el descontento hacia una política efectiva y democrática que diera alas a las opiniones separatistas. Y de allí que la protesta se ha ido concentrándose fuera de la esfera del grupo. 

Mientras más radicalizaban su discurso paradójicamente menos hicieron para el desarrollo diario de los isleños raizales que estaban más interesados en poder tener agua, un trabajo, etc que el desorden que habría traído una idea retórica e ideológica de la independencia que impulsaba.

Sin embargo, la radicalización de su discurso causó alarma en el gobierno nacional y lograron impactar las políticas estatales en las islas y su efecto se sentiría en las islas y en Bogotá. Lograron de alguna manera moldear la agenda raizal y es difícil ver a otro grupo que lo haga ahora. Este vacío afectará aspiraciones raizales. Es difícil ver cómo se volverán a poner los temas raizales a nivel de relevancia que tuvo en los 90s y después del fallo del 2012. Lo que sí logró al fin Amen fue una reafirmación del sentido de pertenencia y el afianzamiento de la identidad raizal. 

A pesar de las políticas de integración, la relación de los raizales con el Estado central ha impedido que se formen más opiniones separatistas o simples grupos de reivindicación. Los que se han creado gravitaron hacia la órbita de influencia oficial. 

Amen fracasó también porque el Estado reaccionó incentivando una mayor dependencia que hace más difícil un proyecto independentista.

En consecuencia, la pregunta que debemos hacernos es si los grupos de reivindicación raizal han causado más daños que aspectos positivos. Por cada acción raizal hay una reacción estatal desfavorable o total indiferencia frente a los asuntos raizales, como ocurre en estos momentos. Colombia colombianiza mas las islas cuando se cuestiona la soberanía.

Se  genera una relación de dependencia y de dominación en un proceso económico donde no tienen protagonismo los raizales. Esto, y un conflicto identitario resultado de las políticas de colombianización, más políticas de cooptación política de los lideres, ha impedido que se consolide una oposición suficientemente fuerte contra la soberanía colombiana. 

El Estado post 2012 aumenta esa dependencia al aumentar la inversión pública y se estima que el presupuesto per capita de las islas es hasta 6 veces mayor que el resto del país. Este aumento de la dependencia económica de las islas de Colombia, neutraliza intentos de autonomía.

El aumento presupuestal, sin embargo, no resultó en una mayor aceptación del país pero sí en una ola de corrupción que llevó a los dos últimos Gobernadores a prisión y a miles de dineros derrochados que le negaron un mejor futuro a las islas. Las necesidades insatisfechas de los isleños es aún muy alta.

Tenemos pues una etnia anglo-afro-caribeña cuyos miembros tienen aspiraciones de separarse del país, algo único entre las comunidades afro del país, pero no se le ha presentado una propuesta viable que les mejore su calidad de vida.  

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Habiendo logrado poco Amen, y con el Estatuto un fracaso,
¿Cual es el status actual de lo raizal?
Pasa por una crisis existencial por:
-la Asimilación. 
– la dinámica poblacional. 
-porque ya no hay actores de peso que impulsen aspectos de reivindicación. 

El movimiento raizal como tal está en su peor momento, habiendo estado cercano a conquistar muchas cosas, en parte con el Estatuto. Si podrán recuperarse de esto es la gran pregunta.

Lideres raizales tratan de recuperarse y apunta a otros aspectos, como el de la recuperación de tierras para uso comunitario, de nuevo sin tener un esquema de manejo de los mismos, lo cual en todo caso sería una imposición porque en las islas nunca ha habido un esquema de propiedad comunitaria de la tierra. Los colonos ingleses siempre respetaban la propiedad privada y de hecho su colonización de las islas se basaba en la posibilidad de acceso a la misma ante las dificultades de obtenerlas en Jamaica ante el control de un sistema feudal de apropiación de la tierra.

Que no se logren aspectos significativos de la reivindicación es una ironía porque desde 1991 tenemos una legislación muy favorable, con una doctrina particular para las islas que se ha ido moldeando a través de sentencias de la Corte Constitucional, pero una realidad desfavorable, con oportunidades que no se han sabido aprovechar.

La realidad del pueblo raizal: sobrevivir. Los números no son alentadores. Somos alrededor del 30% de la población. La mayoría de nacimientos en las islas son de gente de afuera que no paran en llegar a pesar de los controles poblacionales a la migración. Los isleños raizales tenemos la tendencia de emigrar de las islas, lo cual aumenta la necesidad de la llegada de más personas.

Somos una minoría étnica en nuestro propio territorio histórico étnica, resultado de las políticas estatales de asimilación y los proceso migratorios que han llevado a la creolización. Las fronteras no son claras. Y esto ha generado un debate sobre quién es raizal y quien no lo es. ¿Nexos de consanguinidad o ser parte de un proceso sociocultural?

La preocupación de desaparecer y el proceso de integración cultural en las islas nos ha llevado a preguntar ¿Quien es raizal?

La colombianizacion desde 1900 y con más ímpetu desde el Puerto Libre en 1953 ha desdibujado las fronteras entre la tradicional cultura raizal y la de los inmigrantes del continente, una prueba del éxito relativo de las políticas de integración.


Se esperaba que el Estatuto lograra consolidar un proceso de supervivencia raizal, pero el esquema de los que lo planean es a través de una autonomía, que choca con la realidad jurídica de Colombia, con los derechos humanos y en general, con la realidad económica. Al fin se da la impresión de que importaba menos la supervivencia como etnia que la conquista de poder económico y político.


Fue usado en últimas por el gobierno como una panacea para calmar ánimos después del fallo del 2012. Y por algunos líderes raizales para sacar beneficios económicos, por unos mecanismos de cooptación que usó el Gobierno para neutralizarlos. A la larga el gran perjudicado es el pueblo raizal. Se crearon expectativas que no se han cumplido, que no se iban a poder cumplir. 


1. ¿Qué implicaciones tuvo para la el haber sido colonizados por ingleses que por españoles? Destacando un poco nuestras diferencias con las comunidades negras del país


La simbiosis británica con africana sin duda genera una visión del mundo distinto a la española-africana del resto de comunidades afro.

Pero esas diferencias se han vuelto cada vez mas tenues y se han debilitado las fronteras. El idioma creole ha perdido posición y es concentrada al ámbito familiar y religioso. La religión protestante ya no es mayoritaria. Esto hace difícil la transmisión generacional necesaria para la supervivencia de una etnia. Hoy día se ha extendido la interpretación de quien es raizal para incluir a personas que son considerados distantes.

2. ¿Se puede hablar de una relación Afro – Raizal? 


Somos ascendientes de africanos esclavizados, aunque esto no se reconoce mucho por el énfasis en lo anglo y lo caribeño. Pero esto está cambiando, con hechos como la celebración del Emancipation Week el 1 de agosto, ahora reconocido con una ley,

Somos una etnia afro muy mezclada. Yo diría que un 50-50 en el caso de Providencia y tal vez 70-30 en el caso de San Andrés. Los otros grupos afros del país tienen una homogeneidad más sólida como afro.

Lo afro en el caso de las islas es un componente primordial de la cultura, la lengua, las tradiciones del mundo simbiótico anglo-caribeño de la cual somos parte. Desde luego se diferencia de lo afro colombiano por un proceso histórico anglo-caribeño que ha moldeado a nuestras islas. Pero en el fondo las problemáticas y las aspiraciones som parecidas: siendo de los grupos etnicos de más bajos ingresos.


3. ¿Cuál es la actualidad del pueblo Raizal desde la perspectiva del Estatuto Raizal?

Esas aspiraciones separatistas, o por lo menos de tratamiento distinto por ser distintos, vienen a ser reflejadas en la propuesta del Estatuto presentada por los líderes raizales, que dista mucho de la concertada con el Gobierno Nacional esencialmente porque al intervenir el gobierno se elimina las propuestas de autonomía y de declaratoria de las islas como territorio étnico con tratamiento especial. Se pierde una oportunidad de lograr aspectos de reivindicación al concentrarse demasiado en los aspectos de poder. No había garantía de que una autonomía que perseguían y que no iba a aceptar Colombia, pudiera entregar una mejor vida para la etnia.

Se pensaba que el Estatuto otorgaría eso, con un impulso con las políticas nacionales de darle a las islas lo que quisieran desde fallo del 2012, que codificaría esa legislación especial, se beneficiaría de los logros, pero ha fracasado porque no ha logrado un balance entre las aspiraciones de la etnia raizal y lo que el Estado central es capaz de otorgar respetando la colombianidad de las islas, la soberanía nacional y los derechos de las otras etnias. 

el Estatuto se venía proponiendo inspirado en el nuevo marco legal para las islas en torno a la particularidad raizal y por el medio ambiente. Pero coge impulso con el fallo del 2012, algo que aceptó el Estado como firma de canalizar y desde luego manipular y controlar el descontento a través de promesas, discusiones que debilitan argumentos raizales y mecanismo que socavan la autoridad moral de los líderes.

Los raizales piden un tratamiento especial que fuera a sacar a las islas del esquema administrativo del país: una fórmula para lograr autonomía, 

para el Gobierno piensa más en una simple codificación de derechos y deberes, todo lo cual ya está plasmado en normas y sentencias, para calmar ánimos.

Si bien el fallo del 2012 le da un impítu, también fue su talón de Aquiles. 

El gobierno desea darle a las islas y en especial a los raizles todo lo que desean, pero por otro lado, al haberse definido la situación legal de las islas se pierde el interés de ser consecuente con lo que desean, el estado usando todo tipo de mecanismos para neutralizar a las aspiraciones raizales. 

El Estatuto fue un instrumento que canalizó esas aspiraciones pero al mismo tiempo las destruyó. En estos momentos el tema raizal está totalmente congelado y la agenda está siendo manejada por el Ministerio del Interior. 

Fue un sofisma de distracción para la comunidad raizal, donde se canalizaron las quejas y los reclamos y ésto desde luego favoreció al Estado como mecanismo neutralizador de la protesta por el fallo de La Haya. El fallo propició una coyuntura propicia para lograr algunas cosas pero el liderazgo local desaprovechó el momento.


El problema del Estatuto es que no ha podido compaginarse con diez aspectos importantes: 


1. Los derechos de las otras comunidades. No es incluyente y se debe reconocer que nuestros derechos no pueden afectar el de los otros.

2. Las perspectivas de la soberanía política de Colombia en las islas porque desean aprovechar la autonomía limitada dictada por la Constitución para lograr una nueva estructura político-administrativa en la relación vis-à-vis Colombia.

3. El déficit democrático en relación a la comunidad raizal y la comunidad isleña en general. 

4. La realidad socio-cultural de sus alcances. No se ha hecho un análisis y un reality check de los efectos del mismo y se tiene la impresión de que se hace porque lo dice el Convenio 169, pero esto no necesariamente es lo adecuado y fácil de traducirse a una norma. Las buenas intenciones de la norma no necesariamente se logran plasmar en leyes por realidades jurídicas, políticas o porque no conviene a las islas. El Estatuto no ha podido lograr eso.

5. Usan los preceptos del Convenio para dar legitimidad a sus argumentos pero éstos argumentos no se legitiman desde la base, y por lo tanto no hay autoridad para lograrlo (autoridad ni de los raizales ni del resto de isleños) y no se logra plasmar las intenciones de la misma en unas normas que resultaran aceptables y viables (workable). Para ellos era incompatible la autonomía sin control étnico sobre el territorio, algo que no solo es una falacia porque la autonomía es posible dentro de un colectivo nacional, sino que no fue pactado con la misma población raizal y la no raizal.

 6. Fallan en lograr proveer una fórmula que logre la autonomía de la comunidad étnica y un nuevo marco político administrativo dentro de un marco nacional. Se pudo haber logrado algo pero ellos optaron por algo extremo casi cercano a la separación que desde luego no aceptó el Gobierno nacional. 

7. Una grave falla es la inexistencia de un sistema político y un gobierno de tipo étnico que tienen otras etnicas, lo cual los obliga a crear esquema políticas que no han alzado vuelo entre la misma comunidad. 

8. La dependencia económica y financiera de Colombia constituye un desincentivo para separarse o lograr autonomía. 

9. La colombianizacion ha sido efectiva y ha desdibujado las fronteras entre lo raizal y lo continental. Esto, junto a la dependencia económica, otorga poco atractivo para un respaldo popular para un Estatuto como el que planteaban los lideres. No habían motivos suficientes para una movilización significativa a favor de autonomía que deseaban los lideres, que concentraron demasiada atención en los aspectos de poder y poco en aspectos socioculturales que se pudieron lograr. 

10. La debilidad de la estrategia y la falta de aliados estratégicos claves para respaldarlos ante el gobierno. No solo fueron reacios a incorporar más al pueblo, sino también a los representantes a la Cámara y a los políticos locales, asumiendo que porque las normas dicen algo el Estado está en la obligación de entregarlo. Esto tiene dos problemas. Hay una separación entre aspiraciones legales y la realidad político-legal. Y dos, no hubo el respaldo de la base. 

El problema aquí es dónde lograr un balance donde haya un Estatuto que valga la pena. El de la propuesta de los lideres, con alcances en relación a autonomía pero que a propósito dista de ser democrática y aceptada, porque la gran mayoría desconoce su contenido. Y el del Estado sin alcances. 

Se cortó lo que más lo hubiera hecho relevante: autonomía y la cuestión de declaratoria de la tierra como territorio ètnico  pero eso hubiera afectado soberanía de Colombia e intereses no raizales que deben ser respetadas. Ha sido algo excluyente pero no han podido cuadrar las dos cosas 

El aspecto de la tierra para la comunidad Raizal es algo que debe reconocerse teniendo en cuenta la manera de ver la tierra porque la noción de territorio étnico o colectivo que desean imponer es algo que manejan otras comunidad.


UNO PODRÍA CONCLUIR 

que la etnia raizal es la única en el país que ha tenido un proyecto de tipo independentista, algo que refleja su diferente trayectoria histórica en relación al resto de las etnias Afro del país. Es un proyecto de articulación de las quejas y reclamos de años (de abandono estatal, necesidades básicas insatisfechas, como los otros grupos Afro), aprovechando desarrollos en las normas y en la ideología anti colonialista y nacionalista de la posguerra y en los desarrollos de derechos humanos de minorías  desde los 70s y otros de tipo legal y constitucional colombianos después de la Constitución de 1991.

La pregunta clave es si la reivindicación raizal que aún persiste de manera informal y atomizada podría ejercer presión sobre el Estado central para lograr algo. 

Todo indica que no, en especial con este gobierno que insiste en cambiar las cosas y en tratar a las islas como un todo. Para muchos el gobierno de Duque es un retorno a la mano dura, centralista y nacionalista de Turbay Ayala y de Álvaro Uribe que no dejan mucho campo para la cuestión étnica. 

La ausencia de un movimiento separatista y la poca presencia de grupos de reinvindicación hace más fácil la omisión de atender asuntos raizales. 

Por eso la desaparición de Amen es una verdadera tragedia. Nuncalogró amenazar la soberanía colombiana pero sí creó esperanzas de que lograría cosas por el lado de reivindicación. 

Ahora no hay nadie que impulse y sabemos que el Estado colombiano reacciona a hechos y no tiene iniciativa. Por otro lado, habiendo gastado tanto en esto y logrado poco o nada según algunos, es poco probable que se abre un nuevo capítulo y además su fracaso representa un éxito de las políticas estatales.

La mayoría de raizales tenemos una idea ambigua con relación a Colombia. Si bien la mayoría no desea separarse no parecen querer estar totalmente integrado al país y desean un nivel de autonomía que los grupos raizales no han podido entender y menos codificar. Esto desde luego es favorable al status quo y ayuda al Gobierno. El Estatuto se hundió en un pantano de incertidumbre generado por todo eso. 

No hay duda de la necesidad de un Estaruto u otro mecanismo para la protección del derecho de supervivencia de la etnia. 

El Estatuto no fue un ejercicio de autonomía democrática y autodeterminación sino un proyecto político de unos pocos. No fue incluyente y se ignoraron los derechos de las otras comunidades, y uno podría argumentar que de la misma comunidad raizal. La autodeterminación se complica porque se debe tener en cuenta a las otras comunidades.

El mayor interés raizal se debe centrar en la solución de necesidades insatisfechas más que en perseguir autonomía y modelos utópicos que les presentan los lideres sin fundamentos legales y reales. No hicieron estudios de factibilidad y esto era conveniente para que la comunidad no tuviera una idea de lo que les esperaba. 

En esta perspectiva se podría decir que los modelos separatistas propuestas por AMEN y reflejados en el Estatuto son un ejercido anti democrático.

el modelo de autodeterminación, que era la base del Estatuto, está basado no en unas aspiraciones de la base sino en unas ganas de poder político de un grupo que no ha sido capaz de ofrecer alternativas y ha querido usurpar el proceso democrático de esa misma autodeterminación para lograr el control político que a la larga podría haber afectado más a las personas que dicen querer defender y proteger. 

El modelo de autodeterminación nunca fue una posibilidad real de la mayoría y no ha salido del debate legal o de los anales de la historia del grupo AMEM. Nunca se llegó a discutir en los niveles políticos formales, que de haberse hecho hubiera servido de apoyo a las aspiraciones de los que abogan por la autonomía y luego la separación.

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Politólogo, Universidad de los Andes, 1990.
Maestría Estudios de Desarrollo, University of Leeds, 1993.
Doctorado en History of Internacional Relations, London School of Economics, 1997.

AMENAZADA FORT WARWICK: NORMAS Y PROMESAS IGNORADAS

AMENAZADA FORT WARWICK: NORMAS Y PROMESAS IGNORADAS
por Harold Bush-Howard
Providencia y Santa Catalina no necesitan atractivos turísticos porque toda su geografía marina y terrestre ya lo son; y de los mejores del mundo. Son de los pocos lugares donde aún es posible ver y disfrutar el verdadero Caribe al natural. Pero las autoridades locales tienen ideas distintas de lo que desean los turistas y de lo que necesita y conviene a las islas y su gente.
Un turista que visita regularmente no esconde su descontento al rechazar el proyecto de la Alcaldía con dineros del presupuesto nacional de convertir Fort Warwick es un parque de atracciones turísticas: ‘a quién se le ocurre pensar en un parque turístico si Providencia es una isla turística paradisíaca, totalmente natural, con su mar, los paisajes , su gente, y su gastronomía… se enamoran de ella por su naturalidad’.

Todas las encuestas llevadas a cabo apuntan a un rechazo total del proyecto por parte de los turistas y de los providencianos, quienes desean una restauración sensible pero no la propuesta oficial porque les preocupa que cambiaría la apariencia del Fuerte.
¿Para qué se hace entonces? La visión oficial parece ser construir por construir e interferir con la belleza natural, y de no solucionar primero problemas urgentes y básicos como agua y salud, o arreglar el puente que une a las dos islas, ignorando las necesidades de locales y turistas (que también necesitan agua y salud). Sin embargo, ello podría ser contraproducente al hacer que el turismo ecológico pierda interés en las islas por las deficiencias y por el daño al paisaje y al medio ambiente.
Ademas de no ser necesario, el proyecto de Fort Warwick esconde serias anomalías y proyecta más daños que beneficios. Generaría un alto impacto negativo en la población, encara una amenaza ambiental, afecta el patrimonio histórico y cultural del archipiélago e ignora derechos étnicos de la consulta y consentimiento previo y la prohibición de desplazar a miembros de una comunidad étnica afrodescendiente de su espacio ancestral sin su consentimiento.

La transformación del valioso Fuerte en un parque para distracción turística es totalmente ajeno a su entorno histórico y natural y cambiaría totalmente su fisonomía, al tiempo que no mejoraría la apreciación de las ruinas. La modernidad y artificialidad de lo que pretenden hacer desmejoría la apreciación de este importantísimo patrimonio histórico y hará perder su contexto arquitectónico, estético, naturalidad y autenticidad

Hará que se incremente el flujo de turistas al área y a Santa Catalina muy por encima de sus capacidades de carga, con consecuencias desastrosas. 

De allí la insistencia del Ministerio del Interior de hacer la consulta previa que la Alcaldía de Providencia le está negando a la comunidad local y procederá a contratar mediante un proceso simplificado permitido por las normas, antes de que comience la ley de garantías. Son $8241 millones (más la interventoría por $521) que se contrata sin el requisito legal de la consulta previa y sin escrutinio ciudadano o del Concejo Municipal.
¿Porqué afecta el patrimonio? 

El significado de Fort Warwick reside no sólo en su valor patrimonial étnico isleño y en su arquitectura militar, sino en su valor histórico por los diversos estratos y episodios históricos que esconde de las islas, el Caribe y el país.

De allí que la fuente de mayor inquietud entre los expertos en relación al proyecto es la evidente desproporción entre esos inmensos valores patrimoniales e históricos y la propuesta de intervención o conversión en un proyecto cultural mundano ‘confeccionado’ no por expertos sino por un abogado desconocedor de la historia local (quien ha tenido varios otros contratos con la Alcaldía para diferentes asesorías, incluido la elaboración del Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT).

Se le pagó la extraordinariamente alta suma de 2600 millones de pesos para el estudio que propone algo totalmente desproporcionado e incoherente en relación al valor histórico y patrimonial del sitio y las necesidades locales, que en vez de rescatar el Fuerte lo destruirá y lo tapará con una estructura de plástico de 627 metros cuadrados.

Los espacios afirman y entrelazan identidades, pertenencias y arraigo étnico y Fort Warwick, nuestro patrimonio material más importante, lo confirma con el grupo étnico original de las islas. Ese nexo histórico y patrimonial y su valor histórico está siendo totalmente ignorado al no consultar a la comunidad y ceñirse a las normas de protección patrimoniales y étnicos.

Lo que se piensa hacer no es es una recuperación de una tradición patrimonial o cultural, sino la creación de un programa turístico-cultural alrededor de la figura de piratas para atraer y entretener turistas. 400 años de historia quedarían sumergidas y supeditadas a una programa trivial digno de Disneyland.

Toda esa historia, patrimonio y valoración de todo un pueblo quedará atropellado por un vulgar e insustancial proyecto que, a juzgar por el récord de mantenimiento del puente, estaría camino a convertirse en otro elefante blanco y un peligro para los visitantes por las estructuras que montarán encima y alrededor del actual hermoso y natural sitio.
Cambio de apariencia
El Fuerte sin duda necesita restauración y tiene permiso para ello de Patrimonio Nacional del Ministerio de Cultura para hacerlo bajo estrictos parámetros (por expertos y no por contratistas regulares de la Alcaldía) para asegurar sus estructuras, pero éstas están siendo ignorados con la propuesta de instalación de plataformas de acceso y de observación de plástico que cubrirían toda la superficie horizontal de los dos niveles.
Ello por ende cambiará la apariencia física de este Bien de Interés Cultural (BIC) de Colombia, uno de los tres que existen en todo el archipiélago. 
La Resolución 1219 de 2016 de Patrimonio Nacional, que supervisa los BIC del país, al autorizar a la Alcaldía restaurar el Fuerte deja claro que no se pretende reconstruir sino restaurar mediante acciones ‘tendientes a recuperar y adaptar el Fuerte o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se insiste ademas ‘en el respeto por su integridad y autenticidad’.

 

La resolución no habla de plataformas de plástico, lo cual supone un cambio substancial de tipo de intervención y de concepto de un bien patrimonial a un parque temático o de recreación.

El piso de madera plástica iría apoyado sobre estructuras metálicas en cajón que a su vez irían ancladas sobre estructuras de concreto fundidos en el terreno, lo cual alteraría la estructura original del aterrazamiento del Fuerte. Al tener que hacer esto sobre el Fuerte mismo se estaría afectando sus cimientos, estructura y apariencia.

El piso artificial dejaría sin cubrir solo dos áreas (donde está la estatua de la virgen y el sector del alojamiento de oficiales) lo cual escondería y alteraría las explanadas originales, algo que va en contravía del objetivo de puesta en escena de las ruinas. 

El piso de madera plástica es una propuesta muy moderna que permitiría mejorar el acceso y el recorrido en el Fort que presenta una topografía abrupta. Sin embargo, hará perder el contexto arquitectónico e histórico y la naturalidad y autenticidad del sitio. No recrea, por lo tanto, los valores estéticos y la historia del sitio como lo ordena la resolución de Patrimonio Nacional.

El proyecto de la Alcaldía claramente no encaja con los términos fijados por la Resolución como tampoco con los contenidos en la normatividad de protección patrimonial en relación a los criterios de apreciación de un BIC.

Impactos socio-culturales

Se ha caído el puente, no hay agua, el hospital está en crisis, pero se planea gastar 8700 millones adicionales a los 2600 millones ya idos en un proyecto no solo innecesario y de aporte dudoso al desarrollo local, sino que podría afectar el entorno ambiental y social. 

 

Es un proyecto 


No se cuenta con un análisis de impacto social, ambiental, patrimonial y de capacidad de carga, ni se ofrecen proyecciones convincentes y/o sostenibles de sus beneficios económicos ni de los costos hacia el futuro para su gestión y mantenimiento. Tampoco se considera que contribuirá a la recuperación de su tradición cultural o mejorará la condición socio-económica de los isleños.


El proyecto implicaría el desplazamiento, para instalar la caseta de cobro, un museo y cafetería, de miembros residentes de la comunidad étnica anglo y afrodescendiente asentada en la zona por más de 400 años, y donde reposan los restos de sus antepasados. Sus derechos son amparados por la sentencia T-1045A de 2010 de la Corte Constitucional que prohíbe categóricamente, como lo recuerda un funcionario de la ONU que ha mostrado interés en el tema, el desplazamiento forzoso. Hay rechazo de miembros de la comunidad a ceder sus tierras y casas.

Un museo sin Luís Aury

Oficialmente el Fuerte son unas ruinas a ser convertidas en un show para atraer turistas, con un museo adyacente. Pero es difícil imaginar qué pondrán allí porque la reliquia de mayor valor histórico que quedaba tras años de saqueo, la tumba del corsario francés Luís Aury, hace poco fue robada tras 15 días de actividades ilegales a plena luz del día que las autoridades locales ignoraron por completo, y hasta la fecha esas mismas autoridades que dicen querer rescatar el patrimonio con este proyecto, nada han hecho para recuperarla con sus valiosas espadas y demás objetos.

Lo anterior no inspira confianza que haya buen manejo del museo. Es difícil ver que esas mismas autoridades que poco se han interesado en recuperar las reliquias de Aury y tienen abandonados el museo histórico de Providencia que está en la antigua iglesia de madera en Free Town, vayan a manejar un museo del Fuerte.

La necesidad de la consulta previa

De no hacerlo se violarían derechos étnicos amparados por las normas. La representatividad y participación comunitaria en toda decision en relacion a Fort Warwick son necesarias por ley por la afectación a una comunidad étnica, un compromiso que aceptó la Alcaldía con la misma comunidad como condición para la restauración, señaladas por el mismo consultor que diseñó el proyecto: ‘los líderes, unífonos (sic) afirmaron estar de acuerdo con el proyecto de reconstrucción siempre y cuando se les consultara cada paso… los habitantes de Santa Catalina dejaron claridad sobre el hecho de que esperan que la intervención en el Fort no altere drásticamente el paisaje’.


La propuesta final ha sido presentada de manera general y no específica a la comunidad de Santa Catalina en dos reuniones en enero de este año, pero esto no llena la formalidad u obligación legal de la consulta previa, ni cumple con la promesa de involucrar a los locales en cada paso. 

Las islas tienen una normativa especial en relación a consultas con la comunidad étnica que debe ser respetada. La Corte Constitucional ha señalado, en relación al Spa y al teatro Midnight Dream, que la consulta previa es un derecho ‘fundamental e irrenunciable’ de la comunidad étnica de las islas y no debe ser selectiva o aplicada cuando conviene, ya que afectan sus vidas, sus sitios patrimoniales y su territorio étnico, en especial porque cambios e intromisión en su entorno como este proyecto pueden afectar su preservación, supervivencia o su espacio vital y su protección ambiental.

La comunidad de Santa Catalina y de todo el archipiélago, junto con su patrimonio tangible e intangible, son pues susceptibles de derechos constitucionales de protección por ser riqueza de la nación y por habitar en un territorio de carácter étnico declarado por la Corte Constitucional.

Además de dichas sentencias constitucionales, se ignoran tendencias recientes de revalorización y apropiación simbólica étnica del territorio de las islas que llaman a una consulta o por lo menos a un examen riguroso y consentimiento étnico del proyecto.

Pero por encima de todo ello, convertir un sitio con una historia de 400 años en un centro de atracción y ‘ponerla en escena’ como un ‘parque cultural’ es incompatible con su valor patrimonial e histórico y constituye una burla a derechos étnicos de un sitio considerado camposanto por cuanto muchos personajes históricos que han marcado la historia de las islas están allí enterrados, y de quiénes algunos miembros étnicos actuales descendemos.

Los otros aspectos del proyecto, como el sendero ecológico de allí a Morgan’s Head (que por cierto ya fue instalado por CORALINA) tal vez requieran ser llevadas a cabo o restaurados, pero el valor a invertir no parece justificar lo que se va a hacer y tampoco es adecuado cambiar el entorno natural por plataformas de plástico. 

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La importancia histórica de Fort Warwick 

La importancia histórica, patrimonial, cultural e identitaria de este fuerte inglés del siglo 17 (nunca fue española) es inmensa. 

El nombre es en honor a uno de los impulsores de la colonización británica de Providencia de 1629 a 1641, una empresa puritana que sentó las bases de la colonización británica de Centroamérica, permitiendo que las islas jugaran un papel muy importante en las luchas coloniales imperiales en el Caribe. 

Al ponerlo en la lista BIC de protección patrimonial de Colombia, se resaltó que Fort Warwick es la única estructura de fortificación española en el archipiélago y ‘su valor histórico y testimonial se asocian a las continuas luchas del imperio español (y del británico) por el dominio de las rutas de comercio en el Caribe’. Dicho argumento es incorrecto por cuanto el Fuerte nunca fue español sino inglés o controlado por piratas, y demuestra el desconocimiento oficial nacional de la rica historia de las islas.

Se le llamó Fuerte de la Libertad en reconocimiento al importantísimo rol jugado, junto con todo el archipiélago, en la campaña libertadora respaldando a Bolívar. En ella se izó por primera vez la bandera de Colombia en 1822, cuando entraron las islas a formar parte del país.

¿QUÉ TANTO HA CAMBIADO LA GOBERNACIÓN?

EL PASADO VUELVE AL CORAL PALACE

por Harold Bush Howard

Más muertes y heridos. La inseguridad y el narcotráfico aumentan, a pesar de un mayor control militar y policial, que parecen no hacer el esfuerzo suficiente. Algo extraño pasa. A más fuerza policial o militar, mas violencia. Hay armas por doquier y no se les ocurre sacarlos de circulación a través de una amnistía o algo similar. Pero hay cosas menos dramáticas aunque igual de preocupantes que parecen poco importar.

Imaginen el desespero, pensamientos de suicidio y llantos de frustración de una madre soltera que lleva años trabajando en la Gobernación, pero no tiene un peso para dar de comer a sus hijos porque no le renuevan un contrato, cuando se entera que el gobierno ha gastado casi 54 millones en una fiesta.

El contraste es grotesco y obliga a preguntar de nuevo para quién se gobierna, donde están las prioridades de la Gobernación y si el compás moral oficial sigue desorientado.

Cuestionamientos sobre malos manejos administrativos, continuación del caos, falta de soluciones y la mayor injerencia política están contribuyendo a la evaporación de la legitimidad del actual gobierno, que residía en la aceptación de una parte considerable de la ciudadana de la neutralidad del Gobernador encargado y el descanso y respiro que ello otorgaba de una clase política desgastada y desprestigiada, al igual que esperanzas de soluciones con una Gobernación más eficiente.

Mientras ahora críticas de la ciudadanía erosionan esa legitimidad y poder, el silencio de los lideres políticos y sociales le otorgan un respiro y fortaleza, incluso tras la renuncia de Housni que ofrece una oportunidad no sólo legal sino ideal para un nombramiento política de una terna por cierto muy cuestionada.

Pero dicho silencio tiene un precio positivo favorable a los políticos pero desfavorable para el Gobernador porque debilita su neutralidad y la confianza ciudadana.

Ironías de la vida. Pero las voces críticas ciudadanas aún no son suficientemente fuertes como para presionar al Presidente a respetar la terna. Esta situación intermedia favorece la permanencia, pero han habido daños difíciles de remediar y hay necesidad de reajustes y reorganizaciones.

¿Una vuelta al pasado?

La fiesta fue jugar con dineros de la comunidad y nos recuerda cuatro cosas graves del pasado reciente que señalan cierta continuidad que limitarán el rango de acción y gobernabilidad de Herrera.

Primero, los gastos innecesarios y el derroche. Segundo, revive serios cuestionamientos legales y políticos sobre un nombramiento muy problemático.

Tercero, abre una ventana a lo que está pasando en la Gobernación. Se perciben intrigas palaciegas, concentración de decisiones en un selecto grupo de personas de confianza del Gobernador, inexperiencia de muchos en contraste con increíble capacidad administrativa, conocimiento, experiencia y hiperactividad de otros.

También vemos falta de decisiones colectivas y una influencia política con control de varias secretarías y por ende parte del presupuesto y decisiones sobre nombramientos, extremadamente favorable para los partidos y coaliciones en plena época electoral.

Ante esto, hay una pregunta obvia: ¿Gobernador neutral para qué? Se desmorona la cruzada anticorrupción que lo justifica, una percepción reforzada por la sorprendente y muy cuestionada decisión de dar casa por cárcel a uno de los principales implicados en la telaraña de corrupción.

La corrupción y la preocupación de la continuación del desangre de dineros públicos han contribuido a que el Presidente haya ignorado la terna y esta insólita decisión judicial fortalece argumentos para seguir ignorándola.

Cuarto, se está complicando el panorama de orden público y la actual administración es percibida como ineficaz en entregar soluciones. El orden público es cada vez más inestable y volátil con la vuelta de bloqueos por falta de agua, a pesar de la nueva planta desalinizadora, que no tiene conexión domiciliaria, una terrible falla de planeación; hay constantes y osados atracos y aumenta el narcotráfico a pesar de la mayor influencia militar y quejas ciudadanas.

¿El poder para qué?

No debe ser tarea fácil para el Gobernador encargado y dudo que el quisiera estar en ese puesto, siendo un militar consagrado con una intachable hoja de vida.

Pero las cosas están cambiando y debe ahora lidiar con las vicisitudes políticas locales para lo cual no necesariamente está preparado por su formación y procedencia militar, lo cual le obliga a depender de personas que no necesariamente le han cumplido.

Un Gobernador independiente con secretarías políticas corre el peligro de que se vuelva a fomentar la autonomía de la política con respecto a la moral pública y se aceptan mecanismos ajenos a todo valor ético-político, especialmente ahora en época electoral.

Ello crea una crisis existencial para el gobierno encargado que ejerce vigilancia milimétrica, lo cual conlleva riesgos en delegar funciones, que a su vez frena o atrasa decisiones urgentes. En el proceso el interés de los isleños podría quedar en un segundo plano después de intereses partidistas y la razón de ser de un Gobernador independiente pierde relevancia.

Contradicciones inexplicables

La impresión de que la bandera anticorrupción que trajo Herrera de manera apoteósica a nombre de la moral pública capitalina, corre peligro no solo por la fiesta millonaria, por un incidente que llevó al relevo de una poderosa asesora, por la agilidad y certidumbre de casa por cárcel en la isla para implicados por corrupción, sino también por los interrogantes que dejó la visita de la Vice-Presidente quien, a través de su cónyuge, tiene intereses en un muy cuestionado proyecto hotelero.

Hay asuntos nebulosos con el lote, violación de normas urbanísticas, sociales y ambientales y la posible apropiación de espacios playeros públicos, como hacen otros hoteles cercanos. Todo tolerable según Planeación porque ‘como otros ya lo han hecho, a todos les es permitido’.

Un terrible precedente y una burla a las normas urbanísticas que invitan a seguir ignorándolas, como ocurre con el pontón que se dejó instalar en el mar sin cuestionamiento o permiso alguno.

Sorprende que la Gobernación ignora el tema a pesar de su retórica de control poblacional y las presiones que este gigantesco hotel ejercerá sobre la precaria oferta de servicios públicos: sus aguas negras aumentarán el flujo que corre por el ducto que siempre rebosa en una zona de mucha congregación de turistas.

Se deja la impresión de que hay un fuerte interés de la Vice Presidente en varios asuntos de las islas que de repente de nuevo se mueven. Vuelven los secretos que se esconden, como los incentivos a Veolia, y desde luego vuelven las teorías de conspiración y la desconfianza en las acciones de la Gobernación.

El isleño es cada vez más escéptico de sus lideres y gobernantes y ya no espera los grandes cambios prometidos. Pero no tiene otra opción que atenuar sueños perdidos con seguir soñando en un mejor mañana o hacer que su descontento tenga un mayor eco e impacto.

UN SOS URGENTE POR FORT WARWICK

EN PELIGRO FUERTE INGLÉS DEL SIGLO XVII DONDE EN 1822 SE IZÓ POR PRIMERA VEZ LA BANDERA DE COLOMBIA EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS
por Harold Bush Howard

Fue llamado Fort Warwick por los ingleses en honor al Conde de Warwick quien lideró una de las primeras empresas colonizadores británicas en el Caribe y en las Américas, allí mismo en nuestra isla de Santa Catalina al lado de Providencia, unidas por un puente que se ha caído. 

Fort Warwick es de extrema importancia en la historia colonial británica, francesa, holandesa y española por la posición estratégica de la isla y por el papel importantísimo que jugó esta estructura militar de enorme importancia arquitectónica y patrimonial en la dinámica comercial y corsaria de dichas colonias europeas que se repartían el Caribe para atacar y saquear a las goletas españolas que transitaban hacia La Habana repletas de oro y plata, por la extracción de los recursos naturales como madera o para el aprovechamiento de las oportunidades comerciales. En el caso británico sirvió de punta de lanza para colonizar toda la Costa de la Mosquitia.

Ahora en ruinas, se transformó mediante un acelerado trabajo de restauración y ampliación en el Fuerte de la Libertad por los extranjeros que tomaron la isla en 1818 y que se unieron a la campaña libertadora asegurando a todo el Archipiélago para Colombia en 1822, como Agustín Codazzi y Luís Perú de Lacroix. 

A pesar de su importante historia y aporte a la liberación de Colombia, el país la deja abandonada por años y eso la protegió pero ahora aprueba un proyecto que la puede destruir aún más o hacerla desaparecer por debajo de estructuras de plástica que la Alcaldía local desea instalar para atraer más turistas, más de las que las islas pueden sostener pero además los que van desean ver naturaleza y playas y no una estructura de plástico digna de Disneyworld.

Se pondrá el Fuerte para beneficio de los turistas y el dudoso plan no garantiza su conservación ni el respeto al hermoso paisaje natural circundante de bosque tropical intocable por siglos. Además involucra un gasto monumental que no convence a muchos y que bien podría ser gastado en asuntos más urgentes.

El Gobierno Nacional ha sido muy generosa con San Andrés, Providencia y Santa Catalina despues de la cesión por la Corte Internacional de Justicia de aguas que se consideran suyas por el fallo del 2012 (aunque el país nunca aseguró dominio legal, sí ejercía soberanía y su comunidad angloparlantes o raizal consideraba esos espacios marítimos como propios pero a Colombia se le olvidó mencionar esto a los jueces). 

Pero esa generosidad no debería ser usaba para dañar el patrimonio histórico y arquitectónico de las islas, construir elefantes blancos (como un spa y un muelle para cruceros que no se usan) o terminar de nuevo sin aportar mayor desarrollo para los isleños pero servir de catalizador de otra crisis como la actual donde los problemas más agudos no se han solucionado, se desviaron muchos fondos y hay tres exgobernadores en prisión por corrupción.

A pesar de ello, y porque aún hay serios problemas por atender, la generosidad no para incluso con los apretones de cinturones a nivel nacional. Duque prometió una inversión récord de 3.2 billones de pesos, un billón más que el gobierno anterior, pero sin llamados a un mayor control en la contratación, a pesar de insistir en otros lados en la firma pactos de ética y transparencia para acompañar cada inversión para garantizar cumplimientos.

Un costoso elefante blanco que destruye todo a su paso

Lo menos llamativo, urgente pero preocupante de los proyectos que vendrán de esos 3.2 billones, por lo costoso que es y porque es de lo menos necesario, es este parque cultural que cambiará el paisaje natural circundante y el histórico Fort Warwick por unas estructuras de plástico que piensan instalar alrededor del mismo que cambiará radicalmente la vista del área afectará las ruinas que datan del siglo XVII.

La Dirección de Patrimonio Nacional del Ministerio de Cultura ha concedido permiso para una ‘intervención’ del Fuerte histórico. Para llegar a ella se usa un puente que se ha caído y por meses ponía en peligro la vida de locales y turistas pero solo fue asegurado hace poco para la visita del Presidente Duque. Hace dos años se gastaron 240 millones para repararlo, un trabajo obviamente no bien hecho.

La ‘intervención’ del Fuerte tiene molestos a los habitantes de la pequeña isla de Santa Catalina y de Providencia y a personas de afuera que velan por el respeto al patrimonio histórico de las islas. 

El Gobierno Nacional invertirá otros 9.282 millones en el proyecto que involucra poner una plataforma de plástico alrededor y encima del mismo, algo inexplicable porque es poseedora de la figura de protección patrimonial más alta de Colombia.

El fuerte se ha mantenido protegido por siglos por su anonimato y unos arbustos y sola la visitaban turistas conocedores de su valor histórico. Ahora corre el peligro de ser parte de un show digno de Disneyland. Estaba intacta hasta hace poco cuando los estudios que se comisionaron para su posible restauración o intervención, que costaron la increíble cantidad de 2600 millones de pesos, y elaborados por una abogado y no un experto en arqueología o historia, arrojaron información precisa sobre dónde estaban escondidos tesoros históricos, incluido la tumba del corsario francés Luís Aury.

Su cuerpo y sus dos valiosas espadas fueron robados y hasta la fecha la Fiscalía o e ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia, quien por ley vela por su conservación junto a Patrimonio Nacional) no han avanzado en la investigación. El Gobierno Francés quería llevarse los restos del corsario para asegurarlos en un museo pero no se les permitió. Fueron robados y nada se ha hecho. El contrato del estudio está siendo investigado por ‘daño patrimonial’ a la nación por la Contraloría General de la Nación.

Resulta increíble que se haya detenido la investigación por el daño causado y la profanacion de la tumba de un personaje clave en la independencia de las islas y de Colombia, por cuanto Aury asedió a los españoles desde su base en dicho fuerte y ayudó a Bolívar en la campaña emancipadora. Es el héroe naval en el Caribe occidental, mientras José Prudencio Padilla lo fue en el Caribe oriental.

Este Bien de Interés Cultural de la Nación es uno de tres que hay en el archipiélago. Fuentes confidenciales y testigos del saqueo, respaldado por un vídeo tomado desde un drone, señalan a personas conectadas a personajes poderosas de la isla como los autores del crimen.

El Estudio de arqueología, que reposa en la Alcaldía de Providencia, al cual pocos tienen acceso, seguramente fue usado por los ladrones para identificar el sitio exacto de la tumba. La posición exacta también es señalada en un plano del fuerte hecho por Luís Perú de Lacroix, lugarteniente y edecán de Simón Bolívar después de la incorporación de las islas a Colombia en 1822, que reposa en el Archivo Nacional en Bogotá.

Luís Perú de Lacroix es autor del famoso Diario de Bucaramanga que relata su trabajo con Bolívar entre el 1 de abril hasta el 26 de junio de 1828. Se considera un documento de inmenso valor histórico por cuanto describe con lujo de detalles aspectos de la vida personal y el pensamiento político del libertador.

Planes secretos y cambiantes. 
Un valor patrimonial que se descuida

La Alcaldía de Providencia no ha querido publicar los planes detallados sobre lo que se desea hacer aunque ha abierto licitación para la obra. Pero los planos se pueden consultar en Patrimonio Nacional en Bogotá. Testigos oculares indican que se tumbarán varias casas de patrimonio de arquitectura vernácula para montar un museo (no se sabe qué objetos contendrá porque todo fue saqueado), una cafetería y casetas de cobro para la entrada al complejo que piensan hacer. 

Todo hace parte de un complejo que incluye senderos ecológicos (en todo caso ya existentes y construidos y mantenidos por la corporación ambiental del archipiélago, CORALINA) hasta la cabeza de Morgan donde se instalarán dos plataformas de observación para goce de los turistas. El entorno natural del sitio y del trayecto, que tanto aprecian los turistas, se cambiará radicalmente por unas estructuras de concreto o plástico (no piensan usar madera, el material de las arquitectura tradicional caribeña de las islas). El Gobierno Nacional no para de construir en Providencia y Santa Catalina, algo que va contra el turismo ecológico y sostenible que el mismo gobierno desea implementar en las dos islas.

El proyecto fue presentado sin detalles precisos en una reunión entre el alcalde y la comunidad de Santa Catalina el pasado 9 de enero, pocos de los cuales asistieron porque consideran que la prioridad de la isla es la restauración del puente.

El proyecto inicial de la alcaldía era la ‘reconstrucción integral y operación de un proyecto turístico-cultural del Fuerte de la Libertad, el actual incluye un muelle de aparcamiento y senderos peatonales hasta la Cabeza de Morgan’. 

Se han hecho modificaciones y la licitación pública ya abierta señala la intención de la  ‘construcción del parque cultural de Fort Warwick’. En conversación con el actual Alcalde de Providencia se descartó la idea de construir un muelle flotante con un museo que en todo caso no tenía ningún valor arquitectónico y hubiera habido necesidad de cortar un área de manglar, algo no permitido por cuanto es protegido por normas nacionales e internacionales. 

Y Patrimonio Nacional ha objetado que se instale una estructura de observación encima del Fuerte, por el daño que hubiera causado, y una urna de cristal para cubrirla, pero la propuesta alterna de una estructura alrededor implicaría tener que poner pilones alrededor del mismo para soportar la estructura y eso cambiaría totalmente el paisaje y el entorno.

¿Cual Fuerte?

El parque cultural que se piensa hacer es un insulto al valor patrimonial e histórico del sitio y de las personas allí enteradas en el área por lo que es considerado camposanto por muchos. Su riqueza reside en los diversos estratos históricos que esconde. En su patrimonio y arquitectura militar y en su incidencia en la historia del Caribe y de Colombia (Luís Aury aseguró a las islas para Colombia desde allí mismo).

Su riqueza histórica y patrimonial debería ser razón suficiente para no permitir que se convierta en un centro de atracción mundano que la puede dañar, máxime si no se han presentado planes de manejo del mismo y se teme que si no ha podido la Alcaldía de Providencia mantener el puente que es de vital importancia, es poco probable que mantendría bien cualquier estructura o esquema para el Fuerte.

A juzgar por el estudio inicial de los 2600 millones, la Alcaldía al principio quería haber una reconstrucción del Fuerte, pero Patrimonio Nacional aprobó sólo la restauración respetando el estado actual, pero poniendo encima y alrededor estructuras de observación que la esconderá parcial o totalmente.

Es difícil y absurdo haber una reconstrucción porque el Fuerte ha tenido varías modificaciones a través de los años desde su construcción inicial a mitad del siglo XVII por los ingleses, pasando por su uso tras su captura en 1666 por piratas y su uso por el pirata Morgan quien la usó como base para saquear y quemar a Panamá en 1671, hasta la toma francesa de la misma y su reconstrucción por el italiano Agustín Codazzi. 

Fue llamado ‘Fort Warwick’ por los ingleses pero ‘Fuerte de la Libertad’ cuando las islas entraron a formar parte de Colombia en 1822 y fue precisamente allí donde se izó por primera vez la bandera colombiana. 

El valor patrimonial e histórico del Fuerte parece ser desconocido por Patrimonio Nacional mismo que le otorgó permiso sin antes haber hecho una inspección del mismo o hablado con los habitantes de la isla (mediante Resolución 1219 del 23 de mayo de 2016) a la Alcaldía de Providence para ‘intervenirlo para la restauración de las ruinas’, lo cual  señalaba una ‘reconstrucción integral’ del mismo que se limitó a señalar su limpieza, algo que puede causar más daño si al mismo tiempo no se hace algo para consolidar las pocas estructuras que quedan y que por más de 200 años han protegido los arboles que planean tumbar.

El Fuerte en efecto está en ruinas y no es claro como será restaurado porque allí yacen más de 400 años de historia y la estructura militar ha teñido varías transformación a través de la historia (su última apariencia en la foto).

Además de lo anterior, un serio problema es que una reconstrucción del Fuerte presente el dilema de qué esquema militar reconstruir, algo que no queda claro en el permiso de Patrimonio Nacional ni en los planes del estudio elaborado no por expertos. 

El fuerte no solo ha tenido varias vidas sino que ha sufrido varios cambios y está irreconocible en comparación a cómo lo restauró Agustín Codazzi. No es práctica común ‘crear’ un nuevo fuerte y es mejor dejarlo tal cual por los vestigios históricos de siglos, los cuerpos enterados allí y su valor simbólico como parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la isla de Santa Catalina y de Providencia que ocupan una posición importantísima en la historia colonial británica por cuanto allí en ellas se estableció una de las primeras colonias británicas en tierras americanas.

Las objeciones

Personas locales han expresado preocupación de que el proyecto no sólo afectaría el Fuerte sino también el hermoso paisaje circundante de bosque tropical húmedo que protege la estructura del Fuerte y puede cambiar totalmente la fisonomía del área con un cambio radical del entorno muy natural para establecer estructura artificiales. Desde la distancia se verán esas estructuras y no el hermoso paisaje verde que ahora se puede apreciar.

Una plataforma de observación de plástico alrededor del mismo y luces para ser observado en la noche, acompañado de establecimientos de diversión, cambiarían totalmente el paisaje y el apacible entorno del lugar.

Hay preocupación también por la falta de información sobre lo que se piensa hacer y la falta de consulta previa con la comunidad que el Ministerio del Interior insiste no es necesario a pesar de que el proyecto afectaría un sitio considerado de inmenso valor patrimonial por los isleños y sagrado por ser de reposo final de muchos de los guerreros (menos Luís Aury cuyos restos fueron robados) cuyos descendientes ahora forman las familias de Santa Catalina y Providencia. 

Si bien el Ministerio del Interior dice que no se necesita consulta previa la comunidad debería ser la que decide y aún no ha podido saber los detalles del proyecto para poder opinar sobre ella. En las 2 reuniones que se han hecho no se han entregado planos detallados. Entretanto, la Alcaldía avanza con el proceso licitatorio pero ya un maestro de obra visita regularmente el área indicando qué casas históricas se tumbarán y donde se pondrán las nuevas estructuras.

Se considera en Santa Catalina que como proyecto no fue concertado y se hizo a oscuras de la comunidad, es menos un asunto cultural o de protección al patrimonio y más una plataforma de atracción masiva de turistas que puede afectar no sólo el bien mismo sino a la isla de Santa Catalina. 

Lo consideran también como poseedor de un claro tinte politico-burocrático y el reflejo de in afán del Gobierno Nacional en demostrar que algo se hace por las islas sin importar los daños y las consecuencias. Algunas personas consultadas ven el proyecto como una incitación o invitación a la corrupción, por su elevado valor, obras innecesarias y mención de obras ya existentes, asociado un cartel de la contratación que controla todos los gastos de obras del Municipio que se viene denunciando desde hace un tiempo.

Además, se teme que cuando venga otro gobernante puede que lo cambie y este sitio entraria en una serie de caos convirtiéndose en un elefante blanco como ya lo son varias obras que construyó el gobierno de Santos desde el fallo de La Haya.

En conversación con varios habitantes de Santa Catalina se ha podido observar que no están convencidos de los méritos de un cambio substancias de la fisonomía del Fuerte y del área y su prioridad está en otros lados, principalmente en la restauración del puente que se ha caído. Como aseguró un líder comunitario de Santa Catalina: ‘el puente anteriormente lo mantenían limpio y bonito’ pero ‘si no la han mantenido a pesar de su vital importancia, mucho menos mantendrán el fuerte’.

Señala además de que Santa Catalina no necesita más turistas, la justificación presentada al Presidente por la Alcaldía para que el Presidente Duque aprobara la figura millonaria para el Fuerte (en contraste con que aún no ha anunciado nada para el puente), porque ello dañaría la apacible isla y porque existe el temor por el impacto de actividades nocturnas en el Fuerte, por las luces poderosas que piensan instalar en un sitio considerado sacrosanto por los varios personajes históricos allí enterados y por lo apacible del lugar, así como frente a la crisis institucional y social que han llevado al aumento de la inseguridad, razón por la cual el Alcalde mismo ha restringido el acceso a todas las playas de las islas después de las 6 de la parte y ha ordenado el cierre de los bares después del atardecer.

Pero más allá de los daños al Fuerte y al paisaje lo más preocupante es que no se ven los beneficios que una obra como tal traería a Santa Catalina, a Providencia y a sus habitantes. Y no se ve la necesidad de los mismos toda vez que ya existe un sendero ecológico y se puede perfectamente apreciar el esplendor del Fuerte y desde allí la impresionante belleza de las islas sin la necesidad de agregarle un engranaje de construcciones artificiales alrededor de la misma que afectarían el valor patrimonial y la riqueza de los diferentes estratos históricos representados aquí y por los cuales pasó Santa Catalina.

La fuente de mayor inquietud de los expertos es la evidente desproporción entre los inmensos valores patrimoniales del Fuerte y la propuesta de intervención en la misma que el proyecto propone. De otro lado, la seria intervención del paisaje no se tuvo en cuenta (y Coralina tendrá que pronunciarse al respecto).

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Sent from the iPad of Harold Bush-Howard

YO NO SOY RAIZAL, SOY ANGLO-COLOMBIANO, ISLEÑO NATIVO

Soy ‘isleño nativo’, ‘anglo-isleño’ o ‘anglo-colombiano’, miembro de una comunidad anglosajona asentada en un país latino que es legado de un pasado colonial británico de más de 400 años. Distinguida aún por tener el inglés como lengua materna. Tenemos derecho a auto-definirnos con una categorización autoexplicativa que nos identifique y ‘raizal’ no ha sido la más apropiada.

VERSIÓN LARGA:
Soy ‘isleño nativo’ o ‘anglo-isleño’ o ‘anglo-colombiano’. ¿Qué hay en un nombre inventado como raizal? Se supone que nos identifica y nos distingue, pero el término genera confusión, divisiones y no nos identifica. Nos clasifica, como parte de un encajonamiento burocrático, pero no es algo que se apega a nuestra tradición histórica. Comenzando porque es una palabra en español en tiempos en que queremos reforzar una identidad anglosajona.

Ha servido más para separar a los isleños y para generar confusión y una clasificación arbitraria que para nada sirve aparte de, en algunos casos, crear discriminación y erigir barreras a lo largo de líneas étnicas que hacen que algunos se sientan con menos derechos. Es como si fuéramos ‘los raizales’ y ‘los otros’.

También diluye el sentido de pertenencia que tanto se necesita en estos momentos. La ‘cuestión raizal’ se volvió tan fuerte en los últimos 8 años que pareciera que lo relativo a los ‘no raizal’ no tuviera validez. El resultado de esto es que se perdió un elemento importante en muchos isleños de lealtad hacia las islas. Que el sentido de pertenencia que lleva a proteger y amar a las islas se haya diluido, que pudo haber contribuido al serio deterioro de la cohesión social que está afectando tanto a San Andrés y que vemos a diario con muertes, vandalismo, peleas, intolerancia, entre otros.

El Gobierno Nacional habla de comunidades negras, palenqueras y raizales, así que ya es algo institucional. Pero no es real. Es inventado. Muchos nos sentimos incómodos que nos llamen raizales y aún más que nos incluyen en una lista burocrática donde casi todos los recursos en todo caso se van para las otras comunidades negras; como si en las islas tampoco fuéramos comunidades negras. Más que ‘raizales’ en todo caso, somos una comunidad negra. Es como si usaran nuestros nombres para acaparar fondos para otras regiones, como acaba de ocurrir en las supuestas ‘negociaciones’ del plan de desarrollo para comunidades étnicas.

Crecimos siendo isleños, isleños nativos, isleños libaneses, isleños países, isleños costeños, etc etc.. El término ‘paña’ (históricamente no era despectivo y viene de ‘España’ que seguro no pronunciaban bien nuestros antepasados, algo aún común porque muchos isleños aún no hablan, entienden o leen español, pero sí perfectamente el inglés estándar) para referirse a los que hablaban el español y no nuestro idioma creole, patuá o Caribbean English, como se le quiera llamar.

El término raizal vienen de una necesidad burocrática oficial y de grupos de reivindicación étnica local como el SOS y AMEN-SD de clasificarnos y darnos una etiqueta y de facilitarles a ellos el trabajo. 

Pero, ¿porqué una reivindicación étnica anglo-caribeña recurre al uso de un nombre que se deriva del español para tratar de identificar a un grupo cuya base radica en el Caribe anglosajón? Los koguis son koguis. Nosotros somos ‘native islanders’ o ‘anglo Caribbean’ (Anglo por nuestra lengua materna) y no raizales. Nos clasifican como tal pero no es algo con lo cual nos sentimos identificados.

Raizal es una expresión acuñada en los últimos 20 o 30 años que nos otorga una categorización que irónicamente neutraliza y esconde nuestra herencia anglo-caribeña y que ayuda a acentuar la asimilación cultural hacia un país latino, pero no se busca asimilación sino sobrevivencia dentro de un país distinto como tantos otros grupos étnicos. Hacemos parte de un país latino pero somos distintos y así debemos seguir siendo.

Raizal por lo tanto refleja una categorización con fines de exclusión de valores históricos y culturales tradicionales asociados al Caribe anglosajón al que siempre hemos pertenecido, forjada a través de años alrededor del Caribe jamaiquino y de habla anglosajona con tintes africanos.

Pero también denota una división y cierta separación. La categorización raizal (y es imposible saber a ciencia cierta ni la ley define quiénes lo somos) obliga a pensar en cómo categorizar a los otros isleños. Habemos de todos y no debe haber una situación donde se clasifica a la gente a través de la tarjeta de la OCCRE. 

Existe la aceptación de que ser ‘raizal’ denota una relación de consanguinidad con los primeros pobladores (los que comenzaron a repoblar las islas hace unos 200 años). Pero ¿hasta qué nivel de consanguinidad? ¿Acaso no podría ser más raizal alguien de origen libanés nacido en la isla que habla creole a la perfección que alguien nacido en Chicago que no habla creole o español? ¿Para qué el debate de quién es o no ‘raizal’ si lo importante es más el compromiso con y el amor por las islas?

Tener la palabra ‘raizal’ plasmada en mi tarjeta me incomoda enormemente porque refleja una categorización de ciudadano de segunda a aquel o aquella que no lo tiene, a quien se le llama ‘residente’. Alguien nacido en las islas es isleño. No es residente. Va y viene cuando le plazca y nadie le puede quitar el derecho de vivir allí de por vida. Ser ‘residente’ denota la posibilidad de caer en la categoría de ‘no residente’ y quita el sentido de pertenencia natural y permanente que un nacimiento en las islas otorga. Además no tiene efecto práctico o legal porque todos somos iguales ante la ley.

Los gringos, para evitar discriminar o favorecer a grupos étnicos, son expertos en clasificación de su gente en categorías y definiciones con la intención de inclusión, reconocimiento étnico y respeto a derechos humanos que facilita el diseño de políticas públicas y la no discriminación: ‘American Indian’, ‘Alaska Native’, ‘Asian’, ‘African American’, ‘Native Hawaiian’ ‘Other Pacific Islander’, ‘Hispanic or Latino’, entre muchos otros. 

Tiene varias funciones y uno de ellos es que provee un manejo común y uniforme en el trato oficial y la comparabilidad y diferenciación ayuda a la hora de diseñar políticas públicas porque ciertos sectores son más vulnerables que otros. Tomadores de decisión en las islas deben tomar nota. Claro que también puede llevar a casos de discriminación pero hay estrictas normas contra ello.

Al final de cuentas debemos preguntarnos para qué ha servido la clasificación de ser o no raizal y no a isleños de otras categorías étnicas o raciales. 

Los isleños nativos, anglo-caribeños, y ahora anglo-colombianos, tenemos un camino largo de recuperar en términos de espacios culturales y lingüísticos. El término raizal no ayuda en este objetivo, crea confusión y, a juzgar por el fracaso de lograr captar recursos a través del presupuesto nacional, tampoco sirve para generar mayor desarrollo. 

Nos han metido en una canasta que ha servido más a otros grupos etnicos. Ser llamados ‘native islanders’ hubiera denotado mejor nuestra diferenciación y con ello tendríamos más peso, un peso que otorga el hecho de ser distintos. ‘Raizal’ no subraya ni destaca esa distinción y más bien la esconde y la neutraliza.

El objetivo nuestro de recuperación de nuestros espacios es respaldado por los otros isleños y por el gobierno pero en aspirar a ello no podemos perder de vista a las otras comunidades por cuestión de derecho humanos y respeto mutuo. 


Además lo nuestro tiene una cuestión estratégica que beneficia a todos los isleños y porque son nuestros aliados naturales, a veces más que el mismo Gobierno Nacional. 
Por ser de las islas preferirían hablar inglés como nosotros porque esto les provee a ellos y a sus hijos una enorme ventaja, y es algo que beneficia a la economía turística porque al reforzarse la identidad Caribe anglosajona de las islas se favorece al turismo, el motor de la economía local.

CLARIFICATION IN RESPECT OF A LEGAL CASE ALLEGEDLY FILED AGAINST HAROLD BUSH BY MR FRANKLIN AMADOR, CONTRALOR DEPARTAMENTAL, PURSUANT TO ARTICLES 225, 226 AND 227 OF THE COLOMBIAN PENAL CODE.

THIS IS A CLARIFICATION IN RESPECT OF A LEGAL CASE ALLEGEDLY FILED AGAINST ME BY MR FRANKLIN AMADOR, CONTRALOR DEPARTAMENTAL PURSUANT TO ARTICLES 225, 226 & 227 OF THE COLOMBIAN PENAL CODE.

This clarification is issued in response to an alleged request for an apology made by Mr Amador in respect of a claim that I have libelled him and in consequence he has asked the Fiscalía to start legal proceeding with the aim to extract from me a rectification and/or an apology for a comment I have allegedly made on social media.

Mr Amador has claimed such comment was malicious and erroneous, and that the information was implicitly incorrect. I disagree.

A comment was made as a simple contribution to a very public debate (where many others have also expressed their opinions but have not been served with legal proceedings) in respect of the lack of investigations into many activities perceived by many as irregular or illegal but apparently and deliberately ignored by the Contraloría, Procuraduría and Fiscalía.

All three entities are mandated by law to act upon any such complaints by the general public to verify, rectify and/or punish any possible irregular misuse of public monies. However, public opinion senses that such functions are not being properly fulfilled and that the three entities are seriously failing in their duties to investigate, which ultimately affects the good functioning of the public sector and damages the prospects of a better standard of living for all islanders.

This response is written in my mother tongue which is my language of choice to deal with any official matter derived from Mr Amador’s request as it is one of the three official languages of the Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, in accordance with, and pursuant to, Articles 42, 44 and 45 of Law 47 of 1993 and Article 10 of the Colombian Constitution of 1991.

It is worth emphasising that by virtue of Law 47 of 1993 Mr Amador cannot whatsoever hold any public office in the Departamento if he does not speak English. If he does not speak English he would be in contravention of such law and the Constitution.

Therefore, as a member of the anglophone ethnic community of the Archipelago (commonly referred to as an anglo-islander but also known as a native-islander and/or a raizal) English is my principal, and therefore, chosen language, and I am exercising my legal and constitutional right protected by Colombian and international laws to communicate with Mr Amador in this language. All responses in respect of the purported claim must be sent to me in English, as is my right. Any correspondence in any other language (apart from the local creole) would deny me my human rights derived from my being a member of the above-mentioned ethnic group, and would therefore be in contravention of laws that protect my ethnic rights, in particular those in respect of my right to use the language which most identifies me as a member of such ethnic group.

I have not had any formal notification of any claim from the Fiscalía, but I am aware of it, and in the spirit of clarification I would like to declare the following:

1. The Contralor Departamental, Mr Amador, claims I have said he was on the payroll of the Alcaldía and/or the present Mayor of Providencia.

2. Under Colombian law, all Departmentos and Alcaldías are mandated by law to provide a percentage of their annual budget to finance their respective Contralorías, Departamentales or Municipales. Providencia does not have its own Contraloría, which means that the overseeing of the Alcaldía’s spending of taxpayers’ monies is by default exercised by Mr Amador’s office, which is financed by monies from the Departmento and the Municipio.

3. 20% of all income collected by the Departamento Archipiélago (including those in respect of the Municipio of Providencia) is by law sent to Providencia for the Alcaldía to spend. In having to use a percentage of its income from taxes collected to finance the Contraloría run my Mr Amador, Providencia receives a smaller percentage of the total income of the Departamento and, in consequence, Providencia is a direct contributor to the financing of the Contraloría Departamental.

4. Mr Amador’s office is in consequence partly financed by the taxes that Providencia receives and/or does not receive, and as such both Mr Amador and his office’s employees are on the payroll of the local governments of the Departamento and the Municipio, ie the Governor and the Mayor in their institutional (and not personal) capacity, insofar as that money comes from the public funds they administer on behalf of the community.

5. It is further important to emphasise that all employees of the Contraloría Departamental on San Andrés and Providencia are on the payroll of, ie are financed by, the Departamento and Alcaldía, insofar as their salaries are paid for by monies collected by the Departamento and Alcaldía from local taxpayers, and not paid for by monies transferred from the capital Bogotá.

6. This is clearly mandated in Law 42 of 1993, Law 617 of 2000 and Law 715 of 2001, and is confirmed in a judgment by the Sala de Consulta y Servicio Civil of the Consejo de Estado number CE 1709 of 2006 which clearly stipulates that ‘la Ley 617 de 2000 consagró como un deber legal el pago de la cuota de fiscalización a cargo de las entidades descentralizadas del orden municipal’. And judgment C-105/04 of the Corte Constitucional which states that ‘la ordenanza o el acuerdo que organice la respectiva Contraloría debe dotarla de la estructura, del recurso físico y humano necesario al desarrollo de las funciones, asignándole el presupuesto correspondiente, señalando al respecto los montos atinentes a los gastos de funcionamiento’. Such judgment cites Article 272 of the Colombian Constitution which clearly and categorically mandates that the Contraloría Departamental of San Andrés and Providencia, like all others of Departamental nature, shall be financed by local taxes collected by the Departamento and Municipio: 1) ‘La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas y se ejercerá en forma posterior y selectiva. 2) La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales’.

7. It is a pity that Mr Amador did not seek to discuss this alleged libel with me personally, as I would have been able to explain to him in detail the legislation and the Court decisions mentioned above, which in any event in his capacity as Contralor Departamental he should know all about.

8. If Mr Amador continues to assert that I have defamed him maybe he would like to draw to my attention the legislation that contradicts the legislation and the Court decisions mentioned above, which I assert are justification for the statements that I have made about him and his employment and the payment of his salary as Contralor.

9. In any event, notwithstanding the above response, and without any admission of liability, I apologise if my comment might have offended Mr Amador, but all I was doing was to explain to Mr Amador the legislation (supported by two decisions of the Court) relating to the links between the Contraloría Departamental and the Departamento and Alcaldía.

10. These links create a binding inter-relationship between the Departmental and Municipal Governments which, along with the lack of resources and insufficient personnel, and coupled with the Contraloría being very selective in what it investigates and only after the spending is finalised, could explain the lack of investigation into activities of, and spending by, the Departamento and Alcaldía, much of which have been widely denounced by the community of the islands, commencing with the fact that the Alcaldía does not publish or keep updated all contracts and/or all accompanying supporting documents of contracts on the official SECOP platform which it is mandated to do by law (Article 2.2.1.1.1.3.1 of Presidential Decree 1082 of 2015), and in not doing so the present and former Mayors of Providencia are in contravention of Colombian law.

11. I would note that it is customary in the Constitutions of all democracies such as Colombia’s that, where a state employee perceives that he may have a conflict of interest in carrying out any investigation, he should recuse himself from being involved in that investigation, so that he cannot be accused of any lack of impartiality. Mr Amador might like to consider this fundamental tenet of the constitutional and administrative law of Colombia in the context of the investigations that should be carried out by him and his department, but which are currently not being performed.

Signed by Harold BUSH HOWARD CC 18005041 issued on the Island of Old Providencia.

CARTA ABIERTA A LOS DOS NUEVOS REPRESENTANTES

CARTA A LOS DOS NUEVOS REPRESENTANTES
por Harold Bush Howard
Las islas pasan por un momento de severa crisis y no han visto el liderazgo que esperaban de los dos. Ustedes aún tratando de entender lo que pasa y de forjar un camino, pero por favor otorguen algo de guía y luz a unas islas confusas, muy divididas, molestas, desconfiadas de los políticos, de sus líderes sociales y de sus gobernantes.
Se esperaba más de los dos. Los resultados del voto que les dio el triunfo son claros pero muchas cosas aún no lo son. La comunidad aún está dividida por una contienda polarizada y subida de tono y aún no tiene muy clara qué podrán ustedes hacer para mejorar sus vidas. Y Ustedes no han indicado lo que pueden o van a hacer. Solo se observan movidas para asegurar puestos burocráticos. Pero las islas necesitan liderazgo y un cambio profundo.
Por eso valdría la pena traducir sus promesas y buenas intenciones en propuestas concretas de hechos, soluciones y normas. 

Y además intentar cerrar las divisiones, fragmentaciones y serias polarizaciones comunitarias causadas en parte por una campaña que ustedes lideraron. 

Ya no representan a un partido, a un sector, a un grupo, sino a todos los isleños, de manera que deben actuar pronto para mejorar la cohesión y solidaridad social y comunitaria.

Se espera mucho de los dos y su triunfo representa un llamado desesperado por cambios en la forma de hacer política pero sobre todo en las ansias de ver resultados que favorecen a todos en las islas. 
Por eso este nuevo comienzo debe tener reglas de juego distintas y no se espera que se comporten como caciques electorales que se agarran del palo del poder y le den la espalda a la comunidad. 

Algo esencial, además de entregar resultados, es que deben rendir cuentas, aceptar y responder a las críticas y al escrutinio que será fuerte por las expectativas que han generado en las islas.

Favor no defrauden a una muy sufrida comunidad que aún pasa por su peor crisis y que eligió a ustedes porque se sintieron defraudados por muchos otros y querían un cambio. 

Reconocemos que su trabajo no va a ser fácil porque muchos problemas de siempre pueden volverse más graves y ustedes solos no pueden, además de que sólo ayudan a legislar. 

Aún así, mucho pueden hacer, ya sea gestionando recursos o asegurándose de que se gasten bien en las islas.

Además de ayudar a solucionar la severa crisis de la salud, escasez de agua y la ya crónica inseguridad, entre muchos otros, por favor busquen tratar de cambiar algunas normas obsoletas y sacar nuevas. 
La comunidad espera que la confianza que depositó en ustedes, más su sueldo de 42 millones al mes, sea recompensada con trabajo y sobre todo resultados de cambio, como ustedes mismos han prometido hacer. 

Fueron elegidos porque ofrecieron un modelo distinto a uno que no funcionaba porque estaba estancado y obsoleto. Rompieron una barrera erigida por los dos que salen para perpetuarse en el poder, pero mal sería que ustedes erigieran otra barrera o esquemas para perpetrarse en la Cámara mediante el estrangulamiento de la pluralidad política, acaparando poder y así excluir a otros si ustedes mismos no cumplen. 

Las islas necesitan más ahora esa pluralidad política y no más concentración de poder político como la que se acaba de destruir. Es un requisito indispensable para asegurar progreso mediante control sobre lo que se hace, sobre todo en relación al enorme gasto público en las islas.
Se necesita más dinamismo de los dos tanto en Bogotá como en las islas, pero para beneficio de las islas y no para consolidar y solidificar sus bases políticas para una posible aspiración a reelección en cuatro años. 

Si hacen eso no podrán fiscalizar al gobierno local y asegurarse de que se cumplan las normas locales. Por eso no deberían tratar de intervenir o influir en las elecciones locales. 

Puede que tengan proyectos políticos a largo plazo pero fueron elegidos solo por 4 años y ello sería contrario al mandato que se les acaba de entregar. 
Por eso sería irónico y contradictorio que volvieran a montar un esquema similar al que ustedes desmontaron, y revivir malos hábitos que ustedes y el electorado acaban de rechazar.

No es adecuado por lo tanto que se conviertan en barones o caciques políticos. Tampoco dejen que personas ajenas a las islas lo sean y contribuyan a decidir los resultados electorales locales.

Ambos poseen mucho toque popular y carisma. Por favor no cambien y sigan con los pies sobre la tierra. Usen ese capital político como una oportunidad para consolidar un buen legado de hechos de progreso. Adopten un modelo de mayor inclusión y diálogo con la gente de las islas.
No se conviertan en un estorbo al desarrollo de las islas, la percepción que muchos tienen de otros y que las elecciones confirmaron.
Deben trabajar en conjunto en la Cámara porque solo así podrán tener un impacto.  

Tratan de fortalecer a la OCCRE. De darle vida a la Ley 47 y que se cumpla. De buscar mayor progreso en las islas mediante un modelo administrativo que funcione para las islas porque el actual no está generando el progreso deseado y la comunidad raizal se siente cada vez más distante de Colombia porque siente que sus espacios desaparecen todo el tiempo. 


Apoyen un muy necesitado Estatuto para la comunidad raizal. No va a afectar derechos de otras comunidades, sino proteger las nuestras. Tuvo su revés pero las demandas raizales se vuelven cada vez más fuertes. Las intenciones del Estatuto son buenas y debe ser algo de alcances con herramienta para que como etnia aún existamos en 30 años.
Deberían interesarse más en lo que se hace en La Haya porque las islas merecen tener más injerencia y sobre todo decidir qué camino seguir. Históricamente nuestra relación con las aguas ha sido cultural y económica y con lo que pasó poco importa a quién pertenecen si podemos seguir pescando, proteger el archipiélago de exploraciones petroleras, vivir en paz y relacionarnos de nuevo con nuestros familiares en Corn Islands. 

Para nosotros no es un tanto asunto de soberanía porque las aguas siempre serán parte de nuestro mundo sin importar a qué lado de la frontera quedan. Nuestro mundo marino y anglo-caribeño no tiene fronteras.
Por último, es absolutamente necesario blindar la Seaflower. Por eso deberían pedirle al Gobierno Nacional que se reviva la propuesta de que la UNESCO la declare Patrimonio Natural de la Humanidad.
Con la elección de ustedes ganó el pueblo porque rompió barreras para señalar que quería una forma diferente de hacer las cosas. Por favor recuerdan este mandato que se les da para trabajar por las islas y por su gente.

CORN ISLANDS NOS RECUERDA LO QUE HEMOS PERDIDO Y YA NO SOMOS

CORN ISLANDS NOS RECUERDA LO QUE HEMOS PERDIDO Y YA NO SOMOS
por Harold Bush
Todo es muy familiar. Las Corn Islands son como San Andrés antes del Puerto Libre. Por eso es difícil describir la crónica de las consecuencias emocionales de pisarlas, de hablar con su gente o de sabotear su rica tradición culinaria que es igual a la nuestra. 
La nostalgia lo sobrecoge a uno al presenciar allí lo que se ha perdido en nuestras islas. Es como volver al pasado o mirar en el espejo de nuestra historia y encontrar mucho de lo que ya no tenemos. De vivir nuestro pasado en otro lado. Uno allí  se siente muy en casa en casa ajena y hace pensar con angustia en los destinos que han tomado y están por tomar San Andrés y Providencia. 
Duele ver que ellas aún son lo que nosotros ya no somos, pero duele más al pensar que ellas sí han sobrevivido y nosotros aún estamos tratando de reconectarnos con una identidad diluida y buscando sentirnos cómodos en un entorno muy modificado y un modelo de vida en constante amenaza por la sobrepoblación y los significativos cambios socio-económicos, culturales, urbanísticos y ecológicos que generan problema tras problema.
El mayor acercamiento ayudaría a San Andrés a entender lo que ha perdido y esto puede abrir el camino a un mejor manejo de nuestras islas. Las Corn Islands viven su mejor momento. San Andrés salta de crisis en crisis. 
Hoy día Corn Islands se benefician del ecoturismo porque el desarrollo indiscriminado que nos ha afectado a nosotros las ha evitado. Son muy limpias. Se reciclan las basuras y en los colegios enseñan a los niños a limpiar las islas.
Entretanto, San Andrés vive una fantasía económica que baila sobre múltiples problemas difíciles de superar y Providencia va camino a convertirse en otro San Andrés por el afán del oficialismo en construir sobre cualquier terreno que tenga una buena vista o playa, sin importar que se estaría afectando a los muy valorados cangrejos negros o al patrimonio histórico que a toda costa se debe proteger. 
De nuevo es más importante tener contento al turista que preservar lo nuestro. Corn Islands nos enseña que las dos cosas se pueden lograr, sin dañar lo que más importa porque ellos no han permitido grandes hoteles y el turista las aprecia tal cual están. La gran mayoría de sitios de hospedaje son posadas nativas. No hay hoteles grandes y todo sigue el modelo de turismo sostenible. La isla es de los sitios más limpios del mundo. La gente prefiere no vender sus terrenos y el alcalde no puede hacer nada sin el consentimiento del Concejo.
En nuestras islas, en contraste, la constante falta de control político-administrativo del Gobernador y del Alcalde, unido a la corrupción rampante y el secretismo en el manejo de asuntos como licencias de construcción, han permitido que se construyan sobre áreas naturales protegidas y sobre el patrimonio ecológico e histórico. En las Corn Islands todo se informa y todos participan en las decisiones.
El señor Campbell saluda al taxista Archbold cuando me lleva al hotel del señor Downs que queda al lado del enorme barco pesquero del señor Quinn, del restaurante de la señora Forbes y de la panadería de la señora Bryan quien prepara ‘plantain tarts’ para el desayuno y patís de carne con picante en la tarde. No hay cangrejos negros, sino unos azules pero la sopa es parecida. Pero preparan rundown, jahny cakes, bun, soda cake, fritters y banana cake.
Corn Islands pueden ser nuestros vecinos y hermanos pobres pero se aferran con orgullo a sus tradiciones, donde predominan el creole y el inglés estándar y casi no se escucha español. 
Están mejor equipados que nuestras islas, con agua en abundancia, buena energía, mucha comida y poco crimen. Viven 12.000 almas bien contentas. 
Nos separaron los intereses geopolíticos de dos naciones que se formaron alrededor de nosotros y nos repartieron sin importar esa conexión y que luego la disputa territorial hizo más divisoria. 
Pero esas dos naciones pueden corregir una injusticia histórica poniendo intereses geopolíticos a un lado y atender los de estas dos comunidades que podrían a la larga mejorar intereses nacionales a lado y lado de la frontera. Es tiempo de pensar más en la gente. 

EL ROBO DEL SIGLO: A PROPÓSITO DE LOS COMENTARIOS DEL PASTOR BARRERA KELLY

Documentos ocasionales para el debate:

EL ROBO DEL SIGLO: A PROPÓSITO DE LOS COMENTARIOS DEL PASTOR BARRERA KELLY

por Edgar Jay (Providencia)

Me llamó la atención un escrito reciente (creo que es del pastor Ignacio Barrera) que hace referencia a la ignorancia de la gente en materia de ciencias políticas y sociales para referirse al caso del gobernador interino. De cierto modo tiene razón. Pero hay varias cosas que voy a intentar precisar.

La linea de pensamiento de Rousseau es «ius naturalista» (de corriente idealista) perteneciente a la doctrina del «derecho natural» para la cual los derechos «naturalmente» ya existen y la función de los constituyentes y legisladores es «reconocerlos». En el contrato social de Rosseau se debe destacar tres aspectos: uno: el ser social emerge de su estado primitivo (estado de naturaleza)al fundar un modelo organizacional superior (el estado) a-travez de un acuerdo (el contrato social). Dos: destaca la existencia de dos voluntades (la voluntad de todos y la voluntad general). Tres: destaca la importancia de definir la voluntad general como la suma de las pequeñas diferencias (tomado del calculo diferencial de Leibniz).

En Colombia la constituyente de 1991 realizó un contrato social al mejor estilo Rousseauniano sin que eso fuera exactamente la expresion de la voluntad de todos y sin sumar las autenticas pequeñas diferencias porque el gran ausente fué el pueblo Raizal.

Se redactó una nueva constitución que fundó un nuevo estado. La nueva constitucion matizó las diferencias de sus constituyentes en tres verbos rectores: Reconocer (ius naturalista), Promover (corriente del derecho alternativo) y Garantizar (doctrina del liberalismo politico y economico).

Se estableció como forma de organización «la republica unitaria» y no la confederada (con un sistema parlamentario y unicameral) como quisieron muchos constituyentes y muchos colombianos. Y se estableció ademas la continuidad del sistema presidencialista que hasta hoy sigue siendo lo mas cercano a una monarquía constitucional, dadas las prerrogativas del presidente (jefe supremo de las fuerzas armadas y orientador de las relaciones internacionales) y sus funcionarios de orden nacional.

Además de lo anterior Colombia padece de un proceso regresivo y de contrareforma con el que se ha venido descuadernando lo mejor de la constitución del 91 atravez de enmiendas y remiendos que la han venido desorientando en función del beneficio de una dirigencia «emergente», sectaría, autoritaria, gangsteril y asesina, y liderada por concepciones excluyentes de extrema derecha cuya cabeza visible es Alvaro Uribe Velez.

Porqué extrañarnos entonces que Duque, instrumentado por el tirano titiritero, nombre como gobernador pro-tempore a un alto oficial de carrera como lo es el contralmirante Juan Francisco Herrera Leal?

Porque extrañarnos que precisamente el Uribismo, en un acto colonial nombre al jefe de su actual fuerza de ocupación como gobernador encargado?

Es que también nos hemos olvidado que la legislación electoral, el decreto 2762, la jurisprudencia del fallo C530 de la corte y todas las facultades de la legislacion colombiana otorgadas a la figura del presidente rayan en el mas burdo monarquismo medieval?

Es un error de miss Corine (con la cual me solidarizo y rechazo los abusos de autoridad cometidos contra su persona) y de muchos, pretender que la directora de la OCCRE (Catherine Archbold) puede pasar de soslayo toda la estructura constitucional y legal Colombiano, todo su sistema de justicia y derecho para ademas de cometer delito de prevaricato protagonizar un evento falaz dentro de una coyuntura mal entendida y mal manejada por quienes ahora levantan cargos de traicion y pretenden ser los adalides de las mejores gestas del pueblo Raizal.

Muchos de los mismos que difaman a Catherine se embadurnaron con la mermelada y sus panzas prominentes se engordaron con las consecutivas administraciones que protagonizaron el robo del siglo.

Lo que está en juego hoy es un estado de cosas factico creado por los lumpen de cuello blanco que saquearon el erario publico, por el presidente y su partido, el centro democratico, en su pugilato con la coalicion del partido liberal y el partido de la Ú por su hegemonia en las proximas elecciones de octubre, para las cuales la ley de garantias (que establece restricciones a nombramientos y eventos contractuales) entrará en vigencia durante los seis meses anteriores a las justas electorales. Para estas, les urge tener el control de la administracion publica regional (en cabeza del gobernador), para operar a plenitud su maquinaria electorera que se ha venido nutriendo de las arcas departamentales.

Está tambien en juego la renovación de la concesión de Proactiva, empresa privada, que lejos de solucionar las urgentes necesidades de la comunidad, ha sido presa del anquilosamiento ademas de ser instrumento de un modelo turistico leonino y de toda suerte arcaico. Y no sobra decir del naufragio adrede del estatuto Raizal, del tema territorial, el abastecimiento, las privatizaciones, los servicios publicos estrategicos, las vigencias futuras, la reserva de la biosfera y el tratamiento de temas tan gruesos y sensibles como la restitución, reparacion y compensación a nuestro pueblo por nuestras inumerables perdidas territoriales con el lescivo fallo de la corte internacional de justicia, ademas de la gravísima crisis de sobrepoblación y violencia que arrebata la tranquilidad de nuestra gente y viola permanentemente nuestros derechos humanos mas elementales.

Los conflictos por el puesto de gobernador. La ansiedad de la clase política por lograr la terna. Las acciones del gobernador militar (absolutamente atipicas en un militar de carrera). Las pujas de los Housni (los corruptos mas mediocres y visibles de nuestra historia reciente) por cumplir con los oscuros financiadores de su campaña. Las elecciones de octubre y la ley de garantias. La corrupcion galopante en la gobernación. Todo es parte de una coyuntura que se pretende simplificar reduciendo el debate al nombramiento del contralmirante como gobernador encargado. Esto, en ultimas agrede los principios democraticos pero igual obedece al tratamiento recurrente de los gobiernos con el territorio Raizal. Un gobernador, asi sea Raizal, siempre y cuando sea puesto por esta clase politica no ofrece garantias.

Lejos de caer en ese juego la protesta debio enfocarse en la conformacion de una mesa de dialogo y negociación entre el estado Colombiano y los delegados del pueblo Raizal para tratar fundamentalmente el tema de la descolonizacion.

Por otro lado, los intereses, la causa y la orientación de la lucha del Pueblo Raizal van mas allá de expulsar a un gobernante militar. Dada la situación de una sombra normativa que solo un fallo interpretativo (jurisprudencia) de una alta corte o una ley podrian resolver dicho vacío juridico en el decreto 2762 y en la ley electoral, dada la carencia de medidas diferenciales; porque aun siendo legal es a todas luces ilegítimo.

Tengo la convicción de que la unidad no se construye «per-se» y sé que esto no va a gustar pero debo decirlo; aún corriendo el riezgo de ser etiquetado como divisionista: Pretender que Catherine por el medio de un acto administrativo haga la tarea del enclenque liderazgo de las autoridades Raizales es un desproposito. Ademas, porque la elección de estas autoridades está aun en cuestión. Y sus acciones tambien.

Varios lideres Raizales (de los reconocidos oficialmente) se han quedado en silencio (un silencio que indigna) ante la corrupción publica. Han venido contratando con entidades publicas. Apoyaron la campaña de Ronald Housni, algunos como Jorge Garnica fueron parte de su gabinete. Otros apoyaron su gobierno y se nutrieron de el.

Todo esto; Vergonzoso e indecoroso por cierto, es la demostracion de la incapacidad de los actuales lideres del pueblo para lograr la unidad con propositos concretos y así generar una movilización real de nuestro pueblo en la lucha por sus intereses

Mas allá de acciones y discursos reactivos que dividen y desmovilizan a nuestro pueblo necesitamos con urgencia la convocatoria de un congreso Raizal autentico y democrático para elegir nuestras autoridades hoy, «secuestradas» (como dice Jairo Rodriguez) por una minoría excluyente que se presta para hacerle el favor a una clase política corrupta que ha robado el futuro de nuestros niñ@s.

!VIVA EL PUEBLO RAIZAL!

¿QUÉ HAN LOGRADO OBTENER LOS LÍDERES RAIZALES PARA LOS RAIZALES Y LAS ISLAS?

Documentos ocasionales para el debate:

¿QUÉ HAN LOGRADO OBTENER LOS LÍDERES RAIZALES PARA LOS RAIZALES Y LAS ISLAS?

por Harold Bush Howard


Hemos llegado a una encrucijada. Muy poco se ha logrado y hay un problema muy serio de imagen derivado de muchos factores. El más importante es que han habido años y años de de lucha pero la situación raizal y de las islas se vuelve cada día más crítica y poco se ha entregado. Y la presente coyuntura hace menos factible que se logren cosas porque la corrupción rampante de los últimos años endurece las posiciones del oficialismo contra la autonomía y las acciones u omisiones raizales debilitan esos objetivos.


Existe un artículo exclusivo en la Constitución, varias leyes, miles de horas de reuniones y miles de millones de pesos gastados pero la situación etnia raizal no mejora y la comunidad no se beneficia. La percepción que hay es que pocos sí se han beneficiado. ¿Acaso ello no obliga a cambios de estrategia y de liderazgo? 


Se han logrado cosas a nivel micro y es necesario un movimiento raizal (y social de todo tipo). Pero se hace necesario trabajar y desarrollar lo que hay y a nivel macro (‘the big picture’) es dónde nos debemos preguntar qué se ha logrado.

El liderazgo actual aboga por un cambio substancial enfocándose en el poder, la cuestión de tierras y una nueva estructura administrativa con el país. 

Pero en desarrollo de lo permitido dentro de los existentes, que es mucho, muy poco se ha logrado y no se ha avanzado un centímetro. Tal vez porque se era demasiado ambicioso y esa ambición hacía colisión con la realidad y con lo que querían la mayoría de nativos o con lo que se podría lograr sin afectar a las otras comunidades que residen en las islas.


Las fallas


1. Falta de unidad. De criterios, de planes y de estrategias acentuando por la crónica atomización de grupos raizales y la confusión entre muchos raizales sobre lo que realmente se necesita, lo que se aspira lograr y lo que se puede lograr. Un líder raizal lo llama la ‘epidemia de liderazgo’. 


El liderazgo raizal no ha podido codificar o manejar esto bien y la comunidad raizal por lo tanto ha perdido confianza en ellos. El Estatuto personificó esta confusión y además un divorcio entre lo que se desea desde la perspectiva del liderazgo y lo que el nativo deseaba. La práctica desaparición de AMEN-SD también confirma esta falta de unidad, además de la atomización y división del liderazgo y grupos de reivindicación raizal, que a la larga debilidad su poder de influencia y negociación vis-à-vis el Gobierno Nacional.


2. Cercanía con el Gobierno. Una situación que tiene a muchos líderes bajo la lupa. La estrecha relación a través de convenios, contratos y puestos públicos mientras se negocian algo para el pueblo raizal que ellos dieron a entender eran asuntos fundamentales como la mayor autonomía y el reordenamiento del esquema legal y administrativo que une a las islas con Colombia. No era claro cómo se podían manejar las dos cosas y ni era ético ni profesional ser juez y parte.


Desde luego el Gobierno Nacional a través de mecanismos de cooptación ha facilitado esto. Lo ha logrado con prebendas al liderazgo raizal, lo cual ha llevado a un serio deterioro al mayor ejercicio democrático entre los raizales que terminó en la codificación de un Estatuto. Los contratos de su organización fueron en su mayoría para personas asociadas a los líderes, muchos de los cuales han tenido y aún tienen convenios con el Gobierno Nacional (algunos a nombre de sus hijos o familiares cercanos). 


3. El Estatuto fue una panacea, un sueño. A través del Estatuto se buscaba una estrategia o fórmula perfecta que no existe. O era ello o nada. Pero esa estrategia se convirtió en su propio enemigo, en el enemigo de la comunidad raizal y del Estatuto mismo porque Colombia no concederá lo que desean ya que resquebrajaría la soberanía colombiana en las islas y afectaría derechos de otras comunidades. Ante eso, las estrategias fallaron. Y, por lo tanto, deben cambiar.


Para muchos el rápido fracaso del Estatuto confirma que era una panacea. Todo se basó en sueños ideológicos y no el fórmulas viales y realistas que se podían haber traducido de las normas internacionales y nacionales para favorecer a la comunidad. Se estaba en las nubes legales pero no en la práctica. La Convención 169 inspiró pero no aterrizó. 


Pero también primero se debe tal vez usar los mecanismos existentes para hacer mejorar la situación raizal y enfocarse en aspectos socio-culturales y no primordialmente políticos como la protesta actual ante la Gobernación hace acentuar.


4. ¿Poder y fortuna personal o avance comunitario? No es clara la línea divisoria entre lo personal y lo comunitario. Hecho más evidente ahora con la situación del Gobernador. El liderazgo política y raizal empujan para poner a uno de los suyos como Gobernador pero no dicen qué harían para superar la crisis y no han condenado los hechos que han llevado a la crisis, algo que claramente tiene molestos a la opinión pública y que debilita al liderazgo político y raizal o social. Parece importar el puesto más que un plan de acción, que obviamente no se tiene. 


Y esconde intenciones o hace concentrar en la falta de acciones en lo que importa. Los mismos líderes ahora protestan por un cambio cuando habían ‘sido ciegos, sordos y mudos ante las necesidades urgentes de nuestro pueblo y ante los bochornosos eventos de corrupción’, como señala un curtido analista. Por otro lado, han salido evidencias de nexos poco adecuados entre la clase política cuestionada y segmentos del liderazgo, algo que puede ser más crítico y claro a medida que se esclarezcan los hechos y más personas investigados delatan a otros, algo que se espera este año. Ya Fiscalía ahora va a la Gobernación con información precisa suministrada por aquellos que negocian con ella, en buscan de evidencias para procesar a otros.


5. Falta de estrategias consistentes y viables. Por eso muchos se preguntan también, además de la necesidad de cambio de estrategias por el fracaso del Estatuto y la no entrega de nada en años de reinvindicación, si no habría llegado el momento de un cambio de liderazgo, de uno no solo desgastado por su falta de resultados sino también por sus nexos con el oficialismo que debilita su rango de acción e independencia y es en cierta manera manipulada por el Gobierno Nacional. 


La independencia sólo se retiene en la expresión de opiniones pero no en la posibilidad de lograr algo significativo. Y hablar claro contra el gobierno ha dejado de ser señal de independencia y lucha y muchos lo ven ya como un intento de lograr más prebendas.


Es común que muchos líderes pretenden hacer algo por una comunidad pero en la realidad los que se benefician son ellos y sus familias. Muchos comienzan con buenas intenciones pero en el camino se dan cuenta de que obtienen muchos para ellos ‘jugando con el sistema’. Se teme que eso ha pasado en las islas. Ya muchos grupos raizales ya no son grupos de presión que persiguen fines comunitarios sino grupos de compromiso con causas particulares, con la complicidad del Gobierno Nacional que le conviene neutralizarlos a ellos y al mismo tiempo dar la impresión de que algo se hace por la comunidad.


¿Ahora qué?

El liderazgo social ha perdido poder de influencia y la manifestación en la Gobernación, que sigue la tendencia de enfocarse mas en asuntos de poder que en otros temas muy urgentes como salud, patrimonio y corrupción, la puede debilitar aún más y provocar un mayor distanciamiento con la comunidad raizal dónde aún no tiene un fuerte arraigo, a pesar de la impresión que se proyecta.

Se tiene claro que lo que pasó, el robo de miles de millones, fue mucho más que unas simples ‘complicaciones en la administración pública’, como de manera simplista y con ofuscación deliberada sectores políticos han querido describir el estado de cosas.

Todo lo anterior tiene consecuencias muy graves para la reivindicación étnica raizal que, nadie puede negar, ha sufrido un serio revés y todo esto puede contribuir aún más a devaluarla y a erosionar la legitimidad de futuras protestas y luchas legítimas.

Junto con la corrupción sistemática de años contra la cual muy pocos protestaron, todo ello hace mucho menos factible que el Gobierno Nacional otorgue la mayor autonomía que tanto se desea. La corrupción endurece las posiciones del oficialismo contra la autonomía y las acciones u omisiones raizales debilitan esos objetivos.

La falta de acción del liderazgo ante los casos de corrupción hace menos factible que se les tome en serio ahora y en el futuro cercano. Para la opinión pública isleña un nuevo Gobernador es lo de menos. Quiere acciones para limpiar y hacer más efectiva la Gobernación, así como que se tomen decisiones importantes y urgentes a su favor. El liderazgo raizal da la impresión de que quiere como primordial un cambio formal de Gobernador pero no dice qué traería eso y da la impresión de esconder las ganas de atacar la corrupción que le ha robado un mejor futuro a los raizales y a todos los isleños.


Independientemente de las bases legales o constitucionales en cada argumento y ángulos en unas islas cada vez más divididas a medidas que se acercan las elecciones, es importantísimo poder dejar claro los méritos de cada acción. 


En las actuales circunstancias el simbolismo de los hechos cobra menos relevancia que la esencia de las acciones y es por eso que muchos prestan poca atención a los argumentos de líderes en relación al cambio del Gobernador y prefieren enfocarse en temas como la cruzada anti-corrupción, cambios profundos en la Gobernación y en la Alcaldía (que pocos atienden pero es igual un nido de corrupción e irregularidades) y el pago de prisión para los culpables.

LAS ISLAS NO TIENEN QUIEN LAS SALVE: OTRO ANNUS HORRIBILIS

LAS ISLAS NO TIENEN QUIEN LAS SALVA: OTRO ANNUS HORRIBILIS

(por Harold Bush Howard)

Nadie parece hacer lo adecuado por las islas y su muy grave crisis está lejos de ser conjurada. La dirigencia local y nacional no han otorgado el liderazgo adecuado para sacarlas de su peor momento, lo cual aumenta el temor entre la opinión pública isleña de que podría llegar un Gobernador encargado de las facciones políticas que o nada hicieron para prevenir la crisis o fueron responsables de la misma. 

El liderazgo política empuja para poner a uno de los suyos como Gobernador pero no dice qué haría para superar dicha crisis. Parece importar el puesto más que un plan de acción, que obviamente no tiene.

El nacional solo ha logrado posponer decisiones y exhibir su increíble indecisión. No es claro si se desea dejar a Herrera. No otorgarle un respaldo público a pesar de las presiones de removerlo podría ser una estrategia para no animar a sus opositores, pero debilita su posición y le impide una gobernabilidad adecuada en circunstancias muy difíciles.

Sin embargo, lo interesante es que no se nombró a alguien de la terna, como esperaban en la isla que ocurriera con la visita ministerial. Los argumentos y presiones a favor no parecen haber convencido y es claro que no hay afán de parte del Presidente.

El liderazgo social ha perdido poder de influencia y la manifestación en la Gobernación, que sigue la tendencia de enfocarse mas en asuntos de poder que en otros temas muy urgentes como salud, patrimonio y corrupción, la puede debilitar aún más y provocar un mayor distanciamiento con la comunidad raizal dónde aún no tiene un fuerte arraigo. 

La protesta también corre el riesgo de exacerbar el orden público y de ser aprovechada por fuerzas políticas opositoras al Gobernador encargado, aunque también puede propiciar el aumento del apoyo al primer mandatario, incluso de personas que inicialmente rechazaron su nombramiento.

También divide más a las islas y corre el peligro de interferir con los intentos de controlar la corrupción y de limpiar y mejorar a la Gobernación. 

Se tiene claro que lo que pasó, el robo de miles de millones, fue mucho más que unas simples ‘complicaciones en la administración pública’, como de manera simplista y con ofuscación deliberada sectores políticos han querido describir a la Ministra el estado de cosas.
Todo lo anterior tiene consecuencias muy graves para la reivindicación étnica raizal que ha sufrido un serio revés y todo esto puede contribuir aún más a devaluarla y a erosionar la legitimidad de futuras protestas y luchas legítimas.
Junto con la corrupción sistemática de años contra la cual muy pocos protestaron, todo ello hace mucho menos factible que el Gobierno Nacional otorgue la mayor autonomía que tanto se desea. La corrupción endurece las posiciones del oficialismo contra la autonomía y las acciones u omisiones raizales debilitan esos objetivos.

El liderazgo local y nacional deberían hacer lo necesario para fortalecer acciones urgentes contra la corrupción, pero también para que las islas vuelven a la normalidad y la Gobernación comience a trabajar de nuevo a favor de los isleños. No parecen estar haciéndolo.

¿Qué se hará? El Gobierno Nacional no está corriendo para nombrar a alguien de la terna y el congelamiento de cualquier decisión al respecto podría ser un indicio de sus intenciones y de las cosas por venir.

¿Hay méritos en otro cambio?

La Ministra dejó claro que controlar la corrupción es primordial. De allí la decisión de nombrar a alguien independiente sin un historial político. Pero valga la pregunta de porqué desde un principio no se nombró a una persona de las islas con ese perfil. Se hubiera evitado tutela y protestas y cuanto más pueda llegar. 
Ella llegó para apagar fuegos y dejar contentos a todo mundo pero dejó solo incertidumbres y una sensación de vacío, angustia, decepción y soluciones postergadas. 
Dio motivos a los políticos de pensar que uno de los suyos volvería al Coral Palace. Pero no sería justo negociar un posible mejor futuro para las islas a cambio de dos votos en el Congreso.
Y al no haber hecho nombramiento de la terna se deja abierta la posibilidad de que no haya otro cambio. Un nuevo cambio de Gobernador no sería necesariamente lo adecuado para las islas, como lo señala la misma Representante a la Cámara Jay-Pang en carta al Presidente. 
Para la clase política un Gobernador de sus filas podría ser una clavada final a la sensatez política y podría dañarle aspiraciones electorales por cuanto el electorado la puede castigar en octubre.
Debe balancear entre un respiro necesario y dejar que algo se haga o volver a tener control y con eso acceso a los millones represados, un baúl ideal para asegurar triunfo en las elecciones de octubre y en devolver dinero invertido en las pasadas de Cámara. 
Para la opinión pública isleña un nuevo Gobernador es lo de menos. Quiere acciones para limpiar y hacer más efectiva la Gobernación, así como que se tomen decisiones importantes y urgentes a su favor.
Y que el Gobernador en estos momentos de severa crisis no debería responder a una cuestión ideológica o a cuotas étnicas y políticas sino a un intento de solución a la crisis misma. 
Lo coyuntura actual amerita salidas extraordinarias no importa si por un tiempo hay que sacrificar intereses étnicos, políticos o económicos. Francamente en las actuales circunstancias, si un robot es capaz de hacer algo significativo por las islas, valga la pena darle una oportunidad. 
Pero se observa que todos empujan por sus lados y no abogan por el interés general de las islas y de los isleños. Por eso el Presidente Duque debe usar su poder constitucional de orden y arbitraje en beneficio de las islas y no de intereses políticos. 
Pero que haga algo pronto porque su indecisión está afectando a las islas y limita las opciones de la Gobernación de impulsar cambios necesarios y de controlar la corrupción.

EL 2018 fue un ANNUS HORRIBILIS para las islas. ¿Será mejor el 2019?

2018 un ANNUS HORRIBILIS. ¿El 2019 será mejor?
por Harold Bush Howard

Adiós a un horrible año, tal vez el peor de que se tenga memoria. ¿Será que en el 2018 se vislumbran mejores cosas? Los protagonistas nos dan un indicio. Será un año agitado donde la lucha entre cambio y continuidad será constante.

1. Cámara. La elección de los dos (o tres) Representantes a la Cámara dominarán la agenda política en la primera mitad y devolverán algo de optimismo a los bien sufridos isleños. No hay garantía de que este optimismo dure o que los nuevos elegidos hagan diferencia alguna. Su gestión tomará tiempo en producir frutos, si acaso. El elector isleño es impaciente, poco confía en sus políticos y no quiere darles más beneficios de la duda. Es por eso que hay mucha presión de que los aspirantes sean precisos con los proyectos que tengan en mente. Con recortes presupuestales por la desaceleración económica y un posible Gobierno Nacional con tendencia hacia la derecha es difícil ver cómo nuevos elegidos traerían buenas noticias que tanto se necesitan.

2. ¿El malo conocido o el bueno por conocer? Las opciones de peso son dos: viejas y curtidas caras o gente nueva de muy poca experiencia. Ideas y planes no son el fuerte se algunos, pero sí el respaldo de la maquinaria electoral y el voto mayoritario no raizal. El voto de opinión tendrán peso pero, a juzgar por la reciente encuentra de intención de voto, la maquinaria tendrá más. 

3. Problemas de siempre. Protagonistas grandes y diarios serán los agudos problemas sociales y económicos que parecen haber desbancado los asuntos de protección ambiental, raizales y la preocupación sobre las aguas perdidas en La Haya. 

4. Asuntos administrativos. La corrupción administrativa será un gran protagonista porque hay muchas preguntas sueltas que se esperan ser resueltas (hay que ser optimista a veces) en los informes de Contraloría y Procuraduría. Hay expectativas de que muchos asuntos oscuros verán la luz del día porque de momento simplemente no se dan explicaciones a cuestionamientos de costos excesivos o contratos que nada solucionan.

5. Inseguridad. Muestra señalas positivas de poder ser controlado, y es de suponer que aún no hemos llegado al fin del problema porque aún hay elementos sueltos. Una combinación de mano dura, uso óptima de inteligencia policial y más información de la comunidad están dando frutos contra la delincuencia organizada asociada a las drogas y a las BACTRIM. Pero se acelera un problema de delincuencia común. El ‘raterismo’, violencia en los colegios y los asaltos con armas blancas y de fuego no dan tregua.

6. La salud. Será el problema que más angustia causa al isleño. Está aún lejos de ser solucionado, y más bien se anticipa que se agrava antes de una mejoría porque se recurren a los fracasados esquemas nacionales de manejo donde las compañías detrás de las EPS persiguen más una ganancia que el bienestar de los pacientes. Muchas se van para el continente con los primeros síntomas. Los que no pueden seguirán sufriendo.

7. El Gobierno departamental. Sus visiones cortoplacistas, falta de enfoque, politización, burocratización, dominado por dos caciques y dos grupos políticos que parecen terminar sus ciclos, dará mucho de qué  hablar. Casi dos años libres de esos caciques le puede otorgar un respiro para poder hacer las cosas de manera distinta. Las muchas obras que se hacen pueden ser eclipsadas por exagerados costos de los mismos y la sensación de despilfarro o poca ejecución presupuestal, un fenómeno curioso de las islas. No hay confianza en que muchas cosas se hagan, aunque en algunos frentes como cohesión social, control de pandillas y movilidad se muestran mejorías, pero el crónico problema de agua seguirá a pesar de la entrada en operación de la nueva planta desalinizadora. La debilidad institucional de la Gobernación, una tendencia de los últimos 10 años, ha facilitado que las instituciones nacionales en las islas hayan usurpado sus acciones y en consecuencia limitado la autonomía del Departamento Archipiélago. 

8. El Gobernador. Los ojos están ya puestos en su reemplazo y muchos no ven la hora en que se vaya del Coral Palace. Se comenzará a concentrar más en un reemplazo cuando quedan claros los alineamientos políticos de las elecciones para Cámara. Las aparentes debilidades en la gestión departamental hacen que muchos hablan de revocatoria del mandato del Gobernador, algo que tomará más fuerza en el 2018, aunque no se ven los méritos del mismo y el costo sería astronómico que podría ser mejor gastado (o desgastado). Ser Gobernador no es trabajo fácil pero hay día las cosas son más óptimas para una buena gestión porque nunca en la historia reciente de las islas se había visto una administración con tanto dinero.

9. La presión y participación de la comunidad. Se verá más inquieta y con certeza más activa. Y habrán muchos temas para extender sus tentáculos. Hay mucho descontento en las islas, agravado por el enorme presupuesto y la gran percepción de que una rampante corrupción todo lo traslada a manos privados y no a solucionar problemas.

10. El voto y la presión raizal. Por segunda vez se perfila como ganador a una de las curules en la Cámara un candidato no raizal que no habla el creole isleño, que es respaldado por el voto de mayoría no raizal, lo cual sugiere que las divisiones políticas se incrementan a lo largo de divisiones étnicas. El voto raizal puede ser protagonista importante en estas elecciones si se logra una coalición. Lo será más en las eleciones para Gobernador, donde esa coalición será necesaria para poder poner a un candidato raizal. Los temas que serán relevantes son el control poblacional y la reforma de la OCCRE, un mayor acercamiento a Nicaragua y aspectos de mejoramiento cultural y autonomía, todos de la mano del Estatuto y posiblemente por fuera de ella porque dicho proyecto se aleja cada vez más de ser una realidad.

11. Los no raizales. Que toda la agenda raizal haya dominado el panorama en las islas está haciendo enfocar hacia asuntos de las ‘otras comunidades’ y se espera que esto aumente, ya sea para presentar sus preocupaciones o para querer tener una mayor ingerencia en la solución de problemas locales. El Estatuto se ha convertido claramente en un elemento divisorio entre las comunidades y entre raizales mismos, lo cual irónicamente neutraliza presiones raizales, favorece el oficialismo y en últimas el futuro del Estatuto mismo.

12. El Estatuto, proyecto eterno. Se ve menos viable a medida que pasa el tiempo. Está muy debilitado por incoherencias internas, falta de respaldo y legitimidad democrática, por ser un proyecto de autonomía que aleja a las islas del poder nacional, y por la afectación a intereses no raizales. Con nuevo Presidente su futuro es totalmente incierto. La mayor autonomía a las islas que busca no ha convencido a la comunidad raizal sobre cómo ello llevaría a mejores niveles de vida y mejoramiento socio-cultural, y ha alarmado al Gobierno Nacional porque erosionaría la soberanía nacional. 

13. Planteamientos post-Estatuto. Los líderes raizales tendrán que mejorar sus estrategias porque nada se ha entregado en tanto tiempo de discusión del Estatuto y habiendo generado tantas expectativas. Se esperan cambios en su manejo y liderazgo, la búsqueda de mayor legitimidad y respaldo a través de mas injerencia e información popular. Ya se cuestiona no solo la posibilidad de que salga el Estatuto sino también si serviría de algo, sobre todo ahora que ha sido diluido al haber puesto por el Gobierno Nacional por un filtro legal y constitucional. 

Ya algunos hablan de otras estrategias (y ya existen grupos no raizales o de otras facciones raizales ya actuando), pero tendrán el mismo destino del Estatuto sin unidad, coherencia interna y planteamientos sólidos y ceñidos a las posibilidades que se puedan otorgar. Pero fueren las que fueren, los líderes deben ser más lógicos y consistentes en sus acciones y afirmaciones y deben mostrar más unidad entre ellos, al igual que mucha humildad y acercamiento a la gente y mayor flexibilidad en sus propuestas de la mano de la incorporación de otros pensamientos y conocimientos. De lo contrario, en el 2018 al igual que el 2017, y no se verán frutos. 

14. El Gobierno Nacional. Pero el Gobierno Nacional, que ha aumentado la hegemonía nacional en las islas a través de sus inversiones públicas, tomaría el riesgo de dejar a la deriva muchos agravios raizales y los debe canalizar hacia algo concreto. No le convendría abandonar el Estatuto pero tampoco da señales de querer aceptar uno de alcances significativos como aspiran desde las islas. De momento su estrategia es prolongar las discusiones hasta que ya sea claro de que es muy tarde poder convertirlo en una ley. 

15. El cambio generacional. En la boca de muchos se habla con fuerza de esto y no otra cosa para sacar a las islas adelante, pero la vieja clase política no quiere ceder y algunos nuevos que entran lo hacen de la mano de curtidos políticos tradicionales. También se esperan cambios en las esferas de grupos sociales que necesitan energizar sus estrategias y discursos, incluidos los de reivindicación raizal. Hay muchas caras jóvenes y nuevas, mentes muy bien preparadas en diferentes disciplinas y con enfoques bien consistentes y realistas esperando tomar las riendas. ¿Será el 2018 su oportunidad?

No será un año fácil o suave, pero será uno de retos y de duras luchas de cambio. Será un alivio comenzarlo por los muchos traumatismos del fin del 2017 causados por problemas sociales, de salud y seguridad y por una naturaleza que castigó a las islas con unos North Winds inusualmente fuertes.

El 2017 fue nuestro annus horribilis, el peor del que se tenga memoria, donde todos los problemas se congregaron y se intensificaron, pero también donde muchas cosas quedaron claras en dirección hacia cambios, algo positivo por donde agarrar y enganchar esperanzas.

El 2018 Será de más debates y es cuando muchas cosas tomarán asentamiento en la realidad cotidiana, como los resultados de las millonarias inversiones públicas y bien pensadas políticas públicas en relación a control de la inseguridad y el control del narcotráfico. Hay cosas positivas por esperar pero se prefiere usar el pesimismo como contrapeso para suavizar más decepciones. Por eso se comienza el año con el vaso mitad lleno y mitad vacío. ¿Por cual lado se inclinará en el 2018?
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¿QUIÉN CONTROLA AL CONTRALOR?

¿QUIÉN CONTROLA AL CONTRALOR?

por Harold Bush Howard

En la actual coyuntura de crisis acentuada por la desconfianza en las instituciones y la precaria gobernabilidad, no se sabe a dónde acudir para lograr que se atiendan adecuadamente muchos problemas. Peor aún es que no hay confianza en acudir a las entidades de control ‘de última instancia’ (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía) para asegurar de que con presión hacia el Gobierno local se cumplan las cosas, que se rectifiquen irregularidades o negligencias de funcionarios, o de que éstos o contratistas paguen por hechos ilegales cometidos.

Es extremadamente importante que los 3 hagan un buen trabajo, especialmente ahora. Sin embargo, facilitan un eslabón perdido que impide que funcione bien la administración pública local, con su ineficiencia, lentitud y poca acción incluso frente a evidentes y grandes anomalías. Su increíble poder radica en el temor a una sanción disciplinaria o penal que a su vez incentiva a funcionarios a hacer bien las cosas. Pero no ejercen debidamente ese poder.

Más bien dan la impresión de usarla selectivamente y para todo menos mejorar la administración pública. Se puede argumentar que el pez gordo está sancionado, pero aún tiene influencia en la administración local, puede volver y además hay mucho más debajo de la superficie que no se ha tocado.

Uno llega a esas conclusiones por muchas razones, el más evidente siendo que de llegar las investigaciones a un final adecuado, poco se hace para hacer correctivos y no se adoptan medidas punitivas de acuerdo a las irregularidades, a juzgar por el informe de auditoría de la Contraloría de 2017, en relación al cual poco se ha hecho a pesar de las serias anomalías disciplinarias y penales señaladas.

En algunos casos simplemente archivan todo a pesar de poseer indicios de serias anomalías. ¿Porqué? Se pierde una línea de acción disciplinaria y legal que debería ser inmediata y continua y con ello las posibilidades de un buen manejo de recursos y consecuentemente el mejoramiento socioeconómico y físico de las islas.

La percepción general es de que no se hace lo suficiente para rectificar o sancionar la severidad de irregularidades que todo mundo ve, menos ellos. Pero es difícil esconder anomalías en un sitio tan pequeño y en una era de medios sociales y noticias instantáneas, incluso con internet y telefonía celular defectuosa en las islas.

Por esa presión y el ávido uso de los medios por parte de la opinión pública para denunciar, es posible que las cosas estén cambiando porque la atención se centra más ahora en los entes de control. Están bajo la lupa y en algunos casos en la picota pública. Esto los obliga a hacer más.

Esta semana la Contraloría estuvo en Providencia haciendo auditoría especial a varios contratos y se anunció que el Procurador General personalmente rechazó la labor de la Procuraduría local al echar para atrás la decisión de archivar la investigación sobre la elección irregular del anterior jefe de la Contraloría Departamental. Las implicaciones son profundas porque el futuro de 11 diputados, y de funcionarios de la Procuraduría local, pende de un hilo.

Se debe hacer más contra la corrupción que le niega una mejor calidad de vida a los isleños y porque somos el hazme reír de muchos. No es solo por la pena que da, sino porque por eso dejamos de percibir recursos y ayuda internacional. En círculos diplomáticos en Bogotá se evitan por esa razón. Los organismos de cooperación japonesa y coreana se han ido. Funcionarios nacionales opinan que las islas son de los sitios más corruptos que hayan visto.

Prueba de fuego para la Procuraduría

La suspensión del Gobernador no fue suficiente y es solo la punta del iceberg. Incluso puede haber sido una oportunidad perdida de proyectarlo para un uso disuasivo y que sirva para probar que la mano dura de la justicia le puede caer a los que cometen irregularidades. Quedan pendientes los aspectos penales y fiscales, y no solo disciplinarios. La Fiscalía y la Contraloría deberían ejercer un papel más activo, por el bien de las islas.

Por eso la labor fundamental de los organismos de control de asegurar un eslabón sano entre funcionarios y buen manejo público tendrá su prueba de fuego con la definición del futuro del gobernador sancionado, cuya segunda suspensión de 3 meses vence el otro mes.

Se ve desafiante en un vídeo que circula en las redes sociales y comentarios de sus voceros señalan que está seguro de volver el otro mes al Coral Palace.

Ello sería una burla al principio de la responsabilidad por hechos irregularidades y todos los intentos de sanar a la administración pública local que profesan Contraloría, Fiscalía y Procuraduría.

Otro problema muy grave es que de volver la Procuraduría sería vista como una entidad que ignora o perdona irregularidades de manera selectiva: otros gobernadores, tres raizales, recibieron sanciones mucho más drásticas por corrupción o incumplimiento de funciones. ¿Acaso no hay similitudes entre los casos?

Desde luego toda decisión debe estar basada en las normas, pero a la Procuraduría le quedaría difícil justificar un retorno así como le queda difícil justificar su falta de actividad frente a los múltiples irregularidades que la comunidad y la Contraloría le han transmitido.

La suspensión definitiva sería lo adecuado frente al mar de anomalías que la misma Procuraduría y la Contraloría han encontrado. Por si no encuentran suficientes argumentos para ello, la Procuraduría los hallará en el informe de auditoría de 2017 de la Contraloría que señala suficientes y sólidas evidencias de irregularidades para ameritar una destitución fulminante de muchos empleados.

Faros y controles funcionando mal

Como el faro multimillonario que nada aporta a la solución de los problemas y se convierte en un monumento a la crisis, los entes de control están siendo cuestionados cada vez con más fuerza por su inactividad frente a serias evidencias de anomalías.

Su labor de faro o guía correctiva a través de sanciones a la administración pública se ha perdido en un mar de irregularidades e ineficiencia cometidas por ellas mismas: permisividad, hacerse los de la vista gorda o no monitorear adecuadamente a sus propios funcionarios.

No sorprende entonces que la percepción que se tiene es de que las 3 están igual de desprestigiadas que la administración local y los entes nacionales que operan en las islas. Los responsables de rectificar gran parte de la crisis ya son vistos como parte de la crisis.

Todo parece ocurrir en cámara lenta, y el mismo Contralor Departamental se quejó de que procesos penales por detrimento patrimonial que la Fiscalía inicia luego de pasarle un expediente pueden durar hasta 5 años y su misma entidad puede demorarse hasta 2 y medio en terminar una investigación.

Pero que no avanzan es en parte culpa de la entidad. No se hace un esfuerzo suficiente por hacer más y mejor. Si algo se hace es muy lento y demoran años en terminarse, con investigaciones de anterior Gobernadora y Alcalde aún sin definirse. El Contralor debe ser más laborioso y dinámico y no actuar por debajo del radar y al nivel mínimo de lo que se puede hacer. Su responsabilidad es con la comunidad y no con los políticos y empleados públicos a quienes parece no querer ofender.

Incluso cuando se termina todo el proceso investigativo, sorpresivamente, casi nadie es encontrado culpable, y solo por presiones de la opinión pública local o desde Bogotá es que se hace algo de gran impacto. El Contralor Departamental no quiso sancionar al Gobernador, y solo se hizo bajo enorme presión ciudadana que llevó a la Procuraduría a tomar cartas en el asunto.

Lo que hay que cambiar

Hay una combinación de elementos estructurales, institucionales y coyunturales que explican un funcionamiento poco apropiado.

La Contraloría Nacional hace monitoreo del gasto de más o menos el 70% de lo invertido o gastado en las islas por la Gobernación, todo lo que proviene de transferencias nacionales. La auditoría de lo ‘Nacional’ a su vez está dividida entre la que se hace desde Bogotá, solamente lo de Regalías, y lo que se hace desde las islas que mira el resto.

La Contraloría Departamental monitorea exclusivamente los otros 30% que son de ingresos propios del Departamento. Pero su nombramiento por la Asamblea y su presupuesto dependiente del Departamento aseguran cierta lealtad o dependencia política local.

1) Lo anterior hace concentrar la atención de la opinión pública más en las entidades Departamentales y no nacionales. Esto es un error. Más monitoreo se debe prestar a las entidades nacionales que ejecutan mucho dinero del presupuesto nacional en las islas.

2) El informe de auditoría de Contraloría del 2017 da la impresión de ser un estudio muy independiente (aunque falta ver la reacción tras los descargos aparentemente presentados por los contratistas y empleados), pero pocas acciones se han tomado posterior a su preparación, a pesar de que hay motivos para todo tipo de medidas disciplinarias y penales.

3) Existe una colisión de funciones entre las Contralorías nacional y departamental que puede llevar a conflictos dentro de la misma institución en las islas. El Contralor nombrado por Bogotá para supervisar dineros del presupuesto nacional manejados por la Gobernación podría estar de acuerdo con un acto contra un funcionario pero el Departamental se puede oponer. Esto ocurrió cuando se quiso separar del cargo al Gobernador Housni y su Secretario de Salud por manejos en el hospital, pero al final la Contraloría Departamental no aceptó proceder, aunque la Procuraduría al final tomó el caso y suspendió al Gobernador.

4) Compromisos o intereses políticos o personales podrian impedir que el Contralor Departamental y Procurador local adopten una política de mano firme. Muchos funcionarios de los entes de control permanecen cercanos y cooptados por la administración local y las cabezas de esos entes poseen demasiados compromisos locales. Por el bien de las islas conviene que personas de afuera y totalmente independientes manejan esos entes.

5) La rigurosidad en cada proceso administrativo hace difícil llevar a cabo una mejor labor de control. Colombia es extremadamente garantista y legalista y por eso los procesos duran demasiado tiempo. Hasta 3 meses puede tomar la notificación de una providencia y solo se puede hacer por 4/72. El mismo Contralor actual se queja de que el anterior Alcalde de Providencia no se dejaba notificar de decisiones y sin esa notificación es imposible proceder.

6) La opinión pública en esto también ve interferencia indebida y deliberada, es decir, corrupción, dentro de las mismas entidades destinadas a controlar la corrupción y es por lo tanto importante que haya más control externa ciudadana sobre su manejo de las investigaciones. Por eso precisamente es necesario usar más a la opinión pública en ayudar a concluir las investigaciones.

7) La Contraloría debería insistirle a la Procuraduría y Fiscalía que se abran investigaciones en relación a lo que se les remita. Podría ejercer presión utilizando los medios de comunicación y la ciudadanía que son sus aliados naturales en la lucha contra la corrupción, como lo insinuó el mismo Contralor Departamental cuando asumió en enero de 2017.

Prometió una participación más activa de su ente en la moralización de la administración pública isleños, pero a casi dos años de haber sido elegido, y a un poco más de uno de salir del cargo, aún debe convencernos de que lo está logrando.

Pidió más participación de la comunidad en denuncias pero la Contraloría no ha respondido adecuadamente a esa mayor participación, que se está dando, con investigaciones exhaustivas y más que todo con sanciones.

Debe por lo tanto el Contralor hacer lo que prometió cuando la Asamblea lo eligió en enero de 2017, y la Asamblea debe tomar nota de su desempeño, como lo hace con mucha atención la opinión pública.